Por Raúl Kollmann –
El insólito expediente por la muerte de Alberto Nisman –claramente un suicidio y sin pruebas en contrario desde hace casi siete años– incluye un no menos insólito episodio. En el centro de la escena, la Corte Suprema de la Nación y un celular de Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó el arma al fiscal. No se trata del celular que Lagomarsino tenía y usaba en todo el tiempo anterior a la muerte de Nisman –celular que fue secuestrado y peritado al día siguiente de la muerte del fiscal– sino de un aparato que se compró después y que la Justicia secuestró en 2017, o sea transcurridos dos años de aquel domingo en que se encontró el cuerpo de Nisman en el baño.
El juez y el fiscal ordenaron el allanamiento de la vivienda del informático en 2017 y en ese momento se llevaron el nuevo celular y dos computadoras. Lo que ocurrió después fue previsible: los hombres de Comodoro Py querían peritar ese celular, pero los abogados de Lagomarsino argumentaron que sólo el juez debe tener acceso al contenido porque incluye, por ejemplo, los mensajes entre Lagomarsino y sus abogados. O sea, se violaría la confidencialidad de las comunicaciones entre el imputado y sus defensores. Y, además, hay contenidos que son personales y que no tienen nada que ver con la causa. Por eso, la defensa del informático –Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro– reclama que ni los peritos ni el fiscal tengan acceso a cuestiones sin vínculo con el caso. El litigio llegó hace un año a la Corte Suprema que, escandalosamente, se demora todo este tiempo en resolver algo que parece elemental. Por supuesto, ante la falta de evidencias, los grandes medios afirman –sin contar los detalles– que Lagomarsino esconde pruebas en su celular.
Lagomarsino, el día después de la muerte de Nisman
Doce horas después de la aparición del cuerpo de Nisman en el baño del edificio Le Parc de Puerto Madero, Lagomarsino se presentó a la Justicia y prestó declaración. Lo que dijo en aquel momento se comprobó paso por paso: que dejó el departamento de Nisman cerca de las 20, que se fue a su casa y que a esa hora el fiscal estaba vivo, tal como se verificó con llamadas y mensajes del fiscal incluso posteriores a las 21. El vehículo del informático quedó registrado en los peajes y su salida también se vio en las cámaras del edificio. Al declarar, aquel lunes 19 de enero de 2015, alrededor de las 14, Lagomarsino entregó su celular y además facilitó la contraseña de acceso. De entrada nomás, ya resultó descabellada la hipótesis de su participación en un comando que perpetró el inexistente asesinato de Nisman: el arma estaba a nombre de Lagomarsino y nadie usa un arma registrada a su propio nombre para ningún homicidio que, supuestamente, era parte de un complot ultrasofisticado.
Como todo el procedimiento de peritar un celular suele tardar meses –más aún en un caso de tanta repercusión–, Lagomarsino se compró un nuevo celular. Casi tres años después, en noviembre de 2017, el juez Julián Ercolini autorizó un allanamiento de la vivienda de Lagomarsino y el fiscal Eduardo Taiano ordenó el secuestro del nuevo celular y dos laptops, la del informático y la de su hijo. El litigio es sobre esos aparatos.
Rusconi y Palmeiro exigieron que los peritos y el fiscal no tengan acceso al contenido, sino que de entrada eso sea exclusivo del juez que deberá distinguir entre lo que son diálogos o fotos personales, diálogos con los defensores y todo lo que sea ajeno a la causa judicial. Sobre el resto de los contenidos, el juez les puede dar vía libre a los peritos.
Un antecedente llamativo
El planteo tiene un antecedente llamativo. El 4 de marzo de 2015 se presentó ante la jueza Fabiana Palmaghini la ex pareja de Nisman, la también jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Por entonces se estaba peritando el celular del fiscal y Arroyo Salgado pidió que se interrumpiera el trabajo de los peritos y que sólo el juez tuviera acceso a los contenidos, distinguiendo lo personal de lo que podría ser relevante respecto de la muerte. En aquel entonces se habían filtrado –no del peritaje– fotos de Nisman con modelos y en viajes al exterior, cuando supuestamente no estaba de licencia.
La jueza Palmaghini aceptó el planteo de Arroyo Salgado e impidió que los peritos y la fiscal Viviana Fein vieran todo lo relacionado con la vida personal de Nisman, no sólo sus relaciones sino también lo vinculado con su familia o los números de teléfono de las personas con las que Nisman tenía vínculo. En su escrito, Arroyo Salgado citó el artículo 254 del Código Procesal Penal que establece que un juez puede secuestrar la correspondencia postal remitida por un imputado o destinada a él. “Si tuvieran relación con el proceso, ordenará el secuestro, en caso contrario, mantendrá la reserva del contenido y dispondrá la entrega al destinatario o los parientes próximos, bajo constancia”. El contenido de un celular o una computadora es conceptualmente lo mismo que la correspondencia.
A diferencia de Palmaghini, el juez Ercolini rechazó el planteo de Lagomarsino y sus abogados argumentando que la causa está delegada en la fiscalía, algo similar a lo que ocurría con Fein, que era quien investigaba. Por lo tanto, Taiano podría acceder a todo. Y también rechazaron el planteo del informático la Cámara Federal y la de Casación Penal. De manera que la cuestión llegó a la Corte Suprema hace un año y el máximo tribunal no se expidió: 12 meses que exhiben una irritante lentitud. Como es obvio, los grandes medios sostuvieron que no es que Lagomarsino quiera defender sus derechos y su privacidad, sino que trata de bloquear la investigación, que esconde algo, que quiere demorar. Exponen enfoques con los que sugieren sospechas sobre el informático.
El uso político de la muerte de Nisman
El expediente por la muerte de Nisman es parte del paquete político-electoral que usó el macrismo para llegar al gobierno y para hostigar a sus adversarios. Corre en paralelo con la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que también los grandes medios amenazan y hostigan a los jueces del Tribunal Oral Federal 8, que debe tomar la decisión de seguir con el caso hacia un juicio oral o sobreseer a los imputados sin que se haga el juicio. Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado resolvieron que todas las partes expongan sus posiciones en una audiencia previa al juicio ante las novedades que se produjeron: la evidencia de las visitas a Olivos y Casa Rosada de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y la presentación de Interpol en la que señaló que ningún funcionario podía levantar las alertas rojas que pesan sobre los iraníes sospechados de cometer el atentado a la AMIA, sino que únicamente tenía esa facultad el juez Rodolfo Canicoba Corral. De hecho, las órdenes de captura con alertas rojas nunca se levantaron.
El TOF 8 no usó el opaco camino de la presentación de escritos –como se hizo en el caso del Plan Qunitas– sino que las partes se manifestaron de forma pública, en varias audiencias que cualquier ciudadano podía ver. En la última semana, los diarios dominantes sumaron editoriales y notas que constituyen un “apriete” a los magistrados, presionándolos para que sienten en el banquillo a Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, Oscar Parrilli y los demás imputados.
En caída libre
La realidad es que ya se cayeron los expedientes Dólar Futuro y Qunitas. La lógica es que caiga la causa Memorándum, dada la inexistencia de delito en un tratado que aprobó el Congreso. Y el mismo destino de cierre parece esperarle al expediente por la muerte de Nisman.
En siete años no se encontró ni una evidencia de que alguien haya entrado al edificio, al departamento del fiscal –cerrado por dentro– y mucho menos al baño, en el que no se detectó ni una huella ni una pisada ni la chance de salir, dado que la cabeza de Nisman obstruía la puerta. No hay rastro de ningún comando y lo único que mantiene abierta la causa son fuegos artificiales como el del celular de Lagomarsino o la convocatoria a declarar a agentes de inteligencia que hasta estaban de vacaciones en aquel enero.
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