Por Raúl Kollmann –
La jueza comercial María Soledad Cazzaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles, la empresa principal del Grupo Indalo, perteneciente a Cristóbal López y Fabián de Sousa. La magistrada aceptó el avenimiento (acuerdo) de Oil por el 99,96 por ciento de la deuda y el 96 por ciento de los acreedores. Del cuatro por ciento que no aceptó el arreglo, la mayoría no pudo ser encontrado y sólo el 0,04 por ciento rechazó la oferta. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno de Mauricio Macri. A través de la quiebra a la principal compañía del grupo Indalo y luego metiendo en la cárcel a los dueños, se buscó poner al servicio del macrismo a los medios de comunicación del conglomerado –el canal C5N, Radio 10, el diario Ambito Financiero y varias emisoras FM–, pero en esencia también obligar a los dueños a vender Oil, los medios y otras empresas a amigos del gobierno macrista. También se apuntó a quitarle concesiones y obras públicas a la constructora de Oil-Indalo, para que queden en manos de empresas que fueron socias del grupo Macri en su momento. La extorsión, conducida por la llamada mesa judicial, es hoy investigada por la jueza María Romilda Servini y es la causa en la que está prófugo el principal operador judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón.
La operación que derivó en la quiebra de Oil arrancó en octubre de 2015, el día de la primera vuelva electoral de aquel año. Esa mañana, Macri citó a Cristóbal López en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque, en la calle Eduardo Costa 3030. El ahora expresidente le dijo a López que su triunfo electoral estaba asegurado, le mostró una encuesta norteamericana y –según declaró el empresario ante la jueza Servini– “me pidió el canal para meter presa a Cristina”. López asegura que en aquel diálogo le contestó “no contés conmigo, no soy amigo de Cristina, pero la aprecio”.
Tres meses después, Macri asumió la presidencia y se inició una guerra contra Indalo, con un pico en marzo de 2016 cuando una nota en el diario La Nación hizo pública una supuesta investigación periodística en la que se acusaba al Grupo Indalo de una evasión impositiva de 8.000 millones de pesos. Muy poco después, el propio Macri reveló que en realidad se trató de un trabajo hecho por la AFIP –es decir por el gobierno de Macri– y filtrada al matutino.
La jugarreta fue la típica del macrismo. De inmediato se presentó en Comodoro Py la exdiputada Elisa Carrió y sostuvo que lo publicado en La Nación era parte de la gigantesca asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, que ella ya había denunciado en 2008, ocho años antes. De esa manera, canalizó la instrucción hacia el juez Julián Ercolini –que tenía el expediente de 2008 sobre la asociación ilícita– y ya se sabe que Ercolini, junto con Claudio Bonadio, monopolizaron la persecución contra los opositores. Fue una maniobra de forum shopping, es decir de elección del juez, sin que Carrió hiciera aporta alguno, sólo recortes periodísticos. El paso siguiente fue cantado: se acusó a los empresarios por defraudación.
En todo el proceso, López y De Sousa recibieron las visitas de distintos enviados, entre ellos Pepin Rodríguez Simón, quien les anunció: “empezó la guerra”. Pero el hostigamiento a las empresas fue aún mayor, con embargos, pedidos de quiebra y, por supuesto, el espanto de los acreedores que exigieron pagos inmediatos. Toda la secuencia está descripta al detalle en el libro La Persecución del periodista Pablo Duggan. Al mismo tiempo, también aparecieron en escena varios empresarios, Orly Terranova, Ignacio Rosner –cercanos al macrismo– que hacían ofertas para quedarse con el conglomerado de empresas y, por fin, disciplinar los medios a la Casa Rosada. Querían aprovechar una situación desesperante: los trabajadores, por ejemplo, cobraban sus sueldos en cuotas y con enormes obstáculos plantados por el gobierno de Macri y la justicia comercial con la que hubo una gigantesca batalla para que no se embargaran las cuentas desde la que se pagaban los sueldos. Hubo momentos en que los trabajadores cobraban desde las cuentas del Sindicato de Televisión.
Una instancia clave se produjo en diciembre de 2017 cuando Ercolini dictó el procesamiento y la prisión preventiva de López y De Sousa. Fue justito el 19 de diciembre, en medio de las movilizaciones en Congreso por la reforma jubilatoria que, según muchísimos consultores, fue el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri. Esa noche, tras una reunión entre el presidente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, se puso en marcha el operativo que buscó amortiguar la hecatombe del Congreso con la detención de los empresarios. Para dictar la prisión, se utilizó un ardid inaudito: Ercolini argumentó que López y De Sousa habían vendido el grupo empresario a sus espaldas, algo obviamente imposible porque no se podían transferir acciones sin el visto bueno del magistrado que tenía todo embargado. Lo cierto es que un año y nueve meses después, en septiembre de 2019, la jueza María Eugenia Capuccetti dictaminó que no hubo tal venta ni se cometió ningún delito. López y De Sousa estuvieron casi 22 meses presos.
Con los dueños en el penal de Ezeiza, la compañía quebrada y la ofensiva mediática, en el camino la justicia malvendió bienes claves de Oil, como la refinería, el puerto de San Lorenzo y una serie de estaciones de servicio a precios que significaban un tercio o un cuarto de ofertas anteriores; le quitaron al grupo concesiones viales y el gobierno de Macri revocó obras que la constructora CPC había ganado en licitaciones. El levantamiento de la quiebra seguramente producirá un reclamo a quienes se quedaron con esos bienes.
En la actualidad, se está llevando adelante en Comodoro Py el juicio por aquella causa por el delito de defraudación. Antes de empezar las audiencias ante el Tribunal Oral Federal 3, se conoció una pericia oficial, hecha por contadoras de la Corte Suprema, la fiscalía y la AFIP. La conclusión fue que, en diciembre de 2016, cuando se publicó la nota de La Nación que decía que Oil debía 8.000 millones de pesos, el grupo no tenía deuda exigible, cumplía con los planes otorgados por la AFIP, había pagado 7.000 millones de pesos y que esos planes de pago generales se habían otorgados a miles de otras empresas y los planes particulares, a centenares de personalidades y contribuyentes. El jueves pasado, testificaron las especialistas que hicieron la pericia oficial, en especial Flavia Melzi, del máximo tribunal: la contadora sufrió el asedio de la fiscalía y la AFIP, al punto que en la audiencia salieron en su defensa las otras peritos, incluso las designadas por la fiscalía y la AFIP. Este jueves por la tarde se concretaría casi la última audiencia de testigos y comenzarán los alegatos. El juicio debería terminar en menos de dos meses.
Pero habrá otros juicios. Es que mientras estuvieron presos, López y De Sousa fueron espiados y extorsionados. Hubo seguimientos y escuchas a sus parejas, a sus socios y hasta a sus abogados y amigos. Se instalaron cámaras ocultas en las celdas y pabellones. Se pagaron arrepentidos para que declararan en contra de ellos, de cualquier opositor al macrismo y, sobre todo, de Cristina Kirchner. El aparato judicial, político y mediático tocó esa partitura diseñada por la llamada mesa judicial y articulada también en visitas a Olivos y Casa Rosada.
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