De la Redacción de Contrapoder –
“¿A quién tienen que matar para que la Justicia investigue en esta provincia?”, se preguntó el jefe de los diputados justicialistas Miguel Arias este martes, al cumplirse 8 meses del atentado contra su vida perpetrado en Tapebicuá el pasado 26 de agosto, en los días previos a la compulsa electoral que le diera la reelección al gobernador Gustavo Valdés.
Arias reclamó “independencia” a los jueces y fiscales provinciales y advirtió sobre el peligro de que el asesino siga suelto, afirmando que la causa no registra ningún avance porque “los fiscales de Paso de los Libres, Noelia Lena y Facundo Sotelo, no tienen ningún imputado, lo cual es peligroso porque el asesino sigue suelto sin pagar ninguna consecuencia”.
“El atentado que padecí en Tapebicuá cumple 8 meses y los fiscales Facundo Sotelo y Noelia Lena no tienen ningún imputado ni avances. El asesino sigue suelto, con el peligro que ello significa para otras personas y no solo para mí. ¿A quién tienen que matar para que la Justicia investigue en esta provincia?”, afirmó Arias al expresar un duro mensaje en redes sociales por falta de independencia judicial en la provincia.
“Las pruebas aportadas por la Policía federal no fueron investigadas siendo que podrían esclarecer el caso. Van 8 meses de impunidad porque en Corrientes la Justicia no funciona para la gran mayoría de los correntinos. Nos toca luchar por la independencia de jueces y fiscales de la Provincia”, expresó Arias en su perfil de Facebook.
Durante los ocho meses que pasaron desde aquel atentado, que se produjo en medio del acto de cierre de campaña en Tapebicuá, el poder judicial correntino mantuvo “pisada” la causa; desde un principio las autoridades policiales y judiciales salieron a imponer en los medios una falsa teoría de “autoatentado”, afirmando que el disparo se había realizado desde corta distancia y con un arma corta, buscando de esa manera incriminar a la militancia peronista que asistía al acto.
Incluso hubo una clara presión policial sobre personas muy cercanas al intendente Martín Ascúa buscando incriminarlo en el atentado, a pesar de que todos los testigos aseguraron que el disparo ni siquiera se escuchó en el lugar, lo cual prueba que fue realizado desde afuera del predio, teoría que es apoyada por una pericia de la Policía Federal, que asegura que el tiro se hizo a una distancia estimada en más de 60 metros. Los fiscales tienen en sus escritorio ese informe policial, pero jamás lo tuvieron en cuenta para sostener la mentira, y para poner a salvo al asesino y al actor intelectual del hecho.
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