De la Redacción de Contrapoder –
El Consejo de la Magistratura terminará la próxima semana de consensuar un reglamento para que los abogados de todo el país elijan a sus nuevos representantes en el organismo, tal como dispuso la Corte en el fallo que declaró inconstitucional su composición y le ordenó volver a un esquema de veinte miembros.
“La Corte se equivocó”, evaluó en la última reunión del Consejo el representante de los jueces, Alberto Lugones, ante las dificultades que plantea el plazo de 120 días que fijó el tribunal para que se celebren las elecciones entre letrados, jueces y académicos para lograr el “equilibrio” en la relación de fuerza.
Tanto la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), en audiencia con el Consejo, plantearon la dificultad de desarrollar elecciones entre todos los profesionales matriculados.
Al respecto, consignaron que se trata de un universo de casi 200 mil profesionales del derecho que están ubicados a lo largo de todo el país, y que la compulsa debería llevarse a cabo en menos de cuatro meses.
El Consejo, que volverá a reunirse el próximo martes, corre detrás de la decisión de la Corte que dispuso que para mediados de abril, el organismo debe volver a la composición de veinte miembros y para ello debe incorporar, además del presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, a dos representantes de los abogados (uno por Capital Federal y otro por el interior); a una jueza y a un académico.
En el caso de los jueces, será una representante mujer la que debe ser elegida para equilibrar la composición de género en el sector.
Actualmente, hay tres representantes de magistrados hombres: el mismo Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo.
El Consejo fijó el 8 de abril como fecha tope para que los magistrados celebren la elección de su representante y dejó a su arbitrio también la fecha límite para la postulación de candidatas y la confección del padrón.
A diferencia de los abogados, los jueces calculan una base de electores cercana al millar, que estiman permitirá una elección ágil y un escrutinio relativamente sencillo en comparación al recuento que deberán enfrentar los letrados particulares, que tuvieron una asistencia de 25 mil profesionales en la última elección al Consejo.
De las tres elecciones que deben organizar y validar el Consejo por mandato de la Corte, la del representante académico será la más sencilla ya que es el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades nacionales y provinciales, quien debe elegir su representante.
Esta planificación electoral podría modificarse si el Congreso sanciona, antes del 15 de abril, una ley que disponga la integración del Consejo en atención a los principios de equilibrios entre los sectores que la Corte evaluó inconstitucional sobre la base de los trece miembros actuales.
El Gobierno prepara su propio proyecto de ley que podría enviar al Congreso Nacional luego que en los próximos días realice su convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya este tema en la agenda para que se tratarán desde el 20 de Enero hasta el 28 de Febrero, según señalaron fuentes parlamentarias.
Hasta ahora la la primera iniciativa parlamentaria en este sentido la presentó el titular del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, el miércoles pasado, proponiendo volver a los veinte miembros anteriores a la reforma de 2006 que los dejó en trece.
Negri propuso en su proyecto volver a la composición de un representante del Poder Ejecutivo; cuatro diputados y cuatro senadores, de los cuales cada cámara del Congreso debe elegir dos integrantes por la primera minoría, una por la segunda fuerza y otro por la tercera fuerza; cuatro abogados, dos por la Ciudad y dos por el interior; cuatro jueces con idéntico criterio; dos representantes académicos; el representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte, en este momento, Horacio Rosatti.
El proyecto de Negri apenas difiere del formato del Consejo previo a la reforma de 2006, en que los representantes del sector académico deben ser miembros de alguna de las facultades de Derecho y que uno de ellos debe asumir la representación de la academia en su conjunto.
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