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Encubrimiento: El fiscal del caso AMIA pidió una serie de sobreseimientos que dejan la causa al borde del cierre

Encubrimiento: El fiscal del caso AMIA pidió una serie de sobreseimientos que dejan la causa al borde del cierre
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Por Raúl Kollmann – 

Toda la investigación sobre la conexión local del atentado contra la AMIA, que ya estaba moribunda, quedó al borde del entierro definitivo: el fiscal Sebastián Basso pidió el sobreseimiento de Alberto Jacinto Kanoore Edul –la punta hacia la llamada pista siria–; de Nassib Haddad, de quien se sospechó que podría haber provisto el amonal con que se voló la mutual judía y, además, colocó un volquete en la puerta de la AMIA cinco minutos antes de la explosión– y otras diez personas a las que el fiscal Alberto Nisman y el juez Juan José Galeano les adjudicaron algún papel decisivo en el atentado. Antes del pedido de Basso, el tribunal oral absolvió a Carlos Telleldín, el otro supuesto cómplice decisivo. Por supuesto que falta la decisión del juez a cargo –salió sorteado Daniel Rafecas esta semana–, pero es muy difícil que el magistrado tome una decisión ya que no será el juez definitivo. Los familiares agrupados en Memoria Activa respondieron con un escrito de su abogado, Rodrigo Borda, señalando que de ninguna manera se puede considerar que la investigación “fue exhaustiva”, como sostiene Basso, sino más bien todo lo contrario: estuvo llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones. Aún así, que la parte acusadora -el fiscal-, pida el sobreseimiento, deja a la causa AMIA sólo agarrada del fino hilo de la “conexión internacional”, que se basa mucho más en informes de inteligencia de la SIDE, la CIA y el Mossad, que de pruebas judiciales. Para colmo, Basso también dejó pagando algunas de esas supuestas evidencias.

Conexión Local

La conexión local era la madre de la investigación porque se trataba, nada menos, que de determinar lo siguiente:

De dónde salió el explosivo –300 kilos de Amonal– para atacar la AMIA y producir 85 muertos.
El atentado se hizo con una camioneta Trafic, algo que está definitivamente probado a partir del análisis con un microscopio de barrido electrónico que estudia las partículas  de los restos metálicos encontrados en los cuerpos de las víctimas. Esa camioneta fue vendida por Carlos Telleldín ocho días antes del atentado, el 10 de julio de 1994. No se sabe quién se quedó con el vehículo aquel domingo.
Tampoco se sabe dónde estuvo la camioneta del 10 de julio hasta el sábado 16 y, por lo tanto, quien y dónde se armó el explosivo en la camioneta-bomba.
El sábado 16, alguien dejó la Trafic en el estacionamiento llamado Jet Parking, al lado de la Facultad de Medicina, a tres cuadras de la AMIA.
No se sabe tampoco quién retiró la Trafic el lunes 18 de julio, minutos antes del ataque.
Tampoco se conoce quién manejó la camioneta hasta el predio de Pasteur y lo incrustó en la mutual judía.
Por último, no se sabe quiénes fueron los apoyos locales al atentado.
Como se ve, de los hechos concretos del atentado no se sabe nada de nada.

Sospechas I
Alberto Kanoore Edul, hijo de un amigo de la familia Menem, estuvo muy sospechado porque el domingo 10 de julio llamó por teléfono a Telleldín. Cuando el presidente Bill Clinton estuvo en la Argentina se comprometió con los familiares de las víctimas del atentado a enviar una misión del FBI para analizar el caso. Esa delegación sostuvo que había que profundizar la pista Kanoore Edul, porque esa llamada nunca tuvo buena explicación.

Basso despliega las contradicciones de las respuestas de Edul respecto de esa comunicación. Dijo que buscaba una Trafic porque le habían robado una Mercedes Benz, pero éste último vehículo fue sustraído 20 días más tarde. Además, no hay otros llamados a otros vendedores de Trafic ni visitas a agencias. Aún así, Basso pide el sobreseimiento porque dice que no se pudieron encontrar más pruebas transcurridos 27 años.

Sospechas II
Tanto Galeano como Nisman también apuntaron a Nassib Haddad, dueño de Santa Rita, una empresa que bajó un volquete frente a la AMIA cinco minutos antes de la explosión. Se escribieron hasta libros con la teoría de que no hubo camioneta-bomba, sino que el explosivo estaba en el volquete o que desde el volquete se introdujo en la AMIA. Además, se detectó una supuesta compra de amonal por parte de Santa Rita. A todo esto se agregaba un hecho llamativo: el mismo camión que dejó el volquete en la AMIA había estado minutos antes en un predio de la calle Constitución, vecino al domicilio de Kanoore Edul.

Basso concluyó que tampoco se encontraron pruebas de relación con el atentado. El predio de la calle Constitución se lo cedió el municipio porteño a una familia sin recursos, que pidió el volquete para limpiar el predio. El volquete colocado frente a la AMIA obedeció a un pedido del arquitecto Andrés Malamud, a cargo de reformas en la mutual. No obstante, no se encontró ningún registro de esa llamada. Basso tampoco menciona la compra de amonal, de manera que se ignoró ese hecho o directamente no existió.

El resumen es que se pidió el sobreseimiento de Haddad y toda su familia.

Iraníes
Como lo único que sobrevive en la investigación es la pista iraní, buena parte de las consideraciones del fiscal tienen que ver con el análisis de llamadas, visitas, agendas, de Kanoore Edul o Haddad con Moshen Rabbani, el agregado cultural de Teherán en la Argentina y supuesto hombre-clave del atentado.

En ese terreno no se encontró nada: no hay vínculo que se haya podido probar, salvo una anotación en la agenda de Kanoore en la que consignó la dirección de la mezquita apadrinada por Rabbani. Después hay llamadas de Kanoore a la comisaría de Santos Lugares, donde vivía Telleldín, pero realizadas a un policía, Víctor José Chabán, con el que Kanoore tenía una relación familiar. Siempre se especuló con que policías bonaerenses tuvieron alguna participación en el atentado, pero todos fueron sobreseídos en un juicio oral.

¿Final?
Cualquiera puede entender que si después de 27 años no se encontraron pruebas, es razonable que el fiscal pida el sobreseimiento de esos sospechosos. Lo exasperante es que Basso lo hace con ciertos elogios a la investigación, cuando su pedido es una evidencia de que lo hecho por Nisman y Galeano fue, no sólo un fracaso, sino una sucesión de escándalos e irregularidades, incluyendo el pago secreto de 400.000 dólares al principal imputado, Telleldín, para que le eche la culpa a policías bonaerenses. Tampoco es que se le puede adjudicar la responsabilidad del fracaso solo a los protagonistas judiciales, que estudiaron leyes y no cómo investigar atentados. Por lo que un papel decisivo en la catastrófica pesquisa la tuvo el gobierno de Carlos Menem y los servicios de seguridad e inteligencia bajo la órbita del Poder Ejecutivo menemista.

Suspenso
El pedido del fiscal debe ser convalidado por un juez y, por supuesto, habrá apelaciones. El juzgado del caso AMIA estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que se jubiló y por lo tanto el cargo está vacante. Mientras tanto, se van sorteando jueces que asumen las causas de manera transitoria. Hasta esta semana está María Eugenia Capuchetti y ahora será el turno de Daniel Rafecas. La magistrada no aceptó el pedido del fiscal: indicó que se debe seguir analizando la documentación que liberó el Poder Ejecutivo y que es la acumulada por la SIDE en los años de la investigación.

Los familiares agrupados en Memoria Activa, a través de un escrito de su abogado, Rodrigo Borda, rechazaron los sobreseimientos justamente porque consideran que la investigación de ninguna manera fue exhaustiva y tiene muchos hilos pendientes.

Lo que queda de la causa AMIA es la conexión internacional, con la acusación apuntada a Irán y prófugos de esa nacionalidad. Uno de los puntos de esa imputación es que el supuesto organizador, un tal Samuel Salman El Reda, o Salman Raouf, un libanés casado con una argentina, vinculada a Rabbani. La evidencia de importancia fueron supuestas llamadas a El Líbano con teléfonos adjudicados a la organización Hezbollah, información que seguro provino de la CIA o el Mossad. En el escrito de Basso hay un paralelismo inquietante. Según los servicios de inteligencia, también había dos llamadas de elementos de Hezbollah desde El Líbano al teléfono en Buenos Aires de Jatma Massud, con vínculo con Kanoore Edul. Cuando Basso pidió las pruebas, esas llamadas no se pudieron acreditar.

Buena parte del expediente demuestra que toda la investigación es un fracaso y va camino al cierre. Y lo que queda en pie es un tembladeral en el que ninguna prueba es sólida porque su origen son servicios de inteligencia en los que juega mucho más la política que la evidencia.

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