JUDICIALES

“Mal desempeño de sus cargos”, el principal argumento para el juicio político a la Corte Suprema

“Mal desempeño de sus cargos”, el principal argumento para el juicio político a la Corte Suprema
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Por Néstor Espósito – 

Un grupo de juristas encabezado por el ex juez Raúl Zaffaroni planteará mañana en la Cámara de Diputados formalmente la apertura del proceso de juicio político contra cuatro integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por presunto “mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos”.

El planteo incluirá además una potencial denuncia penal porque, según entienden, el fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y, de esa manera, incrementó los contagios y las muertes por coronavirus, constituye además una serie de delitos penales.

Esos delitos, según el texto del documento, comprenden homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.

El documento, cuyas tres primeras firmas son las de Zaffaroni, la ex jueza federal de San Martín Lucila Larrandart y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, reprocha a los jueces varones de la Corte que desconocieron la facultad del Poder Ejecutivo para disponer de la política sanitaria, aun cuando esa política no hubiese sido la más acertada.

“Lo único que los jueces deben controlar es que la medida adoptada por el Ejecutivo Nacional no sea irracional, o sea, que resulte conducente al objetivo propuesto conforme al saber técnico disponible”.

Para los impulsores del juicio político, la Corte se extralimitó en sus facultades: “Dado que se trata de una medida que no se ha probado en los autos que fuese descartada por los técnicos como inconducente, los jueces no pueden interferir en el ejercicio de las funciones que son de competencia del Ejecutivo Nacional y, menos aún, tomar a su cargo la función que corresponde al otro poder”.

Según ese punto de vista, los jueces del máximo tribunal “han ejercido el poder de policía sanitaria interprovincial propio del Poder Ejecutivo Nacional, en claro abuso de su poder constitucional, contrariando las disposiciones de la propia Constitución Nacional que delimitan republicanamente la separación de los poderes de su gobierno”.

El documento, de ocho páginas, cuestiona a la Corte por las consecuencias de su decisión:

“Es muy probable que los jueces no se hayan representado la alta probabilidad del resultado, pero les era exigible que lo hubiesen hecho, porque se trata de una no representación que obedece exclusivamente a la omisión de producir y ponderar prueba que le hubiese permitido conformar y ponderar el estándar epidemiológico, a partir de los indicios de peligro que revela todo aumento de circulación”.

Citando al difunto ex juez Carlos Fayt, el documento recordó que “los magistrados deberán agregar el uso de la razón, el conocimiento de la realidad, la comprensión del pasado y la proyección de las consecuencias futuras”.

Ello, sostienen, no ocurrió en este caso.

“La Corte Suprema no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia OMS o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense, de antigua y probada capacidad técnica”.

“Cualquier funcionario público –agrega el escrito- que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima”.

“El deterioro en la imagen de la Justicia ha venido siendo causado precisamente por obra de la misma y es hora que se modifique la situación para poder alcanzar un verdadero Estado Democrático de Derecho”, evaluaron los juristas.

“Solicitamos la intervención de la Comisión de Juicio Político y se haga lugar al juicio político de los mencionados jueces, produciendo la acusación ante el Senado de la Nación, como asimismo se dé intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos que señalábamos al comienzo”, resume la presentación.

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