Por Irina Hauser –
Parecía ya casi terminada la audiencia en el Zoom de la causa del Memorándum con Irán, cuando el Tribunal Oral Federal 8 sorprendió con un anuncio: además de tomar una decisión sobre los pedidos de nulidad de las/los imputadas/os, analizará los planteos para que se cierre la causa por inexistencia de delito. Con esto puso entre la espada y la pared al fiscal Marcelo Colombo, que la semana pasada eludió opinar sobre ese tema, y también a las querellas de la DAIA y los familiares de AMIA, que hasta ahora pusieron énfasis en cuestionar que el debate sea público y defender la reapertura del caso. Una frase que repitieron varias de las defensas este miércoles a la jueza María Gabriela López Iñíguez y los jueces Daniel Obligado y Juan Michilini es que tienen “una oportunidad histórica” de desmontar una causa armada. La definición llegaría en septiembre, después de las PASO.
El ejemplo de Brasil
“Así como la Corte brasilera absolvió a Lula por la violación a la garantía del juez natural y la interferencia del poder político, corresponde dictar la nulidad y absolver a todos”, pidió al inicio de la audiencia el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. Cada defensa tuvo en la audiencia 10 minutos para exponer sus réplicas al fiscal Colombo, quien la semana pasada rechazó los planteos de nulidad y pidió seguir con el juicio. Sostuvo que si bien están probadas las más de 20 visitas en total de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, no hay pruebas directas de la relación entre esos encuentros y la causa del Memorándum. Los abogados y abogadas fueron durísimos con el fiscal y la mayoría le señaló que se había aferrado al Código Procesal Penal como si se discutiera recusar jueces y olvidaba la definición de “independencia judicial” y de poderes que establece la Constitución. El TOF 8 le rechazó al fiscal el pedido para refutar los críticas.
Los reclamos de nulidad están enfocados en la falta de independencia e imparcialidad de Hornos y Borinsky, que reabrieron el expediente que había archivado el juez Daniel Rafecas porque no encontró delito en la denuncia original de Alberto Nisman contra CFK por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA. Los mismos camaristas avalaron el trámite de una causa melliza. La cuestión de la inexistencia de delito apunta a que las alertas rojas de Interpol contra los iraníes sospechosos del atentado siempre estuvieron vigentes y sólo las podía levantar el juez. Además, el pacto había sido aprobado por el Congreso, pero no entró en vigencia.
Las confusiones del fiscal
Colombo había argumentado que la felicitación de Macri a Hornos y a Borinsky “por su valentía” después de que reabrieron el caso Memorándum, el 29 de diciembre de 2016, y su cuestionamiento a la jueza Ana María Figueroa (que votó igual pero dijo que sus colegas debían excusarse) sólo demostraba que no conocía el fallo. Era, afirmó, un rasgo de “la baja calidad institucional de la dirigencia política que festeja el inicio de causas de su rival político”. Para el fiscal, como Macri no es parte en la causa eso liberaba de responsabilidad a los jueces. “Con todo respeto –dijo Beraldi– pensar que Macri va a leer un fallo es un exceso de optimismo y pensar que pueda hacer una interpretación jurídica es totalmente extravagante”. “El fiscal confunde independencia con imparcialidad (…) El Presidente de la Nación para preservar la independencia de poderes no puede tener contacto con los jueces” y “la conducta de los magistrados de haberse entrevistado con Macri es una interferencia y un menoscabo de la independencia”.
“Parece haber tenido cierto temor”, dijo en alusión al fiscal la penalista Lucila Larrandart, que representa a Andrés Larroque al recordar que el propio Colombo pidió gran cantidad de pruebas pero su análisis no parecía coincidir con lo que éstas revelaban. Hacer el juicio oral, dijo, sería un “dispendio jurisdiccional”. Graciana Peñafort añadió que “la violación del principio de juez natural ha sido flagrante y escandalosa” y que Borinsky y Hornos mostraron un interés por quedarse con esta causa. El fiscal, añadió, “hizo una lectura parcial”. “No sabemos de qué hablaban Borinsky y Hornos con Macri pero sabemos de qué hablaba Macri con la DAIA”, que en sus actas de directorio precisa que el tema era la causa Memorándum. Una visita clave, advirtió Peñafort, fue omitida por Colombo: Borinsky fue el 27 de junio de 2016 a ver a Macri, que tres días antes se había reunido con la DAIA. “Alcanza para entender los intereses”, enfatizó y recordó que las visitas de los magistrados fueron secretas. Incluso el gobierno de entonces le mintió a Poder Ciudadano ante un pedido de acceso a la información y le envió una planilla donde no figuraban ni jueces ni fiscales visitantes.
El constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de la exprocuradora Angelina Abbona le pidió al tribunal que no tenga temor de invocar el artículo 109 de la Constitución Nacional, que Colombo consideró, que dice que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Mariano Fragueiro Frías, defensor del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, calificó al planteo del fiscal de “irracional” y “carente de toda lógica”. “Estamos ante violaciones constitucionales”, agregó. “La interferencia del Poder Ejecutivo” sobre los jueces “que reabrieron espuriamente el proceso”, “la afectación de la cosa juzgada, la que impide la doble persecución, la del juez natural, debido proceso y derecho de defensa”, dijo, están “absolutamente probadas”.
La inexistencia de delito
Dos abogados reclamaron el cierre de la causa por inexistencia de delito y el principio de que nadie puede ser jugado/a dos veces por lo mismo. Uno de ellos fue Marcos Aldazábal, defensor del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Señaló que “no hay ningún impedimento formal para analizar la inexistencia de delito”. Aldazábal habló con vehemencia al TOF: “¿Alguna vez alguien pensó que esto es un delito cuando se sienta en el sillón de su casa? ¡Paremos con los formalismos! Sabemos que es una causa armada!”. “Por eso tenemos una oportunidad histórica”, insistió, “la legitimidad se construye en estas causas, no sólo en el día a día”, “es una oportunidad para decir que la causa es nula pero que no hubo delito, que no se puede entrometer el Poder Ejecutivo, que no se puede estar seis años en una causa donde no hay delito”. Para el abogado fue contradictorio que Colombo denunciara penalmente a Borinsky por su presunta relación de asesoramiento con la DAIA y dijera que no hay “temor de parcialidad”. “Hay terror de parcialidad”, subrayó.
Aníbal Ibarra, defensor de Oscar Parrilli, también reclamó que se trate la excepción de falta de acción por inexistencia de delito. Lo mínimo, dijo, es tener en cuenta que las/los imputados de este caso no tenían ningún facultad de definir el destino de las alertas rojas, que sólo tenía el juez Rodolfo Canicoba Corral. Sobre las visitas, concluyó, “lo que agravia es que un presidente se reúna en secreto con los jueces por esta causa y que ellos resolvieron lo que quería Macri”.
Horacio Lutzky dijo, en nombre del Llamamiento Judío Argentino (aceptado como amigo del tribunal), que “la reapertura de esta causa se hizo invocando una representación de toda la colectividad judía” de la DAIA que, explicó, no es tal. “No nos representa”, reforzó. “Sostenemos que esta participación encubre de manera diabólica al verdadero encubrimiento”. La DAIA y familiares de víctimas del atentado hasta ahora desconocieron las audiencias y habrá que ver si asisten y qué dicen a la próxima.
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