Por Ari Lijalad –
El procurador del Tesoro Carlos Zannini, que es la cabeza de los abogados del Estado, rechazó una demanda de la familia Macri en la que reclaman 2.365 millones de pesos más intereses por la quita de la concesión del servicio de correo. El fin de esa concesión fue dispuesto en 2003 por Néstor Kirchner ante la falta de pago del canon y el pésimo servicio que brindaban. Pero en 2016, con Mauricio en el Gobierno, los Macri lanzaron una maniobra de pinzas: por un lado, el presidente Macri buscó condonar la multimillonaria deuda que tenían con el Estado; y por otro, iniciaron esta demanda contra el Estado que ahora Zannini rechazó. El procurador aportó documentación que muestra que el Estado no les debe un peso a los Macri. Es justo al revés.
La cronología de esta maniobra doble de los Macri es clara. El 13 de junio de 2016, Correo Argentino SA (empresa de los Macri, homónima del Correo Argentino estatal actual) demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios. No pusieron un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3%. Quince días más tarde, el 28 de junio, el Gobierno de Macri aceptó la propuesta de la familia Macri de pagar su deuda con una quita del 98,82%, una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El 12 de agosto, los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la expropiación de bienes e instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubros. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.
Sobre los 1.794 millones que reclaman -donde incluyen inmuebles y supuestas inversiones- pusieron que “esta suma deberá ser actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Dentro de los 570 millones restantes incluyeron un ítem insólito: aseguran que pagaron 110 millones de pesos de más por el canon (que en realidad dejaron de pagar, de ahí su deuda con el Estado) y “ajustados y repotenciados” les da un total de 200 millones de pesos. Real: los Macri dicen que pagaron de más.
Zannini, que como procurador del Tesoro ejerce como abogado del Estado, rechazó el reclamo de los Macri “en todos sus términos” y “con expresa imposición de costas”, es decir, que paguen el costo de los abogados del Estado por esta causa. En su escrito, que es de acceso público a través del sistema de consulta del Poder Judicial, Zannini refuta, entre muchos puntos:
*que el Estado le deba dinero a los Macri
*que el Estado se apropiara ilegítimamente de inversiones realizadas por los Macri, entre ellas la planta distribuidora en la localidad de Monte Grande
*que los Macri hayan pagado de más el canon por la concesión del correo
*que el concurso de acreedores que los Macri iniciaron en septiembre del 2001 y las pérdidas que daba la empresas Correo Argentino sea responsabilidad de algún incumplimiento por parte del Estado
*que el Estado tuviera la obligación de garantizarle el monopolio del servicio postal y una reforma laboral a los Macri
Esta es una de las 4 causas que los Macri tienen contra el Estado, en las que buscan obtener más de 14.500 millones de pesos. Tramitan en el fuero Contencioso Administrativo. Son las siguientes:
La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores, que tramita en el fuero Comercial.
Iniciaron otra en 2004 donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban las firmas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Ese expediente es clave, ya que es donde apuntan a los decretos que les quitaron la concesión.
En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Gabriela Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía.
Los Macri buscaron que la causa iniciada en 2004 se unifique con la del 2016. Tal como informó El Destape, la Justicia rechazó esa pretensión. Ahora Zannini, al rechazar la demanda de 2016, destaca que corre por separado a la de 2004 y que piden una reparación sin aludir a ninguna norma, por lo cual “este juicio carece de causa y en virtud de ello la demanda no puede prosperar”. “La presente demanda no puede prosperar. Téngase presente que la actora no solicita la declaración de inconstitucionalidad de ninguna norma ni la nulidad de acto administrativo alguno”, insiste el escrito.
Pero no es sólo que los Macri no van contra algún decreto. Siguiendo este argumento, Zannini detalla que “son hechos NO controvertidos los siguientes”:
que el Estado no incumplió el contrato de concesión
que Correo Argentino de los Macri “incurrió en múltiples incumplimientos del contrato”
que los Macri dejaron de pagar el canon de la concesión
que a raíz de los incumplimientos de los Macri se rescindió el contrato “por culpa de Correo Argentino”.
que la rescisión del contrato implicó la incorporación al patrimonio del Estado de todos los bienes adquiridos por el concesionario, algo que según el contrato de concesión “no admite compensación de ningún tipo”.
Ante el reclamo de los Macri de que el Estado les pague por los bienes y en especial por la planta de Monte Grande que quedaron bajo control público, Zannini citó el artículo 26.6 del Contrato de Concesión, que establece que debían restituirlos “sin derecho a resarcimiento alguno”. “La transferencia de los bienes afectados al servicio fue expresamente prevista en el Contrato de Concesión suscripto oportunamente por la actora; y en caso de finalización del Contrato (sin discriminar causales) debían pasar al dominio del Estado, por supuesto sin compensación alguna”, explicó el procurador del Tesoro.
Zannini dedica a un capítulo aparte a la insólita pretensión de los Macri de que pagaron de más en el canon. Detalla que los Macri encargaron un informe a medida a la consultora “Roland Berger Partners” que partía de falsas premisas como que el Estado tenía que garantizarle exclusividades, monopolios y recortes en los derechos laborales a Correo Argentino. “Evidentemente, el informe fue realizado bajo premisas absolutamente falsas y distantes con la realidad, pues la única garantía o exclusividad que mantenía Correo Argentino era el de prestaciones filatélicas y emisión de sellos postales, ninguna más. Igualmente falsas son las condiciones que pretende que el Estado Nacional debía garantizar”, afirma Zannini.
Otro reclamo de los Macri es que el Estado tenía que garantizarles la flexibilización del convenio colectivo de los trabajadores de Correo Argentino. “No existió norma alguna en el contrato (no la podría haber legalmente), por la cual el Estado se comprometiese a asegurarle lo que, en definitiva, es un resultado (eventual) de un acuerdo entre dos partes distintas al propio Estado (la empresa y el sector gremial)”, explica Zannini. Muestra que los Macri conocían el convenio, la cantidad de trabajadores y las condiciones que tenían cuando hicieron su oferta para quedarse con el servicio postal. Y cierra categórico: “en ningún caso contempló garantizarle un determinado régimen laboral y sindical”.
Los Macri no solo reclamaron una indemnización por un régimen laboral diferente, sino que querían también un régimen impositivo a medida. Zannini contesta que eso depende del Congreso, que “resultaba jurídicamente inviable –hubiera sido ilícito- que el Poder Administrador asumiera con un particular, la obligación de sancionar un marco legal regulatorio, por lo que el reclamo formulado resulta absolutamente inadmisible”. Otro punto curioso de los Macri es que pedían un resarcimiento porque el Estado no les garantizó la clientela. Querían un negocio con garantía estatal.
La decisión sobre este expediente está en manos de la jueza Macarena Marra Giménez, que tiene su historial de relación con Macri. Vinculada al sector que lidera el camarista Sergio Fernández (mandamás de todo lo que sucede en el fuero Contencioso Administrativo), Marra Giménez subrogó durante bastante tiempo el Juzgado que ahora comanda. Mientras concursaba para ser su titular fue parte de la iniciativa del macrismo de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Apenas Macri llegó a la Presidencia, la jueza Marra Giménez anuló la cautelar que frenaba esa iniciativa y regía desde 2009. Era 2016, Alejandra Gils Carbó (quien había frenado esa iniciativa de Macri) era aún Procuradora General y su lugar en la fiscalía ante la Cámara Comercial lo había ocupado, por concurso, Gabriela Boquin. Otro nombre conocido para Macri, ya que es la fiscala de la causa Correo Argentino. Boquin apeló la decisión de la subrogante Marra Giménez.
Atenta a los cambios de viento la jueza Marra Giménez firmó un fallo en contra de Macri en las últimas semanas de su Gobierno. Alberto Fernández retiró su pliego para jueza pero luego finalmente la designó para el cargo. Ahora le toca este expediente.
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