Por Leandro Renou –
Tras pasar el fin de semana trabajando el tema en reuniones con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el ministro de Economía, Sergio Massa, formalizó la aplicación del Plan Precios Justos, que congela el precio de algo más de 1500 productos básicos (alimentos, bebidas, higiene y limpieza) por un tiempo que el ministro ya definió. La idea es “estabilizar los precios al consumidor en general, en un bloque de cuatro meses”, describió. En síntesis, el funcionario observa que no hay otra forma de frenar la inercia de precios de alimentos sin un torniquete fuerte y controlado, para que el rubro deje de pesar tanto el IPC general, en un contexto de inflación cercana al ciento por ciento. En paralelo, y según supo PáginaI12, habrá otros dos acuerdos para congelar precios, en medicamentos e hilados textiles salidos de fábrica (ver aparte), otros dos sectores que están influyendo de manera muy negativa en los niveles de inflación mensuales.
De este modo, estará disponible el congelamiento en productos de la canasta básica desde diciembre hasta marzo de 2023. En paralelo, hay dos novedades técnicas que serán casi imprescindibles para que el plan funcione. Habrá dos mecanismos de control del cumplimiento: una app de celulares que permitirá que el cliente escanee el código de barras para ver si el producto tiene el precio acordado y, si no lo está, denunciarlo con solo presionar un botón. Y el segundo y más importante -también anunciado por Massa-, se aumentaron muy fuerte las multas a empresas por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, y la mayor sanción por no cumplir pasa de 5 millones a ser de 238 millones de pesos, monto que no se actualizaba desde el 2008.
El programa Precios Justos ve la luz ahora dado que el Gobierno destrabó el principal escollo en el que se refugiaban las empresas para negarse a congelar: la obligación de poner el precio acordado impreso en los paquetes. Ante esa tensión, Massa le pidió a Tombolini buscar alternativas, y se acordó la app que automáticamente informa si el precio es el correcto y permite denunciar en el instante al Gobierno. Hasta ahora, el Gobierno negoció esas condiciones con las empresas Arcor, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Coca Cola, Quilmes, Mastellone y Procter and Gamble, entre otras. Le queda resolver con el resto de las 20 grandes y abrirá desde ahora mesas con las empresas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a los grandes como Coto, Chango Más, Carrefour, La Anónima, Jumbo y Disco, entre otros. También habrá encuentros con Cadam, la cámara de mayoristas, comercios que le suelen cargar mucho al precio final salido de fábrica.
Lo que se negocia ahora es si habrá o no precio de entrada al congelamiento, qué productos entrarán y un acuerdo político de comportamiento para la salida de ese proceso de precios estables por 120 días. Para que el corsét no redunde en un rebrote inflacionario del consumo masivo justo en año electoral. Massa, de hecho, está operando de manera directa sobre las empresas con llamados telefónicos y reuniones en las cuales les sugiere con diferentes intensidades que se plieguen al acuerdo porque hay espaldas del sector para hacerlo. Naturalmente, el Gobierno se empieza a jugar en estas prácticas la inflación de 2023, que Massa cree será menor a la actual e incluso menor a la presupuestada para el año próximo.
Vigilar y castigar
El éxito o fracaso de este tipo de políticas no está dado por la metodología del acuerdo para congelar sino más bien en la potencialidad de controlar que tengan los Estados. Es lo que ocurrió con todos los programas, incluso con Precios Cuidados, que aún rige con menos de 500 productos con valores de referencia, una intención distinta al programa de Precios Justos.
En ese punto, el Gobierno apunta a dos herramientas, una novedosa y otra reforzada después de mucho tiempo. El primer lugar, habrá una app para celulares que será parecida a la del escaner de códigos de barras que usan los cajeros de comercios, y que ve in situ el precio de los productos y si están o no incluidos en Precios Justos. Según Comercio, la aplicación se trabaja para que sea descargada segun sistema operativo o bien la app Mi Argentina permita el escaneado. Además, ese mismo mecanismo permitirá denunciar on line si el producto no tiene el precio y, a partir de esa información y lo que se consiga vía inspectores, el Gobierno procederá con las sanciones.
Aqui hay otra novedad. En la ley de Presupuesto 2023 que se debate en el Congreso y ya tiene media sanción de Diputados, se subieron por primera vez desde el año 2008 los montos de multas a las empresas que violen la Ley de Defensa del Consumidor. La referencia es para la modificación del Art. 47, Inc. B de dicha norma. Hasta el 2008, la multa era de hasta 5 millones de pesos, hoy ese máximo pasa a ser de 283 millones de pesos, calculados en base al aumento de la fórmula de canasta básicas totales para hogar 3 que maneja el Indec. Si bien no todas las irregularidades tendrán esa multa, llevar a la penalización máxima a casi 300 millones tiene el objetivo de ejemplificar.
El dato es central, dado que el Gobierno había visto que, con los niveles actuales de penalización, no existía en las empresas temor a incumplir los acuerdos. Es más, para la mayoría era más conveniente seguir aumentando los precios y ser pasibles de sanciones que son insignificantes para el volúmen de sus ingresos y balances.
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