Por Raúl Dellatorre –
La negociación con el FMI entró en una etapa clave, no por la inminencia del acuerdo ni porque venza ningún plazo, sino porque ya se han agotado las posibilidades de alcanzar más coincidencias en la mesa de discusión. La línea roja que trazó el gobierno argentino es el programa fiscal propuesto para la reducción gradual del déficit primario (ingresos y gastos de la administración central, antes del pago de intereses de la deuda) pero en base a la mejora en la recaudación (como resultado del crecimiento económico), y no a partir de recortes del gasto público. El FMI insiste en su receta tradicional: llegar al equilibrio fiscal por el atajo de recortar las partidas para transferencias a la actividad económica, los programas sociales y las compensaciones a la seguridad social. “Si no aceptan nuestro programa fiscal, que es el único que garantiza seguir por el sendero de la recuperación económica, no hay acuerdo”, definió ayer, tajantemente, un integrante del elenco oficial que participa directamente en las conversaciones con el organismo de crédito internacional.
No fueron las palabras que utilizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su detallada exposición ante los representantes de gobiernos provinciales, pero dejò expresada la misma idea. “Resolver el problema del déficit sobre la base de la recuperación de la economía es el camino virtuoso; lo que pide el Fondo Monetario es diferente. Es un programa que, con alta probabilidad, detendría el ciclo de recuperación. Lo que propone es, esencialmente, un ajuste del gasto real”, describió.
Guzmán aseguró que en otros aspectos de la negociación hay un virtual acuerdo, pero no habló de plazos de repago de la deuda (aunque se sabe que el gobierno nacional pidió postergar los primeros vencimientos hasta el año 2026). Eligió poner el acento en la postura que presenta el gobierno de no retroceder en lo que respecta a su programa fiscal, atendiendo a la necesidad de contar con recursos públicos para ejecutar las políticas de fomento al crecimiento y al desarrollo económico con inclusión social. Objetivos para los cuales, entiende, es imprescindible la activa participación del Estado. En ese punto, el ministro recibió el respaldo explícito de varios gobernadores que intervinieron después de su exposición.
La conducción económica plantea la pulseada con el FMI partiendo de la comprensión que en una disputa “mano a mano” con el Fondo no tendría chance alguna de lograr el más mínimo resultado favorable. “Las renegociaciones entre los países deudores y el poder financiero mundial son siempre muy desiguales, en general con malos resultados para los primeros”, suele repetir Martín Guzmán en sus exposiciones, basado en sus propias investigaciones en la Universidad de Columbia, en los años previos a ser convocado para hacerse cargo del Palacio de Hacienda.
“El poder financiero mundial es el enemigo más poderoso, porque armó una estructura financiera mundial a su entera conveniencia, y el FMI es parte de esa estructura”, suele manifestar Guzmán en sus exposiciones. “Que el FMI esté en la Argentina, además como acreedor de una deuda insostenible, es un gran problema, que tenemos que resolver sin perder la soberanía de poder construir una política económica para el crecimiento y el desarrollo. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía”, dijo Guzmán en una exposición reciente ante un reducido auditorio.
Este miércoles, ante los gobernadores, no usó esos mismos términos, pero ese es el marco en que se expresó al explicar la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una unidad nacional para defender determinados principios en este momento clave de la negociación.
Eso en el plano interno, buscando que el gobierno no enfrente solo esa pulseada. Con el mismo sentido, se apunta a un respaldo parlamentario que se reclamará no sólo para el acuerdo final, cuando se alcance, sino para cada uno de los elementos componentes del mismo: Carta de Intención, Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando de Entendimiento, cada uno de los cuales implica diferentes niveles de compromisos ante el organismo. A ello se agregará el programa económico plurianual, con los objetivos en materia económica y social “irrenunciables” que no podrán ser afectados por el acuerdo. Todo ese paquete será sometido a la opinión del Congreso, explicó con precisión Guzmán en el Salón del Bicentenario.
En el plano externo, también se busca generar consensos en el cuestionamiento a la legitimidad de los argumentos y reglas impuestas por el FMI. Repasó las conclusiones de la evaluación técnicas que hizo el propio FMI sobre el acuerdo de 2018. “No se cumplió ninguna de las metas de estabilización previstas, eso nos coloca en una mejor posición para seguir negociando”, señaló.
También ironizó sobre el papel teórico del Fondo y el que tiene hoy ante Argentina, recordando que fue creado para auxiliar a países con dificultades en su balanza de pagos. “Hoy Argentina no debería tener ningún problema: tiene superávit comercial, con récord de exportaciones y en alza, crecen las reservas, renegoció su deuda externa con el sector privado. El único problema es la deuda insostenible con el Fondo. No son la solución, son el problema. Le estamos pidiendo al Fondo que nos financie para pagarle la deuda a ellos mismos. Se invirtió la lógica y su relación con los países miembros. Pero sólo con los emergentes, no con los países más desarrollados”.
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