Por Laura Vales –
El Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, y La Cámpora cerraron filas para impulsar el proyecto de ley de creación de un Salario Básico Universal. La propuesta plantea garantizar a los trabajadores de bajos ingresos el cobro de una suma equivalente a la canasta de indigencia de un adulto –que fue de 13.763 en abril–, de manera que ningún argentino quede sin ingresos para cubrir su alimentación básica. El proyecto fue presentado en mayo en el Congreso Nacional, y ahora fue difundido en la Legislatura bonaerense con un panel que encabezó Grabois con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque.
“Se dice que falta trabajo, y no es así: trabajo sobra, el problema es que el mercado no lo remunera. La discusión es cómo logramos que el mercado lo pague o que el Estado supla esa falencia”, dijo Larroque al darle su respaldo. También alertó a la dirigencia política que “cuando se encierra sobre sí misma y deja de mirar a la gente, eso termina mal; ya lo vimos en el 2001”.
De aprobarse el proyecto, cobrarían el SBU 7,5 millones de personas, de entre 18 y 64 años: el conjunto que abarcó el IFE y más recientemente el Refuerzo de Ingresos (o IFE 4) de este año.
Es la franja de la población que aún no tiene asegurado un ingreso mínimo como derecho, lo que sí ya fue legislado para los niños –mediante la Asignación Universal por Hijo– y los mayores de 65, con las moratorias para jubilarse y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
La idea del ingreso universal, con una formulación distinta a la que se propone hoy, estuvo muy presente como reclamo en 2001, impulsada por el Frente Nacional contra la Pobreza, que llegó a hacer una consulta popular para instalar el tema. Este año, tras el agravamiento de la concentración económica en la pandemia y en contrapunto con la firma del acuerdo con el FMI, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Darío Santillán volvieron a ponerlo en agenda, como principal reclamo de sus movilizaciones y cortes de calle. Ambas organizaciones integran el Frente Patria Grande. Sus diputados Itaí Hagman, Federico Faggioli y Natalia Zaracho fueron quienes ingresaron este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Hagman es economista, mientras que Faggioli y Zaracho son legisladores que vienen de las organizaciones sociales: Faggioli es un militante que vive en el asentamiento Barrio Pueblo Unido, de Glew y Zaracho es la primera cartonera en ocupar una banca. Expresaron su apoyo al proyecto todas las organizaciones de la UTEP y las de la izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera.
Al sumar su respaldo, los movimientos sociales vinculados a La Cámpora, que no integran la UTEP, anticiparon que llevarán la discusión del proyecto a sus bases. “Vamos a transmitir a nuestros compañeros y compañeras del territorio qué es la ley. Hay que llevar esta discusión a los clubes, barrios, comedores comunitarios, guarderías, al campo, discutirlo con los actores para empoderar y para contrarrestar a los medios hegemónicos. Es como si el Estado no debería tener un brazo, sus dos brazos, para alcanzar a los más desposeídos de nuestra patria. Como militantes populares tenemos la tarea de hacer que esta ley sea discutida y madurada desde abajo hacia arriba, de la periferia al centro, y generar una masa crítica que diga por qué, para qué y con qué”, planteó en la Legislatura Bonaerense Eduardo Montes, de Fetraes. Agregó que “hay que generar una agenda propia y no correr tras la agenda de si el avión voló o no voló, quién estaba y quien no estaba, si Milei, si Canosa. Porque lo que vemos cotidianamente es que abajo estamos mal, muy mal. En un barrio, en un club, en una fábrica los reclamos llegan, tratamos de encauzarlos y no nos alcanza. Generemos masa crítica, generemos política”.
Grabois sostuvo en el panel que “el mundo del pleno empleo no existe más” y aseguró que aún si estuviéramos frente a años de gran crecimiento económico, “aún con todos los aceleradores que pueda tener el empleo asalariado, seguiría quedando mucha gente afuera” del mercado laboral.
El salario universal no está propuesto para todas las personas en edad de trabajar, ni para todos los trabajadores, sino para aquellos que estén bajo la línea de indigencia. Entran los desocupados, los informales, los monotributistas sociales, los trabajadores agrarios y las trabajadoras de casas particulares. También los monotributistas de la categoría la A y para los asalariados que no superen su límite (de 38.850 en 2022), a los que el proyecto destina medio salario básico universal.
El proyecto plantea que el SBU sea compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, pero que no se podrá cobrar al mismo tiempo que la Tarjeta Alimentar, ni el Potenciar Trabajo ni la beca Progresar. Serán filtrados quienes tengan un patrimonio o consumo determinados.
Por otra parte, fija contraprestaciones, como terminar de cursar los estudios primarios o secundarios, capacitarse en oficios o realizar tareas sociocomunitarias.
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