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Causa Vialidad: El fiscal Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina

Causa Vialidad: El fiscal Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina
De la Redacción de Contrapoder –

Tras nueve jornadas de alegatos en los que los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani debieron soportar que sus testigos desmintieran las acusaciones y en medio de un escandaloso show plagado de irregularidades, en una maniobra que no despertó sorpresas solicitaron la pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner.

El fiscal Diego Luciani también pidió que la vicepresidenta y el resto de los exfuncionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

El juicio se realiza por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015. El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita”, a la que acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.

“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso -sorprendenetemente- de haber defraudado “las expectativas de los ciudadanos que la votaron”.

También, antes de pasar al “petitorio”, el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.

Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.

Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo.

Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.

El fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió “la historia” cuando “bien sabe que es el Poder Judicial” la institución encargada de enjuiciarla.

Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido “puerilmente a su compañera de fórmula” cuando le tocó declarar en calidad de testigo.

No fue la única sorpresa, ya que también acuso al presidente Alberto Fernández de “injerencia indebida” en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.

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