De la Redacción de Contrapoder –
El gobierno británico firmó este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión, según los defensores del periodista que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”.
“En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden si no hay ningún motivo que la prohíba”, dijo un portavoz del Ministerio de Interior, al confirmar que el titular de la cartera, Priti Patel, había firmado el decreto para trasladar al australiano, que tiene 15 días para apelar esta decisión.
El portal WikiLeaks calificó de “día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica” la decisión de Reino Unido.
“Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato”, señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.
En ese texto, WikiLeaks anticipó que apelará la decisión, algo que solamente podrá hacer si el Tribunal Superior británico lo autoriza, con la posibilidad de ir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según el vocero del Ministerio de Interior, “los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange”.
“Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión, y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud”, agregó citado por la agencia de noticias AFP.
La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.
Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.
El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano de 50 años puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos clasificados.
Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces.
En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.
Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.
Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.
Organizaciones críticas
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio.
Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, la extradición de Assange corre el riesgo de ponerlo “en un gran peligro y enviaría un mensaje aterrador a los periodistas del mundo entero”.
Stella
Stella Assange, abogada y esposa de Assange, había pedido al gobierno británico que no firmara el decreto de extradición a Estados Unidos.
“Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo”, dijo en un comunicado difundido hoy.
En conferencia de prensa y visiblemente emocionada, aseguró además: “Si es extraditado a Estados Unidos, las condiciones en las que se hallará serán opresivas (…) Ello lo impulsará al suicidio”.
“Julian no ha hecho nada malo. No ha cometido ningún crimen, no es un criminal. Es un periodista, un editor y está castigado por haber hecho su trabajo”, dijo la letrada, que se casó en marzo con Assange, con quien tiene dos hijos, concebidos durante la estancia del fundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.
Stella Assange garantizó que no es el final de la batalla, sino “el inicio de una nueva batalla judicial”.
Snowden
El exanalista de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, también criticó la extradición firmada por el Reino Unido al recordar que “todos los grupos serios de libertad de prensa del mundo protestaron contra eso”.
“Es un símbolo atroz de hasta qué punto decayó el compromiso de los gobiernos británico y estadounidense con los derechos humanos”, añadió Snowden, quien también es reclamado por Washington por espionaje después de que filtrara que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recababan información de los teléfonos de millones de ciudadanos.
En Moscú, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, ironizó: “Es la apoteosis del humanismo, el apogeo de la libertad de expresión. Recuerdo que Assange puede ser condenado a 175 años de prisión por actividad periodística”.
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