Por julián Blejmar –
Días atrás, el ministro de Economía Sergio Massa presentó en el Congreso el Proyecto de Presupuesto 2023, con el que el gobierno del Frente de Todos se prepara a encarar su último año de gestión y eleccionario.
Del mismo, se desprende un ajuste del gasto primario del 3,7 por ciento, superior al 3,5 que se proyecta para este año, pero distante de los llevados adelante durante 2018 y 2019, los últimos años del macrismo, cuando se ubicó en -8,9 por ciento y -10,7 por ciento respectivamente.
Los últimos cálculos corresponden al último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA, redactado por el Dr. Pablo Manzanelli, y coincide con otro informe recientemente publicado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), que plantea como uno de los indicadores con mayor dificultad para su cumplimiento la meta de reservas, claves tanto para evitar desbordes hiperinflacionarios como para cumplir con las metas comprometidas con el FMI. Esto es así porque, estructuralmente, el país es altamente dependiente de las divisas para insumos industriales, deudas externas, ahorro, y turismo emisivo, con lo que aún el bajo índice de crecimiento proyectado, de solo el 2 por ciento, resultaría desafiante si no se adoptan otras medidas cambiarias para la meta de acumular 12.347 millones de dólares frente a los 7.751 millones proyectados para este año.
Según la UNDAV, las “tensiones pueden aparecer por el lado de la disponibilidad de divisas para el sector productivo en un contexto eleccionario, con la recuperación del salario real como eje central”, mientras que desde CIFRA plantean que en el Presupuesto “no se vislumbra la necesidad de reforzar la administración cambiaria para reunir las reservas necesarias que sean compatibles con el crecimiento, el despliegue de una política de ingresos expansiva que apuntale el salario real y una batería de medidas fuertes que busquen, al mismo tiempo, contener la escalada de los precios”.
Tanto ese como otros limitantes que plantea el presupuesto de ajuste, son analizados por CIFRA como “en parte, por la pesada herencia recibida del gobierno anterior, y, en parte, por los resultados de la política económica moderada para enfrentarla durante los primeros dos años y medio del gobierno del “Frente de Todos”. En este sentido, desde la UNDAV plantean que “la escasez aguda de dólares que impide abastecer con suficiencia a los sectores productivos” incide en la hipótesis de suba del PBI del 2 por ciento, es decir la mitad de la mejora de este año, mientras que desde CIFRA añaden que también el recorte fiscal repercutirá en ese “bajo crecimiento proyectado del PIB”, que además, prevé el gobierno, antes que por el consumo será impulsado por las exportaciones y en menor medida la inversión, donde se prevé una elevada expansión del sector agropecuario, mientras que los servicios, la industria y el comercio estarán relegados a un crecimiento inferior al nivel general.
Justamente en relación a los recortes, este centro de estudios plantea que resaltan la contracción del gasto en transferencias corrientes a las provincias, el déficit de las empresas públicas y en las compras de bienes y servicios, aunque las prestaciones a la seguridad social y el gasto de capital para infraestructura tendrían aumentos en términos reales.
Puntualmente, la UNDAV buscó analizar los gastos reales en función una inflación del 75 por ciento, que calculó entre la proyección oficial del 60 por ciento y la inflación actual. Así, concluyó que de que se contempla un incremento en los presupuestos para Ciencia y tecnología (+30,7 por ciento), Defensa (+6,9 por ciento), Salud (+6.2 por ciento), Erogaciones de capital (+6 por ciento y alcanzando el nivel más alto desde 2017), y Agua Potable y Alcantarillado (+1,5 por ciento), pero también de Servicios de Deuda (+14,1 por ciento).
Sin embargo, la reducción en otros rubros será más profunda que los aumentos enunciados, debido a la quita de recursos para Transporte y Energía (-12,4 por ciento), Agricultura (-6,7 por ciento), Vivienda (-4,2 por ciento) y Subsidios energéticos (-3 por ciento), siempre tomando en cuenta la inflación proyectada por la misma UNDAV.
Ambos informes, destacan que el gobierno haya atendido a las exenciones fiscales, es decir reducciones impositivas o excepciones a regímenes tributarios vigentes que disminuyen la recaudación total y plantean la necesidad de reducir aún más el gasto. Según CIFRA, se trata de “un aspecto novedoso del presupuesto” la revisión de estas exenciones, que sumarían un 2,49 por ciento del PIB en 2023, “destacándose la exención al impuesto a las ganancias de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial cuyo esfuerzo fiscal sería del 0,16 por ciento del PIB en 2023, así como el gasto tributario que demanda el régimen de promoción de Tierra del Fuego, de 0,35 por ciento del PIB en 2023.
Como dato adicional, CIFRA señala que para que el ajuste tenga solo 0,2 puntos de diferencia, es decir de 3,5 por ciento del gasto en 2022 a 3,7 en 2023, se requerirá una contracción del 12,2 por ciento interanual en el segundo semestre de este año, si no se anuncian nuevas medidas.
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