Por Luciana Bertoia –
Después de seis años, la Corte Suprema reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma SAAI y emblema de los casos de responsabilidad empresarial en crímenes cometidos durante la última dictadura. Con la decisión de tres de sus miembros y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 lo benefició con la falta de mérito. Los supremos acusaron al máximo tribunal penal de haber obstaculizado indebidamente el proceso y le reclamaron que dicte un nuevo pronunciamiento de manera urgente, que debería encaminar a Blaquier hacia el juicio oral.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte dejó a Blaquier en gateras para ir a juicio oral por 29 casos de privaciones ilegales de la libertad, ocurridas entre marzo y julio de 1976. Los supremos y la suprema criticaron fuertemente a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que, en marzo de 2015, revocó el procesamiento de Blaquier. Dijeron que no debió haber intervenido y que demoró el proceso indebidamente.
“Las reglas vulneradas en el caso, relacionadas con la habilitación de la competencia de la Cámara Federal de Casación, no consisten en meras sugerencias del legislador, sino en mandatos expresos que no deben ser relativizados ni dejados de lado toda vez que, en definitiva, procuran asegurar principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia”, escribieron Rosatti, Maqueda y Highton.
La Corte le reclamó a la Casación que dicte de inmediato un nuevo pronunciamiento, que se entiende que debería convalidar que Blaquier vaya a juicio oral. “Lo contrario implicaría posponer el análisis de un agravio –con incierta perspectiva, y en un expediente cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales”, resaltaron.
El presidente de la Corte, Rosenkrantz, validó lo que había resuelto Casación. “No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos”, escribió. Ricardo Lorenzetti, por su parte, no firmó el fallo.
Blaquier, que el 28 de agosto próximo cumplirá 94 años, se hizo cargo del directorio del ingenio Ledesma a principios de la década de 1970. Había entrado a la empresa casi 20 años antes, después de casarse con María Elena “Nelly” Arrieta, hija única y única heredera de Herminio Arrieta, el dueño de Ledesma. Durante esos años, la gerencia de Relaciones Humanas estaba a cargo del brigadier retirado Teodoro Álvarez, que había tenido un rol protagónico durante la dictadura de la Revolución Argentina.
La decisión de la Corte se conoció un mes después de que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla Corti, le reclamara al máximo tribunal que resolviera a la brevedad la situación del empresario. Hace dos semanas, los organismos de derechos humanos llevaron el planteo por la falta de respuestas en esta causa y en otros expedientes de lesa humanidad a la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
La causa Blaquier estuvo marcada siempre por las demoras. El juez Carlos Olivera Pastor dilató todo lo que pudo el llamado a indagatoria que había pedido en 2011 el fiscal de la jurisdicción. Sólo la causa se desempolvó después de las movilizaciones masivas que organizó Milagro Sala en solidaridad con los organismos de derechos humanos locales. Olivera Pastor renunció y designaron al frente del juzgado al juez Fernando Poviña, de Tucumán, que en noviembre de 2012 terminó procesando a Blaquier por su responsabilidad como presidente del directorio de Ledesma.
Blaquier está procesado en dos causas, junto con Alberto Lemos, quien, al momento del golpe, oficiaba de administrador general de Ledesma.Por un lado, el juez Poviña lo procesó por dos secuestros que se realizaron el mismo día del golpe del 24 de marzo de 1976 –entre los que se cuenta el del exintendente Luis Arédez– y uno que se concretó en los primeros días de abril de ese año. El otro procesamiento incluye 26 casos de personas secuestradas en lo que se conoce como las noches del “apagón”. Esas personas fueron detenidas ilegalmente entre el 20 y el 27 de julio de 1976 y en todos los casos pasaron por el centro clandestino de detención de Guerrero, montado en esos días en las instalaciones de una de las hosterías provinciales.
Poviña entendió que la empresa proveyó los vehículos para que los secuestros pudieran llevarse a cabo, ante la falta de recursos de las fuerzas armadas y de seguridad que estaban apostadas en la zona. Lo que no dio por acreditado fue que la empresa hubiera generado los cortes de electricidad que facilitaron los secuestros en pleno terror nocturno. La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos de Blaquier y de Lemos en agosto de 2013. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación los benefició en marzo de 2015, en el marco de un convulsionado año electoral. Los casadores sostuvieron que la empresa pudo haber cedido las camionetas sin saber para qué iban a ser usadas, retomando el argumento que ofreció la defensa de Lemos ante el juez Poviña. Así fue como revocaron los procesamientos de los dos empresarios y dictaron su falta de mérito.
El fiscal Javier De Luca sostuvo que se estaba ante un sobreseimiento encubierto y denunció que la decisión de la Casación privaba a las víctimas y a la sociedad de saber qué había sucedido en 1976 en los dominios de Ledesma. Llevó el caso en queja a la Corte Suprema en 2015. La procuradora fiscal Adriana García Netto dictaminó en la misma línea en diciembre de 2016. Desde entonces, el caso pasó de vocalía en vocalía.
En la Corte, todos miraban con suspicacia a Rosenkrantz por la demora. El supremo había cosechado un vínculo estrecho con la familia Blaquier a través de la Universidad de San Andrés, que dirigió hasta su llegada a la Corte y donde los dueños de la agroindustrial hacían generosos aportes. Su esposa, Agustina Cavanagh, también dirigió la fundación Cimientos, ligada al grupo Blaquier, según el Observatorio de Élites de CITRA-UMET-CONICET.
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