De la Redacción de Contrapoder –
El Frente de Todos (FdT), con el apoyo de legisladores provinciales, logró emitir dictamen favorable en la Cámara de Diputados al proyecto de moratoria previsional que contempla la implementación de un nuevo plan de pago de deuda, con la idea de que sea tratado en los próximos 15 días.
Los diputados de Juntos por el Cambio, por su parte, impulsaron la firma de un dictamen de minoría en el que proponen la creación de un sistema de prestación proporcional, con el que rechazaron la instrumentación de nuevas moratorias previsionales.
La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto, presididas por los oficialistas Marisa Uceda y Carlos Heller, que se realizó en el Edificio Anexo de la Cámara baja.
El proyecto del oficialismo para instrumentar una moratoria previsional busca regularizar el ingreso de aportes para personas en edad de jubilarse, y para aquellos que tengan faltantes de cara al futuro.
La intención del oficialismo es incluir este tema en la sesión que se celebrará el 14 de diciembre, que será la última del año, con el objetivo de convertirlo en ley debido a que ya tiene sanción del Senado.
Incluso no se descartaba la posibilidad de que se incluya en el temario de la sesión especial prevista para el jueves, señalaron fuentes parlamentarias.
Firmas
El dictamen del FdT obtuvo 39 firmas entre las dos comisiones ya que acompañaron la iniciativa del Frente de Todos el bloque del Frente de la Concordia Misionero y del Interbloque Federal, cuyo presidente Alejandro “Topo” Rodríguez planteó disidencias parciales ya que piden certeza respecto a que se contará con los fondos necesarios para poder implementar este plan de pagos de deuda previsional.
Por el lado de la oposición, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, presentó un dictamen de minoría y se aguardaba que se puedan sumar las firmas del resto de los bloques de Juntos por el Cambio.
El debate
Al defender el proyecto, Heller destacó: “Con esto estamos tratando de dar una solución transitoria, al menos onerosa desde el punto de vista fiscal, al stock existente para que quienes quedaron en esta situación no sean víctimas de algo que no es una decisión voluntaria”.
Sobre el impacto fiscal, Heller dijo que este año se proyectó un crecimiento del 4,5%: “Vamos estar más cerca del 5 por ciento como del 4, y esto son mayores ingresos a lo que hay que sumar el crecimiento del empleo”.
Cacece, por su parte, dijo que “no queremos un parche” y que por eso se impone “darle una solución definitiva al proponer instituir un sistema por el cual aquel que tenga aportes tenga establecido una prestación proporcional”, que se basará en “un 70 por ciento de la Prestación Básica Universal más 1,5 por ciento por año aportado”.
Agregó que hay que “establecer una prestación proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo que se ha hecho y que permita a mujeres de 60 años y hombres de 65, que hayan aportado entre 10 y 29 años”.
El titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló que el proyecto que impulsa el oficialismo “es mucho más razonable el populismo macrista de dar pensiones del 80% de una jubilación mínima con el cero de aportes, así que en principio nos parece superador”.
“En nuestra disidencia planteamos la necesidad de que se tome cuáles son las finalidades, funciones y/o partidas presupuestarias que serán reestructuradas para cumplir con el eventual impacto fiscal”, agregó Rodríguez.
A su turno, el legislador de izquierda Nicolás del Caño dijo que se debe buscar una solución porque “una de cada diez mujeres no tienen los aportes ni tres de cada diez hombres pero eso no es responsabilidad de los trabajadores sino de los fraudes y estafas laborales”.
En el cierre del debate, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, detalló que solo el 36 por ciento de las personas en condiciones de jubilarse tiene los 30 años de aportes y que el “que el 64% lo pudo hacer a partir de las diferentes moratorias” que se aplicaron en diferentes etapas.
Casaretto dijo que debido al trabajo informal se “se tomó la decisión de prorrogar la moratoria vigente y ahora es que se toma este tema a nivel parlamentario” ya que de lo contrario “empezaríamos a caer del 95% de cobertura previsional” .
El proyecto
La iniciativa, cuya autoría corresponde a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.
En el artículo 3 se establece que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008, inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago, y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.
En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, y podrá ser prorrogado por igual período.
Para acceder a esa Unidad de Pago será necesario que cumplan con la edad jubilatoria, o lo hagan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.
De igual modo, tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otras cuestiones.
Dictamen de minoría
Desde Juntos por el Cambio se diseñó un dictamen de minoría en el que rechazan que se sigan incluyendo moratorias, y proponen una prestación proporcional para aquellos que tienen menos de 30 años de aportes y alcanzaron la edad jubilatoria.
De acuerdo con esa propuesta, el haber previsional se conformará con un 70% de la Prestación Básica Universal, más los años de aporte efectivos por 1,5% del promedio del sueldo actual, entre otras cuestiones.
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