Por Horacio Verbitsky –
La carta de la Vicepresidenta CFK apoyando los términos de la negociación con el FMI que planteó el Presidente Alberto Fernández en su discurso del último 9 de julio, se produjo el sábado 27, luego de varios encuentros con el Ministro de Economía Martín Guzmán quien, a pedido de Alberto, le expuso las alternativas en consideración. El Poder Ejecutivo piensa enviarlas al Congreso alrededor del 10 de diciembre, dentro del proyecto plurianual, que se tratará en conjunto con el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022. Desde la casa histórica de Tucumán, Alberto dijo que todos los días pelea “porque la Argentina se ponga de pie, y contra los de adentro que quieren ver a la Argentina arrodillada” y que se irá a su casa antes de firmar “algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca”. Cristina también escribió que la lapicera a la que aludió Clarín hace diez días, no la tiene ella sino el Presidente, porque así lo dispone la Constitución, y recuerda que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de cuya sanción se cumplirá un año el martes próximo, dispuso que “todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Además señala que la oposición, responsable de haber contraído esa deuda, y vencedora en las últimas elecciones, debe hacerse cargo de ejercer esa representación. Según Cristina, «la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país». Aclara que “nadie está hablando de desconocer deudas” y reitera que el peronismo y su momento kirchnerista ha pagado a lo largo de la historia las deudas que generaron otros gobiernos. Como legisladora y Presidenta, “siempre voté de acuerdo a mis ideas y convicciones, lo que no pocas veces me deparó algún que otro inconveniente. Hoy, como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”.
El Poder Ejecutivo entiende que:
El acuerdo podría firmarse antes de fin de año.
No habrá pagos al FMI antes de 2024.
La Argentina podrá usar los 4.300 millones de dólares de la última ampliación de los derechos especiales de giro (DEG) para paliar las consecuencias de la pandemia, tal como se dispuso al anunciarse en Washington su emisión. El FMI devolverá al país lo que ya haya pagado.
Aumentará cada año el presupuesto dedicado a salud, educación y obras públicas.
No habrá reforma previsional ni laboral.
Al mismo tiempo se reducirá el déficit primario, por el crecimiento de la economía, del consumo y de la recaudación.
Para cumplir con los pagos que comenzarán dentro de tres años, el país contaría con asistencia crediticia por 26.000 millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina.
También está abierta una negociación con los Emiratos Árabes Unidos para un swap de monedas como el que la Argentina tiene con China. Turquía está haciendo otro tanto, aunque el paquete argentino sería cuatro veces mayor. El canciller emiratí se reunió en el Congreso con Sergio Tomás Massa.
Además, el país recibiría fondos del fideicomiso de resiliencia y sustentabilidad que decidió crear el FMI.
Más recursos provendrían de la relación bilateral con otros países que no necesitan los DEG que les asignó el FMI, como México, Portugal, España, Francia y la Federación Rusa, aunque no se conoce el avance de las respectivas negociaciones.
Cualquier mejora futura de condiciones que acordara el FMI a otro país miembro se extendería a la Argentina.
Estados Unidos dejó saber que no vetaría en el directorio del FMI los términos que la Argentina acordara con los equipos técnicos y con la dirección que ejerce Kristalina Georgieva.
Por supuesto, habrá que verlo por escrito, sin ingenuidad ni voluntarismo.
Crecimiento y distribución
En cada acto público y en los medios que no forman parte del dispositivo de acoso y derribo, el gobierno destaca la recuperación económica, el crecimiento superior al 10% para este año, por encima de todas las previsiones tanto propias como ajenas; la mejora interanual de la construcción y de la industria; el récord del comercio exterior, por cantidades y por precio; la explosión de consumo en los shoppings; las nuevas inversiones directas extranjeras; la mayor integración nacional de autopartes; la creciente exportación de servicios basados en el conocimiento; los niveles récord de producción, venta y exportación de maquinaria agrícola.
¿Cómo se explica, entonces, que el justicialismo haya hecho la peor elección de su historia, al menos en la parte en que no padeció proscripciones? Acerca de la distribución de esos progresos económicos, desde el oficialismo sólo se afirma que el salario le ganará este año a la inflación. Esto es cierto para los trabajadores formales de algunos gremios poderosos, pero no como un rasgo general de la economía.
Aun cuando así fuera en 2021, cuyos números estarán disponibles el año próximo, está pendiente la recuperación de lo perdido en los cuatro del macrismo, cuando el salario real de los trabajadores registrados cayó el 16,8%. Comenzó a recuperarse en el primer trimestre del actual gobierno, pero volvió a bajar con el aislamiento impuesto por la pandemia a partir de marzo de 2020. El promedio de los trabajadores perdió el 20% del poder adquisitivo de sus ingresos desde la noche en que Cristina se despidió de una multitud en la Plaza de Mayo. La merma fue mucho más pronunciada entre los estatales (-29% entre aquel día y el primer año del actual gobierno) y rondó el 33% para aquellos sin un empleo formal.
Por qué se gana y se pierde
Dentro de tres semanas se cumplirá un año del acto en el estadio único de La Plata, en el que Cristina dijo que era necesario “alinear salarios y jubilaciones con precios, sobre todo de alimentos, y tarifas”, para que el crecimiento esperado en 2021 “no se lo queden tres o cuatro vivos”. También dijo que “el 65 ó 70% de la actividad económica la mueve la demanda, que sólo puede lograrse con buenos salarios y jubilaciones, y con precios accesibles de los alimentos. Se puede hacer, como lo hicimos durante doce años y medio. Y por eso volvimos, además de por la unidad. Si uno no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa cómo ir”. Faltaban nueve meses para las primarias abiertas de septiembre de 2021, donde aquella advertencia se materializó en forma contundente.
Nueve meses antes de las PASO, la advertencia de Cristina en La Plata.
Es posible analizarlo con mayor detalle, cotejando la cantidad de personas empleadas por el sector privado, entre 2003 y 2021, y las remuneraciones percibidas. Estos cuadros ayudan a entender mejor qué quiere decir la trifecta mediática cuando afirma que las elecciones de este año marcan el final de un ciclo político. Lo que dan por terminada es la era del pleno empleo y las altas remuneraciones.
La semana pasada, el autor teatral Roberto Cossa publicó en El Cohete a la Luna un artículo en el que expresa su temor de que cuando los intelectuales progresistas de clase media como él se acercan al peronismo, los trabajadores se alejen. Al día siguiente recibió el llamado de un funcionario de la presidencia, quien lo invitó a tomar un café y le dijo que lo mismo estaban discutiendo los peronistas. Sería pertinente agregar que el funcionario proviene de otra fuerza política, si no fuera porque hace ya medio siglo Perón dijo en una entrevista célebre que “peronistas somos todos”. Si cumple con la invitación al café, valdría la pena preguntarle si los trabajadores se están alejando del peronismo o si el gobierno en el que este hombre tiene un rol prominente no se alejó de los trabajadores.
El primero de los cuadros muestra la cantidad de personas ocupadas en el sector privado registrado, por rama de actividad en siete momentos decisivos:
2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner;
2007, cuando lo sucedió CFK;
2011, cuando ella fue reelecta con el mayor porcentaje de los votos, 55%, y la mayor diferencia con la segunda fuerza de la democracia post dictatorial (casi 40 puntos), sólo por detrás del último Perón y su asombroso 62% de 1973.
2015, año en que la ofensiva neoliberal y la falta de una fórmula representativa del proyecto en curso permitió la llegada al gobierno del hombre de negocios dudosos con el Estado Maurizio Macrì.
2019, cuando la resistencia popular a sus políticas, su brutal manejo de la economía, y la inteligencia táctica de Cristina impidió que gozara de un segundo mandato para completar su obra destructiva.
2020, primer año de gobierno de Alberto Fernández, y
2021, el estado actual del empleo privado registrado.
Empleo y salarios
Hay una pauta que se repite: en casi todas las ramas de actividad el empleo privado crece entre 2003 y 2015 y declina o se estanca a partir de allí, con picos llamativos en la industria metalúrgica, la construcción, el comercio. Entre las escasas excepciones sólo se pueden destacar los servicios vinculados con la asistencia social y la salud, como consecuencia de la pandemia, la enseñanza privada y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Esto es aún más notable si se cotejan los salarios que cobraban esas personas en cada uno de los años seleccionados.
Remuneración promedio trabajadores privados registrados por rama de actividad, en dólares
Entre 2003 y 2015 hay ramas en las que el salario medio se cuadruplicó (el conjunto de la Industria Manufacturera, Construcción, Comercio, los Bancarios), quintuplicó (Minería, Servicios de Electricidad, Gas y Agua, Gastronómicos, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones) y hasta sextuplicó (Camioneros). El RIPTE (remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, que perciben los trabajadores en relación de dependencia, declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, que se toma en cuenta para el cálculo de jubilaciones e indemnizaciones) creció cinco veces, y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, casi siete veces.
También fue general el movimiento inverso a partir de 2015, cuando las remuneraciones en casi todas las ramas se redujeron a la mitad, igual que el RIPTE y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En 2021 estos dos últimos rubros cayeron aún más respecto del final del macrismo: el RIPTE de 884 a 876 dólares y el Salario Mínimo, Vital y Móvil de 285 a 265 dólares. En la Industria Manufacturera, Construcción, Comercio, Transporte, Servicios de Electricidad, Gas y Agua, el salario también volvió a caer.
Si estos datos se vuelcan en un gráfico con distintos colores por rama de actividad, la conclusión es impactante. Algunas tuvieron mejor desempeño que otras, pero todas repiten el mismo diseño: fuerte mejoría entre 2003 y 2015; caída abrupta a partir de entonces y suave desde que concluyeron los experimentos del macrismo sobre seres vivos, en 2019.
Tres o cuatro vivos
Aquella frase de Cristina sobre el crecimiento y quiénes se lo apropian resonaron el miércoles pasado en Campana. Ante la complacida mirada del mandamás de la UIA, Paolo Rocca, y del gerente que la preside, Daniel Funes, un abogado de empresas cuya especialidad es la racionalización de personal, la reducción de derechos y el ajuste salarial, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, les anunció que como el crecimiento de este año recuperará todo el empleo perdido en la pandemia, en 2022 no se aplicarán ni la prohibición de despidos (que el año pasado Rocca desacató, en desafío al gobierno) ni la doble indemnización. Pero el Ministro de Economía no está de acuerdo: cree que es razonable levantar la prohibición absoluta, pero sin eliminar la doble indemnización, ya que, de concretarse el apresurado anuncio de Moroni, se produciría una masacre y una fuerte conflictividad en los lugares de trabajo.
Esto realza la funcionalidad de los dos sectores que organizaron la plaza del 17 de noviembre: una dirigencia sindical más preocupada por los beneficios estamentales que por la conservación del empleo y el salario, y movimientos sociales especializados en administrar la miseria, como intermediarios entre los fondos estatales y las personas necesitadas de ese auxilio. No es descaminado listarlos entre los principales responsables del mal desempeño en las elecciones.
Esta lectura no es unánime en el gobierno. El Presidente, que en los últimos días ha tenido diálogos a fondo con la Vicepresidenta, telefónicamente, y con su hijo, Máximo Kirchner, en RPO, cree que la principal causa del mal desempeño electoral debe buscarse en el stress postraumático de la pandemia, equivalente al de una guerra, y asume como un error propio no haberlo advertido a tiempo. Cita en ese sentido un consumo de antidepresivos superior en un 25% a lo habitual, y un incremento del 13% en el suicidio de adolescentes y señala sus diálogos con dirigentes de otros países, como Jill Jacobs de Biden, Emannuel Macron y el ex juez y ministro Baltasar Garzón, quienes le describieron cuadros similares en Estados Unidos, Francia y España.
En el encuentro con Kirchner, Alberto fundamentó su predilección por las elecciones primarias para elegir las candidaturas a todos los cargos en 2023, de lo que no se excluyó. Ese año se cumplirán dos décadas de la asunción de Néstor Kirchner y cinco de la de Raúl Alfonsín. En esos últimos 20 años, 16 habrán sido con gobiernos que define como kirchneristas. Cuando Fernández comenzaba su militancia política, el peronismo sufrió un duro golpe con la derrota de un político conservador para la presidencia y de un matón sindical en la provincia de Buenos Aires. Esto forzó a una renovación, que encarnaron en los años siguientes Carlos Grosso, Carlos Menem y Antonio Cafiero. Alberto plantea que esta vez la renovación debe darse en el momento de la elección presidencial, no después de una derrota, y que las primarias son el mejor método para ponerla en práctica. Le dijo a Máximo que ellos podrían ser los mayores beneficiados, pero no es seguro que lo haya convencido.
La carne y el Fondo
Liberado de todo cargo formal, Juan Pablo Biondi opera con mayor libertad, a través de medios con terminales lejanas al interés público, como Infoemba. Pero aunque algunos antiguos asociados le respondan, el ex Secretario de Comunicación no puede impedir que poderes superiores hagan sentir su influencia bajo el mismo sello. Fue evidente en la llamativa cobertura sobre el acto en el Día Internacional de la Construcción, que se realizó en la restaurada confitería del Molino. According to Daniel Hadad’s website, a los asistentes «los sorprendió el discurso del primer mandatario, considerado poco preciso. En cambio, ponderaron, en el lujoso salón, las palabras que había brindado, minutos antes, Sergio Massa. El titular de Diputados le aseguró a la CAC y a la UOCRA que se aprobarán, en lo sucesivo, dos proyectos que estaban esperando hace meses, con prioridad para la postergada prórroga del blanqueo de capitales, que en el sector consideran extremadamente importante; y la creación de un fondo hipotecario que facilitará créditos con tasas accesibles para la construcción. (…) Más allá de la ausencia física de Alberto Fernández [quien se comunicó por pantalla], recibieron el discurso presidencial con sabor a poco».
Mientras en una nota apuntan contra Cristina, en otra le disparan a Alberto. Es llamativo no advertirlo, y poco inteligente alimentarlo.
El Índice de Precios al Consumidor, y en especial la canasta de alimentos, tiene una incidencia política imposible de disimular o exagerar. Durante la campaña electoral de hace dos años, un cartel cambiemita afirmó que la reelección de Macrì aseguraba no volver al pasado. Un chusco borró la P y la consigna se viralizó.
El Monitor de Precios del Centro de Economía Política (CEPA) muestra que los precios de la carne vacuna al mostrador crecieron el 75% en 2020 y otro 35% en el primer semestre de este año, bien por encima de la inflación. El congelamiento dispuesto por la secretaría de Comercio frenó las subas e incluso forzó una leve baja.
Pero aún así los incrementos excedieron largamente al nivel general de precios, y en noviembre volvieron a registrarse subas alarmantes. En ese contexto, el Secretario de Comercio Roberto Feletti dijo que estaba en consideración un incremento de las retenciones para la exportación de carne vacuna. Su nivel actual es del 9% y el Poder Ejecutivo puede subirlo hasta el 15% sin consultarlo con el Congreso. No hay otro instrumento más eficaz para desacoplar los precios internos de los internacionales. Le respondió públicamente el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Dijo que Feletti había teorizado, y que un funcionario no debería pensar en voz alta sobre temas en análisis. Consultado para esta nota, Kulfas dijo que su desacuerdo no fue con la hipótesis del incremento de las retenciones, que es una de las posibilidades en estudio, sino con su discusión pública cuando no hay nada decidido. Prometió más precisiones, que al cierre de esta edición, cerca de la medianoche del sábado, no llegaron.
La portavoz Gabriela Cerruti anunció que pronto habría novedades sobre el precio de la carne. Como quien dice que pasarán cosas. Se comprende: lo que no hay es consenso entre los ministros. Kulfas no es entusiasta de las retenciones, el Ministro de Agricultura Julián Domínguez se opone en forma tajante a su aumento. Por el contrario, las cadenas agroindustriales de la soja, el maíz, el girasol y el trigo reclaman una rebaja gradual de las retenciones. Pero Guzmán coincide con Feletti: en este momento son necesarias.
Cada episodio tiende a interpretarse sobre el eje de la relación entre los integrantes de la formula electa en 2019, lo cual no siempre responde a la realidad. Desde RPO se intenta afirmar la autoridad presidencial, que nadie con alguna relevancia discute. Pero desde el Senado se prevén las consecuencias de las decisiones. Al terminar el acto del 17 de noviembre en la Plaza de Mayo, Alberto declaró a los periodistas que le salieron al paso cuando regresaba a su despacho que esperaba el tratamiento por el Congreso de un paquete de leyes elaboradas en el Consejo Económico Social: de hidrocarburos, de desarrollo agro-industrial, de electromovilidad y de la industria automotriz. Todas procuran un incremento de la inversión que permita el crecimiento de las exportaciones, un objetivo central del gobierno, que Kulfas expuso en octubre del año pasado en el documento El desarrollo productivo en la Argentina pospandemia. A partir de la página 18 se refiere a las exportaciones. Para el editor de Clarín Rural, Héctor A. Huergo, quien presidió la Asociación Argentina de Biodiesel e Hidrógeno, el levantamiento del cepo a la carne y la adopción por el gobierno del programa del Consejo Agroindustrial Argentino constituyen «una capitulación del gobierno ante el sector tantas veces vilipendiado». Ese proyecto descarta cualquier modificación impositiva. Su aprobación por el Congreso es por ahora sólo conjetural.
En una o dos semanas, el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso el proyecto plurianual que anticipó Alberto, con las líneas centrales de la negociación con el FMI. Su tratamiento no podrá disociarse de la consideración del Presupuesto 2022, que ya ha tenido entrada en el Palacio Legislativo, y de las cuatro leyes mencionadas por Alberto. Ese será el momento en que sin picos, palas ni serruchos, llegue para gobierno y oposición la hora de la verdad.
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