De la Redacción de Contrapoder –
Este martes la vicepresidenta Cristina Kirchner reveló los mensajes que uno de los integrantes de la “banda de Los Copitos”, Nicolás Gabriel Carrizo, envió la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a la presidenta del Senado.
“Recién intentamos matar a Cristina”; “el arma es mía” y “mi empleado le quiso disparar”, son algunos de los textos que mostró CFK a través de su cuenta de Twittter, que también anunció que sus abogados solicitaron que a los integrantes de Los Copitos también se los procese con la figura de asociación ilícita y que se ordene un peritaje caligráfico del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte.
Uno de los letrados a cargo de la defensa de la exmandataria, José Manuel Ubeira, sostuvo en AM750 que “no hay ningún interés investigativo” de parte de la magistrada que lleva adelante la causa por el atentado, María Eugenia Capuchetti.
Según Ubeira, estos mensajes de texto estarían en los expedientes de la causa desde hace un mes, con lo cual desde el equipo de defensa de la Vicepresidenta se tomó la determinación de “hacerlos públicos” y meterlo dentro del proceso “para señalar la deficiencia de la instrucción”.
En este sentido, el abogado expresó que lo que piden es que Carrizo “deje de tener una actuación secundaria y pase a ser coautor” en la causa.
“Pedimos un cambio de calificación, que lo vuelvan a llamar a indagatoria y señalamos que la investigación no cumple con los requisitos de la misma”, remarcó.
El abogado defensor volvió a insistir en que “no hay ningun interés investigativo” por parte de la jueza Capuchetti, aunque subrayó que no tienen “ningún tipo de cuestión personal” con ella y que “hay determinados tipos de acción que son insoportables”.
“No hay ningun interés en investigar este asunto porque sabemos a dónde termina”, reiteró Ubeira, al referirse a las presuntas conexiones políticas de la banda de Los Copitos.
Por último, volvió a expresar que “para que la Vicepresidenta obtenga justicia” habrá que llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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