Por Raúl Kollmann –
El fiscal Diego Luciani arrancó este lunes su alegato con una acusación estruendosa, ampulosa, porque supo que era su oportunidad de dar un golpe mediático, más que judicial, teniendo en cuenta que los canales -sobre todo los aliados al macrismo- estarían transmitiendo casi en vivo.
Repitió minuciosamente y de manera vehemente la acusación inicial del caso de las rutas de Santa Cruz, formulada en 2016: una declaración que fue demolida en los tres años de audiencias que lleva el juicio. Sostuvo el fiscal que las licitaciones fueron ficticias -incluyendo las 51 que ganaron las constructoras de Lázaro Báez–, porque contó con la complicidad de otras empresas nacionales –mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Eskenazi– que, según dijo, simularon presentar ofertas, o sea habrían sido colaboradoras de un delito. Aún así nunca se las imputó de nada. Tampoco explicó por qué esas constructoras favorecerían a Báez. Sobre esa base, Luciani afirmó que con esos métodos se constituyó una gigantesca asociación ilícita que, en verdad, incluiría a los gobernadores de Santa Cruz, porque todas las licitaciones se convocaron, adjudicaron y controlaron en la provincia. Tampoco los gobernadores fueron acusados de nada. El razonamiento concluyó en que semejante asociación ilícita sólo podía concebirse con los presidentes Néstor y Cristina Kirchner como jefes.
Como era un discurso para la tribuna, Luciani no se privó de insistir en cuestiones ya desechadas por la auditoría que mandó a hacer el propio macrismo: aquel estudio determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las demoras fueron las mismas que en las demás provincias. Un punto asombroso es que dedicó un largo rato a enumerar las obras abandonadas por Báez al final de 2015: en verdad, fue el macrismo el que dejó de pagarle a todas las constructoras y adelantó que no seguiría con las obras.
Los puntos clave de la acusación de Luciani
La teoría de las rutas que no existen: Los puntos centrales de la acusación del Ministerio Público fueron los originales. Que de manera irregular se adjudicaron 51 de las 81 rutas que se construyeron en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, que con los años fue absorbiendo otras constructoras de la provincia. Luciani hizo énfasis en que buena parte de las obras no se terminaron en tiempo, algo que ocurre en todo el país, entre otras cosas porque el Estado no paga a tiempo o porque no mueven caños o cables que cruzan la traza o porque no se expropiaron los terrenos que corresponden.
La pirueta de los bolsos de López: El problema del fiscal es que en los tres años de juicio nunca se nombró a Cristina Kirchner. Para tratar de saltar ese agujero negro, Luciani exhibió escuchas salidas de la causa en la que el exsecretario de Obras Públicas, José López, fue condenado por los 9 millones de dólares que tiró en el convento de General Rodríguez. El tribunal autorizó a Luciani a usar esa prueba el último día del juicio y es seguro que las defensas argumentarán que no tuvieron ningún control sobre esa prueba y que ni siquiera la fiscalía trajo al juicio a quienes están relacionados con las llamadas. De todas maneras, parece normal que haya referencias a una reunión de un secretario de Estado y una presidenta cuando faltaban días para entregar el poder y seguramente a “la señora” –sería Cristina Kirchner, aunque no la nombran en los mensajes– estaba preocupada por evitar una crisis social en Santa Cruz ante la llegada del macrismo. No es casualidad que el fiscal no pudo exhibir ninguna evidencia anterior, sólo la de ese momento crítico. Días más tarde, el gobierno de Mauricio Macri anunció que no podía pagar ninguna obra y que no seguiría adelante con la construcción de rutas.
La teoría del empleado bancario: La cuestión más general de la imputación fue que Báez era “un empleado bancario” cuando fundó Austral Construcciones, sin tener experiencia en el rubro. En realidad era el gerente general del Banco de Santa Cruz, no un empleado. Pero Luciani evaluó que como era amigo de Néstor Kirchner fue privilegiado y consiguió una cantidad enorme de contratos, algunos de ellos a través de esas otras empresas que fue absorbiendo con los años, en algunos casos como socio mayoritario: Gotti Hermanos y Kank y Costilla, las principales.
El rol de los inversones locales: La cuestión ya fue abordada en el juicio por decenas de testigos, entre ellos los dueños de constructoras. Todos dijeron que Báez ganaba las licitaciones porque tenía el personal y la maquinaria en Santa Cruz, a diferencia de otras empresas que tenían que transportar su gente y sus máquinas a 2.800 kilómetros. Por eso podía ofertar a mejores valores. Es más, Báez no ganó ninguna licitación fuera de Santa Cruz e incluso perdió la más importante en territorio santacruceño, la de la represas Cepernik y Kirchner. El extitular de Vialidad, Nelson Periotti, presentó en su momento una planilla en la que se verificaba que en la mayoría de las provincias pasaba algo similar: ganaban grandes constructoras de la zona, que jugaban de local.
Los peritos: Otro punto clave señalado por Luciani es que se hicieron numerosas modificaciones de obra, algo absolutamente habitual en todo el país. Es más, el fiscal evitó hacer una comparación con otras constructoras y otras provincias. Al mismo tiempo, el fiscal adelantó que utilizará la postura de dos de los tres peritos para sostener que hubo sobreprecios. Ambos peritos –Eloy Bona y Roberto Panizza– hicieron agua en las audiencias y no tuvieron forma de sostener sus afirmaciones.
El show de nombrar a Alberto Fernández: Luciani fue hábil en hacer un resumen de la acusación porque sabía que su chance mediática era al principio. Mencionó a Cristina Kirchner sólo de manera general con el argumento más tradicional: “esta estructura no se podía armar sin el visto bueno de las autoridades nacionales, empezando por los presidente Néstor y Cristina Kirchner”. Para el fiscal, un elemento clave es que Báez fue amigo de Néstor Kirchner, algo que era público y notorio al punto que el constructor donó el mausoleo que guarda los restos del expresidente. Sin embargo, Luciani utilizó el testimonio del actual presidente Alberto Fernández quien, cuando declaró como testigo, contó que fue a Calafate, en 2003 o 2004, y Néstor Kirchner le presentó a Báez. La anécdota ayuda al show, pero no tiene el menor peso en lo jurídico.
La relación entre Nación y la Provincia: Desde el punto de vista judicial, Luciani sobreactuó la acusación inicial esencialmente para la tribuna mediática-política-judicial. Su problema más serio será demostrar que hubo alguna instrucción, alguna nota, alguna firma indebida para beneficiar a Báez. Es más, fue Alicia Kirchner, cuando asumió como gobernadora, la que firmó la cancelación de los contratos con Austral, de manera que algunas de las defensas podrán señalar que ocurrió lo contrario: fueron funcionarios kirchneristas los que primero recortaron a Báez. De todas maneras, la adjudicación de responsabilidad a las autoridades nacionales parece más bien fuera de foco porque todas las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras. Y no apareció en el juicio ninguna instrucción, ningún documento, que pusiera a Báez como favorito en la carrera por conseguir contratos.
Seguramente en las nueve audiencias que utilizarán Luciani y su compañero Sergio Mola, gran parte del foco estará puesto en José López, a quien se le probó la corrupción con los nueve millones que tiró en el convento. El tema para la fiscalía es que tiene que encontrar un vínculo entre la plata de López y Báez, algo que no pudo demostrar en el juicio. Mucho menos todavía con CFK. Más bien las sospechas son las contrarias. Todo indica que al menos parte de los 9 millones de dólares provendrían de la obra más trascendental de esa época, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Los interesados en esa obra fueron empresas del Grupo Macri, o aliadas del grupo Macri. En principio, la más señalada es la brasileña Odebrecht, que reconoció el pago de coimas. También apareció un recibo de un cambio realizado en Hong Kong, la ciudad a través de la cual Odebrecht pagaba las coimas. Y un ladrillo de 100.000 dólares, aparecido en uno de los bolsos, se cursó a la Argentina a través del banco que manejaba el tesorero de Boca Juniors en épocas en que Macri era el presidente xeneise. De eso, Luciani no dijo nada.
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