Por Luis Brschtein –
La preocupación por la “insatisfacción democrática” surgió cuando las nuevas ultraderechas neoliberales capitalizaron ese descontento y crecieron como fuerza electoral y parlamentaria. En el caso argentino, el neoliberalismo extremo del partido de Javier Milei incluye posiciones insolidarias, prodictadura, antiobreras, antiderechos humanos, antifeministas y antiampliación de derechos en general. Es un discurso de odio y antipolítico que desemboca inexorablemente en sociedades ultraviolentas e inseguras.
El debate interno en Juntos por el Cambio está directamente relacionado con ese fenómeno porque muerde su espacio. Pero el debate en el Frente de Todos apunta más a lo social y aunque no está relacionado con la cuestión anterior, está totalmente atravesado por ella, porque se produce frente a una sociedad que está inmersa en ese malestar, –incluso los que están afectados por la temática social– y llega un punto en que perciben ese debate como expresión malsana del cuco de la política.
En el Chaco, Cristina Kirchner fue clara este viernes cuando se refirió a que los medios de la corporación mediática presentan el debate en el Frente de Todos como “pelea”, o “discusión” y más aún, hablan de “pelea por la caja” o “disputa de poder”. Incluso algunos se refirieron al “enojo” de la vicepresidenta. “Nunca actué por mis hormonas –dijo– siempre lo hice por mis neuronas”.
Algunas “confidencias” sobre designaciones en el gobierno sirvieron para demostrar que si se trataba de un problema de disputa de La Cámpora “por la caja” o “de poder”, Andrés Larroque estaría al frente del Ministerio de Desarrollo Social, propuesto por el mismo Alberto Fernández, igual que Wado de Pedro hubiera sido jefe de Gabinete.
La exposición “magistral” de la vicepresidenta –estaba recibiendo el honoris causa de la Universidad de Chaco– intentó sobrepasar la intermediación corporativa y poner el debate que se da en el Frente de Todos en su justo término. No ocultó las diferencias que se plantean, pero fue clara que están referidas a la problemática económica y social en cuanto a los mecanismos para lograr metas que se comparten.
Cada vez que aludió al gobierno habló de “nuestro” gobierno y cuando habló de funcionarios, los calificó de “compañeros”. Señaló que siempre creyó que el país se recuperaría de la caída económica por la pandemia, pero recordó que había advertido que el producto de esa recuperación “no se la lleven cuatro vivos”.
Quedó claro que para Cristina Kirchner, los Estados modernos no tienen todas las herramientas que necesitan para enfrentar nuevas realidades, con el surgimiento y las presiones de poderes fácticos, no democráticos, como los del capital concentrado, los grandes fondos de inversión o las corporaciones mediáticas. Pero recalcó que tampoco se utilizan las que tienen.
La vicepresidenta recordó también que había advertido que sobrevendría una fuerte puja distributiva tras la pandemia y que era necesario alinear, precios, salarios y jubilaciones pero que el manejo oficial de este proceso fue confiar en un consenso muy difícil porque en esa puja intervienen fuertes intereses encontrados.
Un Poder Judicial colonizado
“Cuando el Estado interviene para evitar un exceso corporativo ¿a quién recurre la corporación?”, preguntó. La respuesta fue: “presentan una cautelar en la Justicia”. La problemática de un Poder Judicial colonizado por intereses corporativos o con el funcionamiento de un “partido judicial” fue recurrente en su discurso. Esa imagen del Poder Judicial que se describió el viernes en Chaco, empalmó con la masiva marcha del día anterior en Tribunales para reclamar la remoción de los integrantes de la Corte Suprema y la democratización del Poder Judicial.
Durante la semana hubo cuatro decisiones judiciales que pusieron en evidencia la forma en que el macrismo manipuló jueces y fiscales para perseguir a sus opositores o para tener impunidad en las causas que los involucraban.
Fue anulada una condena a Amado Boudou por la venta de un automóvil de 1993. Una causa que se alargó durante años y que nunca tendría que haber sido aceptada en la justicia, pero que sirvió para desgastar y perseguir al funcionario que recuperó las jubilaciones de las AFJP. Y también se desprocesó a Cristina Kirchner en un tramo de la famosa causa de “los cuadernos”, abierta por el nefasto Claudio Bonadio, uno de los jueces encargados del trabajo sucio del macrismo en los tribunales. En la causa no había pruebas, pero Bonadio procesó a Cristina Kirchner en forma preventiva. Son causas sin sustento, y que solamente sirvieron, con la complicidad de jueces y fiscales, para perseguir a una fuerza política.
En contraposición, por una chicana mínima, el fiscal de la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, aceptó el planteo de Mauricio Macri y pidió su desprocesamiento en la causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan. Ahora deberán decidir tres jueces de Cámara que iban a la quinta de Olivos a jugar al paddle con Macri. En otra causa por espionaje a adversarios políticos del macrismo, estos jueces decidieron que los espías –agentes oficiales de la AFI– habían actuado por cuenta propia.
Al mismo tiempo, la Cámara en lo Comercial paralizó la causa por la deuda de seis mil millones de pesos del Grupo Macri con el Estado por la concesión del Correo que nunca pagaron. En este caso la Corte deberá decidir si el Tribunal Superior de Justicia de CABA, integrado por tres jueces designados por el macrismo, dos de los cuales son militantes del PRO o han sido funcionarios suyos, puede intervenir.
Hay dos causas que nunca deberían haber sido iniciadas por falta de pruebas, pero que se prolongaron durante años con la única finalidad de perseguir a los adversarios políticos del macrismo. Y otras dos donde las pruebas sobran pero que han sido cajoneadas o en las que jueces y fiscales han intentado favorecer a Mauricio Macri.
Son movimientos que se produjeron en la semana, pero hay decenas de situaciones similares que se produjeron y mantienen con la complicidad de la actual Corte. Un tribunal de sólo cuatro personas, que no han sido votadas por nadie, pero que son vitalicios en sus puestos y que actúan por encima del Poder Ejecutivo al anular decretos presidenciales, y del Poder Legislativo, al hacer lo mismo con leyes emitidas por el Congreso.
El Poder Judicial es la institución con peor imagen en la sociedad. Esa es su contribución a la “insatisfacción de democracia”. Y además, el sistema de justicia quedó muy en entredicho en el plano internacional con las advertencias insistentes de la ONU y la OEA al gobierno de Mauricio Macri por la manipulación de jueces y fiscales a través de la Mesa Judicial que encabezaba Pepín Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay.
El momento para democratizar este sistema carcomido hubiera sido en los primeros días del gobierno, pero no se hizo a pesar de coincidir en el diagnóstico.
Estos temas forman parte de un debate legítimo en el seno del Frente de Todos, pero inmediatamente es intervenido y deformado por la corporación mediática, –responsable en gran medida y al mismo tiempo beneficiaria de esta insatisfacción de democracia–. El funcionamiento de estos medios es conocido. El concepto para describir el enojo con la democracia es nuevo, pero inevitablemente pasó a ser parte del ámbito de la política. El malestar lo atraviesa y trastoca el sentido de lo que sucede y debería ser tenido en cuenta cuando se actúa en ese plano.
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