De la Redacción de Contrapoder –
El laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió en forma “categórica” a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien menos de 12 horas antes había acusado a funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernández, de haber pedido coimas a la empresa de origen estadounidense, como condición para adquirirle millones de vacunas contra el Covid-19.
Puntualmente, Bullrich, involucró al exministro de Salud, Ginés González García, que durante la tarde hizo conocer que le iniciará una demanda penal a la ex ministra de Mauricio Macri, quien había afirmado: “González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”.
El presidente Fernández le respondió muy temprano en la mañana a través de Twitter, y luego también lo hizo en los medios: “Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento” escribió Alberto Fernández.
La empresa Pfizer lo desmintió de modo categórico. Así como la existencia de “intermediarios o representantes”. Lo hizo a través de un muy breve comunicado que fue elaborado en su sede de Nueva York: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”.
La respuesta empresaria tiene clara importancia, no sólo porque deja en evidencia las falsas acusaciones de la funcionaria de la administración de Cambiemos, sino porque transparenta la posición de los funcionarios del gobierno actual y, además, se encuadra en lo que establece las leyes de los Estados Unidos, por caso, la denominada “ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero” (FCPA). Esa obligación exige que se reporte ante la justicia estadounidenses “cualquier pago o intento de pago indebido”. También demanda que los funcionarios de las empresas se ese país sean abordados en un tribunal si fuera acusados de un tema por el estilo.
Bullrich, luego, intentó también insistir en su actitud mediante un tuit: “El comunicado no niega nada de lo que digo, por lo tanto, yo reafirmo lo digo”.
La respuesta de Ginés
“Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, afirmó González García, quien reafirmó: “Esto de la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, que dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que dan vergüenza”. El ex ministro lo aseguró en un programa de Radio 10. Reconoció que el tema lo conmovió, aunque “tengo muchos años como funcionario público y decir esto sin ninguna prueba, favoreciendo el odio y la desesperanza, y metiéndose nada menos que con el honor de las personas…”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández se refirió al tema también en los medios, calificó las acusaciones de Bullrich, como inaceptables y que también le iniciará acciones legales.
📻“Nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que tenga un intermediario para vendernos vacunas. Lo que dijeron no es un exceso político, es una difamación imperdonable”. El presidente @alferdez en #QuienDijoQueEsTarde por @Radio10. pic.twitter.com/03m0BVl6fQ
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 24, 2021
El gobierno argentino realizó infructuosas gestiones con la farmacéutica estadounidense para la provisión de vacunas, aun cuando fue uno de los primeros que encaró el actual gobierno nacional. Siempre se mantuvo en reserva los motivos que impidieron que se cristalizara el convenio que se pretendía, aunque se dejó entrever en algunos círculos, que las demandas realizadas por el laboratorio “fueron inaceptables”.
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