JUDICIALES

Sergio Maldonado: “Iruzun aprobó la pinchadura de mi teléfono y este fallo habilita que nos espíen cuando quieren”

Sergio Maldonado: “Iruzun aprobó la pinchadura de mi teléfono y este fallo habilita que nos espíen cuando quieren”
De la Redacción de Contrapoder –

La sala II de la Cámara Federal porteña ratificó este jueves el cierre de la investigación y los sobreseimientos dispuestos por el juez Daniel Rafecas en torno al espionaje por parte de gendarmes a familiares del joven artesano Santiago Maldonado y otros activistas de derechos humanos. El hermano del artesano Sergio Maldonado denunció que uno de los integrantes de la sala II es Martín Irurzun, fue quien “aprobó la pinchadura” de su teléfono.

Los representantes legales de la familia Maldonado, Matías Aufieri y Liliana Mazea, habían presentado un pedido el 18 de agosto en una audiencia de apelación ante los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah para que revirtieran el cierre del expediente y los sobreseimientos. En el fallo publicado este jueves, el juez Boico manifestó su voluntad de revocar el cierre de la investigación, basado en la obligatoriedad por parte del Estado de “proteger a los allegados de la persona desaparecida y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación, de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia”.

“Miriam Bregman denunció como querellante el espionaje ilegal y nosotros nos sumamos como denunciantes. Martín Irurzun me dijo que esto se debía investigar en Esquel y da la casualidad que me entero por Infobae que mis escuchas andaban dando vueltas. El juez Otranto fue el que me pinchó el teléfono y querían que todo pase desapercibido, pero me terminé enterando”, afirmó Sergio Maldonado durante una entrevista en El Destape Radio, también denunció que la  Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJuDeCO) debería haber protegiendo las escuchas, pero las estaba difundiendo.

Los jueces Irurzun y Farah compartieron la posición del fallo de Rafecas y, en ese sentido, rechazaron el pedido presentado por los abogados de la familia Maldonado. Asimismo planteó que “Patricia Bullrich juega con sus jueces a favor” y destacó que “estamos a más de 5 años de la desaparición forzada de Santiago y no tenemos un juez que la investigue. Está frenada en la Corte”.

Sergio Maldonado recordó que el macrismo también espió a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. “Las escuchas que nos hicieron están para destruir en la Corte Suprema. Ya está probado”, resaltó en la misma línea. Además añadió: “Esto es una manera de habilitar que te espíen cuando quieren”, sostuvo.

A mediados de julio, Rafecas definió que los seguimientos y escuchas a los familiares de Santiago Maldonado se habían concretado para prevenir la “alteración del orden público” en momentos en que se desarrollaban actos y movilizaciones por la desaparición de Santiago en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Rafecas sobreseyó al exnúmero tres del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, y también a Fabián Méndez, exjefe de Gendarmería en El Bolsón. Una pericia sobre el celular del gendarme Méndez confirmó que un grupo de efectivos de esa fuerza efectuaba tareas de inteligencia sobre Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y sobre su pareja, Andrea Antico.

Además, según surge de cuarenta páginas de mensajes entre los gendarmes y su jefe, vigilaban los movimientos de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y también de referentes mapuches y activistas de la Patagonia.

“Nosotros cuestionamos la figura de alteración del orden público porque puede aplicarse a cualquier movilización y porque la mayoría de los mensajes no eran en torno a manifestaciones”, señaló el representante de la familia Maldonado en la audiencia de agosto.

Además, Aufieri puso el foco en que si los gendarmes pretendían cuidar el orden público debían hacerlo según el protocolo respectivo, identificados como miembros de las fuerzas de seguridad y con la directiva de un juez.

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