JUDICIALES

Por primera vez el Estado se disculpará ante una sobreviviente de un intento de femicidio

Por primera vez el Estado se disculpará ante una sobreviviente de un intento de femicidio
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Por Mariana Carbajal – 

Por primera vez el Estado argentino le pedirá disculpas públicas a una sobreviviente de un intento de femicidio por no haberle dado protección cuando denunció a su marido. Casi la mata. “Estoy todavía en una nebulosa: este pedido no es solo por mí. El Estado les debe disculpas a muchas mujeres que no fueron escuchadas. Tengo la bendición de estar viva. Acepto estas disculpas en nombre de todas ellas, a las que hoy lamentablemente sus familias las lloran. Eso entristece”, dice Olga del Rosario Díaz a Página/12. Tiene 65 años y vive en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Su historia, como dice, es la de tantas víctimas que hacen denuncias por violencia de género y no reciben respuestas oportunas y eficaces para ser protegidas de una pareja violenta. A ella, el Estado le pedirá disculpas este jueves en un acto público y asumirá su responsabilidad internacional por no haberle brindado ninguna medida de protección cuando las pidió.

La mala praxis judicial correspondió al Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85, a cargo de Félix G. de Igarzábal, exponente del pensamiento clerical y antiderechos. Igarzábal sigue en su cargo. Ese mismo juez, a comienzos de marzo de 2010, anuló uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la Ciudad, previo a la sanción de la ley, resolución que le costó una denuncia de parte de otra colega, la jueza porteña Elena Liberatori, ante el Consejo de la Magistratura porteño y de la Nación, pero no prosperó. Es interesante revisar el árbol genealógico: su padre, Félix Romeo de Igarzábal fue un ex juez que integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma, y que fue condenado en 2012 a 8 años de prisión –en juicio abreviado– por abusar sexualmente de sus nietas en una historia espeluznante que reveló este diario hace unos años. Si, ex camarista de Familia y condenado por abuso sexual.

Pero volvamos al acto en el que le pedirán disculpas a Olga. Se hará el jueves a las 11 –de manera virtual— coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD). Es parte del acuerdo de solución amistosa que se alcanzó en el marco de una denuncia que llegó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés), a partir de una presentación de la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Olga contó a este diario que en el acto quiere invocar especialmente los nombres de Úrsula Bahillo y a Guadalupe Curual, las dos chicas víctimas de femicidios a manos de sus ex parejas en la localidad bonaerense de Rojas y en la neuquina de Villa La Angostura, como consecuencia de la mala actuación judicial: dos casos que generaron conmoción social en febrero, por la cadena de ineptitudes de quienes tenían que protegerlas.

La historia de Olga
Olga es jubilada, trabaja como asistente en un consultorio médico, tiene 7 nietos, y hace casi cuatro años pudo haber sido también una víctima de femicidio, cuando su marido durante un matrimonio de 36 años –y padre de sus cuatro hijos– la atacó y le hizo varios cortes en el cuerpo, el más grave en el cuello. Fue el 24 de marzo de 2017. Olga lo había denunciado por violencia de género varias veces pero la justicia nunca llegó a dictar las medidas de protección que ella reclamaba y necesitaba. La última vez, el 2 de febrero de ese año. Se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo dos meses de rehabilitación. En ese episodio, el hombre también atacó a un hijo que intentó defenderla y a vecinos y personal policial que intervinieron. Por el intento de femicidio Luis Palavecino fue condenado a 20 años de prisión y está en la cárcel.

En la foto de perfil de Whatsapp se la ve a Olga con un vestido floreado largo, sonriente, con los brazos detrás de la espalda. Se la sacó su hija mayor en el verano, en una quinta de Moreno. Está rodeada de verde. Olga recuerda que la secretaria del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85 de la ciudad de Buenos Aires, cuando recibió la denuncia que ella había hecho en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, llamó delante suyo por teléfono a su esposo para plantearle que tenían que hacer una mediación. Aunque en la OVD ella había pedido una orden de restricción de acercamiento, la exclusión de él del hogar –ella se había tenido que mudar a la casa de una hija por el contexto de violencia—y un botón antipánico. “Pobre hombre, hacerle esto a su edad, después de 36 años de casados…”: eso le dijeron en el juzgado, contó.

–¡Adelante mío lo llamó! Y él le dijo que estaba muy nervioso porque se había enterado que la mayor no era hija suya, ¡mentira! Si nos conocimos cuando yo ya tenía a la nena. Nos citó a los dos para el lunes, era un jueves. Yo no quería encontrarme ahí con él, había pasado toda la noche en la OVD, ya me había ido de mi casa, me tomó muchos años esa decisión.

Ella anotó su nombre en un papel: la secretaria se llamaba María Elisa Arias. Ahora es jueza, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12.

–¿Cómo cambió su vida luego de ese ataque? –le preguntó Página/12.

–Fue un antes y un después. Ahora ya no tengo miedo. Pero no desaparece de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo me asediaba el fantasma de que él pudiera aparecer. Salía a la calle, iba a trabajar, siempre cambiaba de recorrido y de forma de trasladarme por temor a que apareciera: una vez tomaba el tren y un colectivo, otro día un colectivo que me dejaba a tres cuadras del trabajo y así. Aun sabiendo que estaba preso, al salir seguía sugestionada. Me costaba decir “soy libre, soy libre de las amenazas, de poder disfrutar sin miedo de la vida”.

Esa frase, la última, tal vez condensa lo que le pasa a mujeres que viven hostigadas por su pareja o ex. No pueden vivir sin miedo.

Para Olga, aunque es el padre de sus hijos, ese hombre ya no existe.

–¿Qué la ayudó a salir adelante? –le preguntó este diario.

–Soy muy creyente y antes de que pasara todo esto hacía terapia individual. Mi terapeuta me ayudaba muchísimo con mi autoestima, a valorarme. Mi duda era si iba a ser efectivo hacer la denuncia. “Vos me denunciás, yo te mato”, me decía. Esa era la realidad que yo vivía. No es muy fácil denunciar. No podés salir del enemigo tan fácilmente. Con terapia lo logré, a pesar de que cuando hago la denuncia, el 2 de febrero de 2017 en la OVD, en el juzgado me terminaron diciendo que tenía que hacer una mediación.

La orden de exclusión del hogar la consiguió recién el 4 de marzo de 2017. La consiguieron dos abogadas que la acompañaron, recomendadas por el jefe de Olga, porque su primera estrategia de sobrevivencia había sido conseguir un trabajo, diez años antes, cuando el primer hecho de violencia concreta le hizo abrir los ojos. Pero, no le dieron la medida perimetral. Palavecino quedó viviendo de prestado en una remisería, a dos cuadras de la casa de Olga. El 24 de marzo, delante del hijo de los dos a quien también atacó, la tomó de los pelos y la acuchilló cinco veces, siempre en la zona de la carótida. Tenía un objetivo claro.

La violencia había empezado en 2002, cuando Palavecino le quemó a su esposa el auto. “Sacá la denuncia o te mato”, le decía. “Yo voy preso y te prometo que vos vas al cementerio”, la amenazaba.

–No era una amenaza para asustarme: yo sabía que lo iba a hacer –dice Olga.

Del acto de desagravio participarán el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, además de la propia Olga y Stella Maris Martínez.

El acuerdo
Se llega a esta instancia luego de que el 23 de octubre de 2019 se firmara el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. El Acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679, prevé además la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género, como la capacitación a jueces y personal policial.

¿Cuáles son los compromisos que asumió el Estado?
1. Elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.

2. Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.

3. Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y minimizar su revictimización; así como mejorar los canales de diálogo y articulación entre los distintos juzgados que atienden los reclamos.

4. Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.

5. Comunicar el acuerdo de solución amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género, que creó el 8 marzo el Consejo de la Magistratura de la Nación es uno de los puntos del acuerdo de solución amistosa.

La representación ante foros internacionales la tiene la defensora General, en el escrito ante CEDAW trabajaron el equipo de la Comisión sobre Temáticas de Género, que encabeza Raquel Asensio y del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos. Desde la Comisión también la acompañaron en la causa penal por la tentativa de femicidio, junto al Programa de Asistencia y Patrocinio a Víctimas de Delitos.

¿Le brindará el Estado una reparación económica? Esa cuestión, importante, todavía está en trámite. Se creó un tribunal arbitral –con una persona designada por el Estado, otra por Olga— y esas dos personas tienen que nombrar a un tercer árbitro. Ese tribunal tiene que fijar el monto de la reparación económica.

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