Por Horacio Verbitsky –
El viernes 4 terminó de firmarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 57.000 millones de dólares contraída durante la presidencia de Maurizio Macrì, de los cuales sólo llegaron a entregarse 44.500. El 1° de marzo, al inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Congreso, Alberto Fernández comunicó que “aún hoy seguimos negociando” dado que en el contexto mundial “defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que 5 minutos”. Esa explicación alude a una de las ligerezas de Macrì, cuando dijo el año pasado que él lo arreglaría en 5 minutos.
Para su récord personal esos 300 segundos son una enormidad, casi el doble de los que le insumió anunciar un acuerdo con el Fondo que aún no se había cerrado, por cadena nacional, en mayo de 2018.
El jueves sólo se difundieron los comunicados paralelos del Ministerio de Economía y del staff técnico del Fondo Monetario. “El staff pide cosas nuevas todo el tiempo”, rezongó una fuente muy próxima al Presidente. Seguían faltando los anexos, es decir el Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando Técnico de Entendimiento Técnico, que preceden a la Carta de Intención. En la noche del jueves 3, los anexos seguían en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde se controlaba la traducción, no se aclaró si del castellano o el inglés. A la misma hora, Sergio Massa volaba hacia Tucumán para hablar con el jefe de gabinete Juan Manzur. Durante la tarde, Massa transmitió al Poder Ejecutivo una propuesta del presidente UCeReísta, Gerardo Morales, de convertir los Memoranda en meros anexos informativos, y no someterlos a votación. De ese modo, el gobernador jujeño esperaba aislar a Macrì, con quien almorzó ese día. Pero el Ministro de Economía Martín Guzmán se opuso y el Presidente lo respaldó, de modo que el texto final enviado el jueves sólo divide en dos artículos distintos la aprobación del acuerdo y su contenido especificado en los Memoranda. Esto favorecería la aprobación en general y no en particular, en la línea de la propuesta de Elisa Carrió. Pero Guzmán hizo una aparición pública para aclarar: “Algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa”. Se diría que hablaba hacia las filas propias y no a la oposición.
Los documentos que llegaron al Congreso y a la prensa pasado el mediodía del viernes confirman casi todos los trascendidos de los días previos.
Sobre el crecimiento:
Si fuera superior a lo previsto:
Acerca del déficit primario (antes del pago de las deudas):
Respecto del financiamiento monetario de ese déficit (es decir mediante emisión de dinero):
En una primera lectura con la presión del cierre, se destaca la eliminación de buena parte de las consideraciones sobre las tarifas de gas y electricidad y los subsidios, contenidas en el borrador del 12 de febrero. Este fue el el momento en que la cuerda se tensó al máximo. El Fondo exigía una cuantificación absoluta desde el punto de vista de la disminución de los subsidios, y el gobierno se negó a correr la mira de los consumidores. Según el borrador, «desarrollaremos, con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector, anclado en nuestro objetivo de recuperación de costos», pero ese párrafo desapareció del texto final.
Tal como anunció el Presidente, se intentará aplicar la segmentación con el criterio de
eliminar la totalidad del subsidio al consumo residencial del decil más próspero de la sociedad;
aumentar poco más del 20% a la base carenciada de la sociedad, y
alrededor del 40% a la franja intermedia.
Estos últimos dos valores surgen de asegurar que en ningún caso los aumentos serán superiores al 80% de la mejora salarial, y en el caso de quienes están en la lona, la mitad de ese porcentaje. De este modo, se cumpliría con la promesa de que el salario y las jubilaciones le ganen a la inflación, tal como viene ocurriendo en las paritarias de los trabajadores formales. Esto no asegura que todos los consumidores puedan pagar esas facturas, difiere la recuperación de todo lo perdido durante el cuatrienio negro a un futuro distante y ensombrece las perspectivas electorales para una fuerza política cuya intención reparadora está sujeta a demasiadas restricciones.
Tal vez las claves sean el tope a la progresión del Producto Interno Bruto que el Fondo impone. Fue para liberarse de ese corset que el primer kirchnerismo pagó de un saque la factura pendiente con el FMI y le inyectó la máxima presión a la máquina del crecimiento por vía del consumo y el mercado interno. El actual gobierno repite que sólo se puede pagar con crecimiento, pero la letra del acuerdo con el Fondo dice lo contrario, salvo que el gobierno contemple incumplirlo en ese punto, lo que estaría muy bien y colocaría al FMI en un dilema. ¿Cómo predicarle a un país tan golpeado, que no debe crecer al 10 o al 7%, sino cuatro o cinco veces menos? Este largo proceso ha iluminado con la intensidad de un relámpago las prácticas perversas del organismo.
Desde Madrid, el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, le dijo al diario El País que el acuerdo «es el comienzo de la solución. Evita una catástrofe en lo inmediato», pero que el FMI tiene que comprender que «la Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza».
El principal ideólogo de la economía albertofernandista no es Martín Guzmán sino Matías Kulfas, quien no comparte mucho más que las iniciales con Máximo Kirchner. Cree que es posible armonizar los tres componentes de la demanda agregada, consumo, exportaciones e inversión, para asegurar un crecimiento con inclusión. Alberto expuso esa convicción hace seis meses, en su presentación ante la UIA. Ojalá tuviera razón. En todo caso esas son las cosas que vale la pena discutir y no el rosario de anécdotas personales que apasiona a políticos y periodistas, rendidos ante la lógica de los magazines de chimentos de la telebasura vespertina.
Virtud o menoscabo
Tanto la extensión de la porfía entre la Argentina y el Fondo como la retórica de los sucesivos gobiernos, excluyen cualquier similitud. Lo que para unos es virtud, los otros lo presentan como menoscabo. Alberto celebró en el Congreso que no exista esta vez compromiso de aplicar tarifazos, reformar las leyes laborales, previsionales ni impositivas y que la inflación sea reconocida como un fenómeno multicausal. Pero los economistas que participaron en el encuentro del PRO en la residencia de Macrì al concluir la Asamblea Legislativa sostuvieron que, por esa misma razón, el acuerdo debía ser rechazado. En una nota que se pretende informativa pero de neto corte editorial, el matutino La Nación lo explicitó sin vueltas. «Si el Fondo hubiera tenido libertad plena para escribir la letra final del programa, el ajuste fiscal habría sido probablemente más veloz y el plan seguramente habría incluido un menú de reformas ausentes: una nueva carta orgánica para el Banco Central para darle más independencia, una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva. Todo eso quedó afuera», deplora. En la Asamblea Legislativa, además de congratularse por la ausencia de una reforma laboral, lo cual fue aplaudido por la troika que encabeza la CGT, Alberto anunció en envío al Congreso de un proyecto de ley de empleo joven. «No conozco el texto. Pero en general toda buena intención de promover o incentivar el empleo en un determinado segmento suele ir acompañado de recortes en derechos o cargas sociales como única herramienta. No me animo a decir que es una reforma laboral, pero no comparto ese tipo de leyes», opinó consultado para esta nota un especialista en legislación del trabajo.
Otra diferencia no menor es que Macrì tomó la deuda por sí y ante sí, mientras Fernández rema solo contra la corriente en un bote muy cargado, para conseguir la aprobación del Congreso. Es lo que distingue al autoritarismo de la nueva derecha liberal neo, del consensualismo democrático, como forma de procesar los conflictos de la sociedad.
Es una prueba extenuante: cada número, cada coma del acuerdo y de sus anexos deberán pasar el triple escrutinio de los representantes elegidos por el voto del pueblo, del staff técnico del Fondo y de su Junta Directiva, integrada por los países del mundo asociados a la institución, entre los que la superpotencia tiene poder de veto. Casi un reality de supervivencia extrema. Todavía no está claro si volverá a jugarse cada tres meses durante dos años y medio. El Acuerdo de Facilidades Extendidas incluirá cuatro años de gracia y repagos semestrales iguales desde 2026 hasta 2034.
Mañana a las 14 informarán en comisión el jefe de gabinete Juan Manzur, el ministro Guzmán y sus colaboradores; el martes serán escuchadas organizaciones gremiales de trabajadores y de patrones, asociaciones sociales y los gobernadores que deseen participar y el miércoles se intentará llegar al dictamen, que el gobierno espera tener no más allá del jueves.
El techo al crecimiento que pone el Fondo, la brusca reducción del déficit y de la emisión que reclama y el compromiso de que si los resultados son mejores la diferencia se aplicará a acelerar la reducción del déficit, de modo de liberar divisas para cancelar deuda, miden la distancia entre las bellas palabras de los discursos y de los comunicados y la insensible lógica de los números. Es una incógnita a develar, si son compatibles o describen, cada cual en su propia lengua, realidades distintas.
Las palabras y las cosas
El comunicado del FMI del 28 de enero ya dio por alcanzado el entendimiento con la Argentina, y lo mismo hicieron ese día el Presidente y el Ministro de Economía. Pero dos semanas después, un borrador del Memorando de Política Económica y Financiera aún contenía rubros fundamentales entre corchetes o con puntos suspensivos, incomprensible si se hubiera logrado el entendimiento.
La bancada del PRO se retiró airada del recinto, cuando el Presidente dijo que el acuerdo con el FMI no releva al Poder Judicial de avanzar en la investigación que se inició el año pasado por denuncia del propio Alberto para establecer la verdad y las responsabilidades de ese endeudamiento, que no sólo es el mayor de la historia argentina sino también el más voluminoso otorgado por el FMI a cualquier país del mundo, desde su creación hace 78 años. La avenida más ancha, la más larga, el dulce de leche, la birome el préstamo del FMI y su renegociación sin ajuste. Argentina campeón.
Gerardo Milman, acólito de Patricia Bullrich en el PRO, se quejó chez Macrì: el Presidente “nos pide que colaboremos y nos trata de delincuentes, porque dice que hay que investigar el método con el que Macri llevó adelante un acuerdo similar al que está haciendo él”. Es una comparación insostenible, no sólo por los distintos lapsos de incubación de estos huevos de serpiente y su diferente tratamiento político, sino también por sus consecuencias en los respectivos trámites administrativos. Acaso por eso, la bancada del PRO no consiguió que la siguieran las representaciones UCeReísta ni Cívica Libertadora. Las discusiones sobre el acuerdo no son menos tensas en Juntos por el Cambio que en el Frente de Todos.
Las causas judiciales
La querella que anunció el Presidente hace un año y que presentó el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sigue las huellas de dos expedientes previos. El primero se inició cuando aún gobernaba Macrì, por denuncia del ex director del Banco Central, Pedro Biscay, su ex compañero en el Banco también cesanteado Eduardo Codianni y el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Manuel Murúa. El segundo fue una investigación administrativa realizada luego del cambio de gobierno por la directora del Banco Central, Betina Stein.
Los abogados Augusto Martinelli, Andrés Bernal y Francisco Verbic trabajaron en el recurso de amparo de Biscay, Codianni y Murúa, que fue rechazado por el juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari. Pero ante la apelación del fiscal Rodrigo Cuesta, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictaminó que el Poder Ejecutivo debía entregar la información pública básica solicitada sobre los empréstitos las cláusulas de prórroga de jurisdicción, las características financieras de los acuerdos, de la normativa o actos que habilitaban la suscripción de la Carta de Intención. Después de mucho resistirse, el Ministerio de Economía entregó documentación, de la que surge que:
Ningún acto administrativo expone la decisión de tomar el crédito.
El Presidente Macrì no firmó decreto alguno al respecto.
El primer expediente administrativo fue iniciado nueve días después de solicitar el crédito.
No hay constancia de que existiera un dictamen jurídico previo.
Tampoco consta el dictamen del Banco Central sobre cómo impactaría el crédito que se pretendía tomar en la balanza de pagos.
No hay Resolución alguna del Directorio del Banco Central ni del Ministerio de Economía.
Ni siquiera hay constancia de que se haya suscrito acuerdo alguno: sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos.
Esa Carta de Intención dice que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by”.
La causa se dividió en dos, una por acceso a la información y otra por nulidad de lo actuado, y ambas se añejan desde hace casi tres años en los oscuros cajones de la Corte Suprema de Justicia, que hace lo que quiere y cuando quiere, único poder cuya única sanción posible es la destitución de sus miembros por juicio político. El abogado Verbic señala la ironía de que “estamos por cerrar un acuerdo para pagar otro que no se conoce (más aun, tenemos elementos para creer que no existe) y que el Estado Nacional está condenado a entregar desde septiembre de 2019”. Todos los documentos pueden consultarse aquí.
La investigación del Banco Central, realizada por su directora Betina Stein, concluyó que el acuerdo careció de control de legalidad y de legitimidad, ya que no pasó por el Congreso, no fue incluido en la ley de presupuesto, careció de dictamen jurídico y de evaluación del Banco Central sobre su impacto, tampoco se ajustó a la normativa del FMI, no se utilizó en inversiones fundamentales para el desarrollo económico.
Una comunicación dirigida por el Banco Central a la SIGEN sostiene que del informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado a pedido del Presidente de la Nación, surge que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de 44,5 mil millones de dólares. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45,1 mil millones”.
Al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo anunciaba el acuerdo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti accedió a una solicitud del fiscal Franco Picardi en la querella penal de Zannini y ordenó al Banco Central que informara detalladamente sobre las personas físicas y jurídicas que compraron dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios durante el gobierno anterior para la formación de activos en el exterior.
Los lectores del Cohete ya los conocen porque este fue el único medio del país que publicó esas nóminas, el 24 y el 31 de mayo de 2020. Son datos fundamentales si se desea encarar el pago al Fondo con el aporte de quienes fueron sus principales beneficiarios. Hasta ahora no se conoce que el Banco Central y la AFIP hayan emprendido alguna investigación para determinar si los fondos con que esas divisas fueron adquiridas eran legales.
Tres de los responsables de ese proceso, Alfonso de Prat Gay, Guido Sandleris y Hernán Lacunza, replicaron que la deuda contraída por el macrismo se utilizó para pagar deudas anteriores, que atribuyeron a CFK. Desde el pasado llegó la voz de Nicolás Dujovne para desmentirlos. En junio de 2016, seis meses antes de suceder a De Prat Gay en el ministerio de Hacienda, y tres años antes de que Sandleris lo reemplazara, Dujovne dijo que la Argentina que heredó Macrì tenía un nivel «bajísimo de endeudamiento». Calculó que al concluir el gobierno de Cristina,
la deuda estatal en moneda extranjera no pasaba del 8% del Producto Interno Bruto PBI,
el endeudamiento de las empresas no llegaba a un tercio de su patrimonio,
las familias sólo dedicaban el 5% de sus ingresos al pago de deuda.
Llegó a sostener que era el nivel más bajo del mundo y lo consideró «una bendición».
Ante una observación de su interlocutor en la fundación brasileña del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso, admitió que acaso Corea del Norte o algún país del África subsahariana tuvieran menos deuda.
Que Macrì y sus propaladores insistan hoy con esa versión insostenible sólo prueba la eficacia de una comunicación post-verdadera, en la huella de Steve Bannon y la ultraderecha estadounidense y europea.
Si no hay parangón posible entre las posiciones de Macrì y de Fernández ante el FMI, como señala el mensaje presidencial al Congreso, en cambio es notable el paralelismo entre las gestiones de Menem-De la Rúa y Macrì. Luego de la crisis de 2001, la subdirectora estadounidense del Fondo, Anne Krueger, dijo que el “problema de la Argentina se esperaba, y entonces dio tiempo a que los inversores se acomodaran, y así encontró a los bancos, especialmente, con poca exposición”. Pese a que era evidente que la Argentina marchaba hacia el mayor default soberano de la historia, el FMI le siguió prestando, no por altruismo sino para financiar esa puesta a salvo de los bancos, que disponían de la información que los ciudadanos ignoraban. En el año que duró esa caída en cámara lenta, bancos y grandes inversores sacaron del país tanto dinero como el que el FMI inyectó. Es decir que el Fondo no financió a la Argentina (que luego pagó la factura) sino la fuga de capitales.
En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Macrì dijo que el préstamo descomunal recibido fue una decisión política del gobierno de Donald Trump y los de Alemania, Italia, Francia, España y China, con el propósito de asegurar que la Argentina “saliera del populismo y marcara un rumbo distinto para la región”.
Y el año pasado, ante el mismo medio, admitió que la plata del Fondo “la usamos para pagarles a los bancos comerciales, que se querían ir por miedo a que volviera el kirchnerismo”.
De un Kirchner a otro
Las modificaciones al articulado, para separar la aprobación del acuerdo de los Memoranda que lo explican y condicionan apunta no solo a la oposición, sino también al frente interno. El gobierno dejó trascender el fastidio presidencial ante la distribución de un audio de La Cámpora, con los duros juicios de Néstor Kirchner sobre el FMI y su rol en la historia argentina.
No es simple, porque lo que está en disputa es la identidad kirchnerista que reivindican tanto Alberto como Máximo Kirchner, con dos interpretaciones distintas sobre su significado.
Sin embargo, desde la organización creada por el ex jefe del bloque de diputados del FdT sostienen que ese video es contra el Fondo, no contra el gobierno, aunque no cualquiera capta esas sutilezas. Un segundo video, donde quien habla es el actual diputado Kirchner, apunta en la misma dirección.
Desde su organización también dejan saber los Tres No de Máximo:
No promueve un voto negativo del acuerdo.
No mostrará las posiciones divergentes en el recinto para regocijo de una oposición cuya responsabilidad en la generación del problema nadie discute.
No participará en la movilización que convoca el concejal de Lanús Víctor De Gennaro, del Instrumento Electoral para la Unidad Popular, y varios grupos y personas afines.
Y Wado dijo en Madrid que la renuncia fue una decisión «muy personal» de Máximo, que es respetuoso de las instituciones y que su renuncia a presidir el bloque «fortalece la posición del Presidente en el Congreso».
La refinanciación
El Ministro de Economía Martín Guzmán se dirigió al Cohete, en respuesta a la nota en que se sostuvo que recién el 5 de enero de este año, en su exposición ante los gobernadores, explicó que el acuerdo consiste en la refinanciación del préstamo contraído por Macrì, es decir en el repago de los vencimientos con nuevos fondos prestados por el mismo FMI. Guzmán envió un compilado de entrevistas sobre el tema. “Lamento que no lo hayamos compartido antes”, dijo. Son siete declaraciones previas a la del 5 de enero, de las cuales apenas tres antes de la entrevista en la que Sergio Chodos introdujo el tema:
31 de agosto de 2020: “Buscamos un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo Fondo”.
15 de marzo de 2021: “Necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos”.
24 de octubre de 2021: “El FMI financió la campaña de Macri y ahora el pueblo está pagando la campaña de Macri. Nosotros estamos buscando refinanciar en cuotas que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo”.
18 de noviembre de 2021: “Lo que se busca es recibir fondos para enfrentar todos los vencimientos, capital más intereses”.
19 de noviembre de 2021: “No tenemos la capacidad de hacer frente a los vencimientos programados. Buscamos refinanciar eso, hace falta un acuerdo, que tenga como base nuestra visión de la política económica”.
24 de noviembre de 2021: “El principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el FMI que hay que lograr refinanciar”.
19 de diciembre de 2021: “El principal escollo que enfrentamos en 2022 para continuar con la recuperación es la deuda con el FMI. Necesitamos refinanciarla”.
En ningún caso dijo que esa refinanciación implicaba someter a la opinión del FMI los parámetros fundamentales de la economía interna. Cuando Alberto Fernández se lo señaló, Guzmán repuso que eso “es obvio, se da por supuesto. El FMI no reestructura sus préstamos. Los refinancia”. El Presidente respondió: “Obvio para vos. Yo soy abogado y recién me entero”. Para Guzmán, “lo que importa es el saldo neto. Los pagos que no podíamos enfrentar comienzan a vencer en el próximo mandato presidencial”.
Ya jugado, en su discurso ante la Asamblea Legislativa el Presidente eligió cubrir a su ministro. Dijo que en cuanto ganó las elecciones inició negociaciones «tendientes a refinanciar la deuda con ese organismo», una palabra y un concepto que no figuraron en su discurso inaugural, según la cita que él mismo hizo esta semana.
Es lo que hay.
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