De la Redacción de Contrapoder –
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pedirá a la jueza que investiga el atentado del que fue víctima que enfoque la pesquisa en la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en torno al departamento de Juncal y Uruguay desde semanas antes del intento de magnicidio. No sólo de los días anteriores, ni exclusivamente del sábado en que colocaron vallas para supuestamente garantizar la tranquilidad del barrio de la Recoleta y terminaron generando una jornada de tensión que sólo cedió cuando Cristina Kirchner salió a hablar a un escenario improvisado cerca de la medianoche. Según la jueza María Eugenia Capuchetti, allí se produjo el primer intento por asesinarla, que fue abortado porque en el lugar estaba un móvil del canal de noticias C5N.
¿De dónde surge esa elucubración? De la prácticamente única fuente que provee datos a la investigación: los teléfonos de los imputados, especialmente en los últimos días el del jefe de «los copitos» y flamante procesado Gabriel Carrizo.
Si al expediente se le retiraran los aportes de los teléfonos sólo quedaría como consolidada la participación directa de Fernando Sabag Montiel en el disparo fallido y la presencia de Brenda Uliarte en un segundo plano de la escena.
La confirmación de esa fuente única probatoria la dio la resolución que el viernes por la noche dispuso el procesamiento de Carrizo y Agustina Díaz como «partícipes secundarios» del intento de magnicidio. Toda la prueba sobre la que se basó esa decisión proviene de los Whatsapp.
El 4 de octubre los abogados de Carrizo, Gastón Marano y Brenda Salva tendrán una audiencia en la Cámara Federal en la que insistirán con la nulidad de los chats obtenidos de ese teléfono, que entregó voluntariamente cuando era testigo y fueron utilizados para incriminarlo y detenerlo. Lo que para los investigadores son intercambios de mensajes indicativos de que fueron ellos quienes planificaron el ataque, para las defensas son bromas y fanfarroneadas de un grupo de emergentes de una sociedad sumergida y con pocas luces.
La querella, impulsada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, no quiere que la jueza Capuchetti eleve rápidamente a juicio oral esta primera parte de la investigación. Espera que la Cámara confirme estos dos nuevos procesamientos y con esos cuatro imputados estará en condiciones de impulsar un juicio que podría bautizarse como «Magnicidio 1».
¿Habrá un «Magnicidio 2»? El temor es que la cosa quede allí, que no ascienda hacia las instancias superiores (los mandantes de los presuntos autores materiales), ni hacia la línea de un eventual vínculo con inteligencia de la Ciudad de Buenos Aires, ni en dirección a «la ruta de la mosca» (un vulgarismo que aparece en algunos chats para hablar de dinero en relación con el ataque a la vicepresidenta).
Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo conservan el voto de confianza. Pero ante el acotado margen de maniobra y la realidad –que indica que a un mes del ataque sólo hay cuatro marginales procesados– parece asomar en el horizonte cercano una nube de inconformismo. Con el ritmo y con los avances de la investigación.
Han escuchado explicaciones sobre falta de recursos (personal y elementos tecnológicos) para avanzar más rápido. Pero cuando miran a la Corte Suprema como origen del retaceo y la escasez, desde el máximo tribunal replican que no les llegó pedido alguno en ese sentido. ¿Entonces? Antes de llegar a la Corte, el pedido de asistencia y provisión debe pasar por la Cámara Federal porteña, que tiene su sede en el mismo edificio que la jueza y el fiscal: Comodoro Py 2002. ¿Hay allí un cuello de botella? El presidente de la Cámara Federal en 2022 es Mariano Llorens, el juez que esta semana pidió el juicio político, el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner en una de las ocho causas en las que el difunto Claudio Bonadio la llamó a sendas indagatorias en un mismo día.
La querella avanzará también con un pedido de relevamiento de la actividad de la Policía de la Ciudad desde junio / julio pasados. Hay algo en ese período que les llama la atención y por ahora mantienen en reserva. Para esa fecha comenzó a operar como organización pretendidamente revoltosa Revolución Federal. Acaso estén sospechando sobre vínculos entre efectivos de la Policía de la Ciudad e integrantes de esa novel agrupación de extrema derecha que fabrica horcas y antorchas para las protestas.
Sin embargo los fallos judiciales dicen que Revolución Federal no tiene nada que ver con el atentado a CFK. Que el hecho de que en una de sus actividades haya estado Brenda Uliarte no necesariamente sitúa a la organización en un escenario de magnicidio. Revolución Federal es investigada por un lado, y por otro los sospechosos del atentado, que comulgan con sus ideas. Esos senderos paralelos aparecen como una garantía de impunidad en el atentado político más grave desde el regreso de la democracia.
Casi dos décadas atrás la fiscal Mónica Cuñarro se topó con una serie de homicidios aparentemente desconectados en la Capital Federal. En lugar de investigar cada uno como un hecho aislado comprendió que había un hilván entre todos y los puso en una misma línea de tiempo y espacio. Así pasó de hurgar en crímenes inconexos a dar con Marcos Estrada González “Marcos” y Alionzo Rutillo Ramos Mariño “Ruti”, dos peruanos que administraban parte del narcotráfico en villas de la CABA y también en una parte del Gran Buenos Aires. Por aquellos tiempos tenía una muy buena relación con el fiscal Rívolo, quien hoy interviene en la investigación por el intento de magnicidio.
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