Por Irina Hauser y Raúl Kollmann –
La Corte recibió con sorpresa –y bastante enojo– la ofensiva de los 16 gobernadores que firmaron el documento “Por una Corte Suprema Federal” y que proyecta, aunque aún no existe un texto concreto, un máximo tribunal con más de 20 miembros, tal vez uno designado por cada mandatario provincial. Todo indica que los supremos se opondrán a casi cualquier cambio en el número de integrantes. Algunos de ellos incluso se opusieron antes, cuando comenzó hace más de dos semanas el debate de una reforma en el Senado.
En el Palacio de Tribunales admiten que se trata de una reacción ante las últimas jugadas que encabezó el titular de la Corte, Horacio Rosatti, sobre todo cuando decidió hacerse con la presidencia del Consejo de Magistratura sin la más mínima espera, sin darle algo de tiempo al Congreso Nacional para que trate la ley correspondiente para modificar su composición. Pero, más allá de ese asunto puntual, los gobernadores ven un alto tribunal en total sintonía con el macrismo y avanzando sobre otros poderes.
El fallo de la Corte que declaró inconstitucional la integración que el Consejo tuvo durante los últimos 15 años, producto de una reforma promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, fue votada por el propio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti compartió el criterio de que el organismo tenía un desequilibrio en la integración, pero se opuso a lo que determinó el resto: reponer una ley derogada para que el cuerpo tenga 20 miembros y el presidente supremo quede al frente.
Este jueves el funcionamiento del Consejo con formato resucitado, tendrá un importante test. Se verá la conducta de Rosatti ante lo que él mismo votó en la Corte: reemplazar a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –trasladados y nombrados a dedo por Mauricio Macri– por jueces designados por concurso en la Cámara Federal. La oposición no quiere saber nada con cambios que se produzcan en su sede preferida: Comodoro Py.
Una Corte alineada con la oposición
El documento de los 16 gobernadores reclamando una “Corte Federal” produjo verdadera conmoción. Está claro que los mandatarios provinciales ven que el máximo tribunal está alineado con la oposición y que, por carácter transitivo, jugaría a favor de los planteos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ejemplo sería la cuestión de los fondos que Mauricio Macri le transfirió a CABA por cifras muy superiores a la compensación por el pase a la Ciudad de la Policía Federal. En ese expediente, incluso piden actuar como “amicus curiae”. En una carta que ya habían enviado a la Corte señalaban que al aumentar los fondos coparticipables entregados a la Ciudad de un 1,4% a un 3,5% con la excusa del traspaso policial, Mauricio Macri había violado “los principios de equidad, solidaridad e igualdad en todo el territorio nacional”
Anticipando la batalla de fondo, donde una postura unificada de tantos gobernadores podría colaborar con el logro de una reforma, en la Corte dan a entender que un aumento grande de ministros y la división en salas es inconstitucional porque la Carta Magna habla de una sola Corte, no de que distintas salas puedan dictar fallos por sí mismas.
Esa postura de los cortesanos, también en sintonía con Juntos por el Cambio, presagia que van a dar batalla contra cualquier cambio en la Corte, aún si se consiguieran los votos para ese cambio en el Congreso Nacional. Ya lo hicieron en su momento, en 2013, cuando el Congreso votó la célebre reforma democratizadora de la justicia que, entre otras cosas, modificaba al Consejo, y que los supremos declararon inconstitucional.
Los endebles argumentos de la Corte
En la Corte argumentan que tres de los cuatro integrantes actuales son representativos de provincias, al haber dos santafecinos –Rosatti y Ricardo Lorenzetti– y un cordobés, Maqueda. Y, además, sostienen que en su momento fallaron a favor de Santa Fé, Córdoba y San Luis en la controversia por fondos coparticipables con el Estado Nacional. Fue a fines de 2015, cuando CFK terminaba su mandato. “De esta Corte salió mucha jurisprudencia federal”, afirman.
Los argumentos parecen endebles, sobre todo porque es público y notorio que el máximo tribunal tiene puesta la camiseta opositora, algo que también se verifica por su intervención brutal en la cuestión del Consejo de la Magistratura. Pero también en que a las corridas sacó un per saltum a pedido de dos jueces que son tropa del macrismo –Bertuzzi y Bruglia–, mientras continuaban en espera decenas de causas contra opositores, el expediente de Santiago Maldonado y, además, la Corte ni siquiera intervino en el juicio por las obras viales de Santa Cruz –con Cristina Kirchner como principal imputada–, que se inició sin que hubiera la más mínima pericia.
Quienes están cerca de la Corte tratan de desalentar a los gobernadores y sugieren que desistan del proyecto. Por ejemplo, les dicen que una Corte con más miembros sería ingobernable, que en época de Néstor y Cristina Kirchner se bajó el número de siete a cinco y ahora pretenden hacer el camino inverso, que la designación de más cortesanos es muy difícil “porque hasta ahora ni siquiera pudieron reemplazar a Elena Highton de Nolasco” y que, en cualquier caso, las designaciones le quedarán al próximo gobierno, que podría ser de la actual alianza opositora. “Ya le ocurrió al peronismo en 2015. Cuando asumió Macri retiró los pliegos de los dos jueces propuestos por Cristina, Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse, y metió a los suyos, Rosatti y Rosenkranz. O sea, corren el peligro de que el peronismo consigue los lugares y la oposición, si gana, los llena”.
Un test en el Consejo de la Magistratura
Para insistir en la versión de que podrían impugnar una nueva reforma por inconstitucional, los supremos deslizan que la Carta Magna habla de una única Corte y no de salas distintas que tratan temas distintos. Por supuesto, habrá una fuerte polémica. Los gobernadores analizan modelos de otros países, incluso de la región como Chile, que tiene una Corte con 21 miembros.
Un termómetro del alineamiento del máximo tribunal con el macrismo se verá este mismo jueves cuando se reúna el Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Rosatti. Además del reparto de cargos en las comisiones y la vicepresidencias del cuerpo, será clave la decisión que se tome sobre la marcha de los concursos, en especial los que terminaron hace tiempo, el año pasado, para cargos en Comodoro Py: la Cámara Federal es el caso más peliagudo y donde se verá a prueba el criterio de Rosatti, pero también hay tres juzgados vacantes y seis cargos en tribunales orales de Retiro.
Las ternas están listas pero deben ser votadas por el pleno para ser elevadas al Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio se niega a aprobar a las y los candidatos elegidos porque sus voceros sostienen que Comodoro Py “no se toca”. Es un territorio donde la derecha juega de local. Ahora Rosatti no puede ir en contra de lo que votó en la Corte y debería impulsar la elevación de las ternas. Con su voto y el de los jueces -que no deberían discrepar con el máximo tribunal- se podría avanzar en normalizar la Cámara Federal, copada al extremo por la oposición.
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