Por Alberto López Girondo –
El ataque contra los edificios públicos que representan a la democracia brasileña del domingo pasado alarmó a todo el mundo, aunque no debió causar sorpresa. Los campamentos de los bolsonaristas frente a los cuarteles militares desde el triunfo en segunda vuelta de Lula da Silva advertían que ahí se estaba jugando el clima que le tenían deparado al líder del PT para su tercer período. Y efectivamente, los ojos ahora están posados en la participación -o vista gorda- de militares, policías y empresarios envueltos en la chirinada que pretendió dejar chica la invasión al Capitolio de grupos trumpistas justo dos años antes.
Por lo pronto, avanzan las investigaciones sobre el expresidente Jair Bolsonaro y este sábado fue detenido ni bien pisó suelo brasileño el exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia del ultraderechista y fue bendecido luego con ese cargo clave por el ahora suspendido gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha. También aparecen implicados el general Achiles Furlan Neto, jefe del Comando Militar de la Amazonia; el coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, comandante de la Policía Militar de Brasilia, y los comandos de Estado Mayor y de los departamentos Operacional, de Control, de Logística y Finanzas, de Ejecución Presupuestaria y de Personal.
No sería mucho trabajo tirar de la cuerda más hacia arriba. El exvicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, elegido senador por Rio Grande do Sul, tuiteó luego de la intentona que “la detención indiscriminada de más de 1200 personas que están confinadas en condiciones precarias en las instalaciones de la Policía Federal de Brasilia muestra que el nuevo Gobierno, coherente con sus raíces marxistas-leninistas, actúa de forma aficionada, inhumana e ilegal”. Y a continuación dice que los actos del 8E “los podemos, si, considerar, VANDALISMO (mayúsculas en el posteo) pero terrorismo es una vez más desgarrar la legislación de nuestro país”. Su explicación es que “acto terrorista es aquel practicado por xenofobia, discriminación o preconcepto de raza, color, etnia o religión. Ninguna de ellas fue el motor que motivó los acontecimientos de Brasilia”.
No solamente en la mira están los uniformados -Torres es policía, de hecho- sino empresarios como Fernando José Ribeiro Casaca, dueño de una docena de hoteles, quien habría financiado el transporte en ómnibus para llevar a bolsonaristas hacia la capital brasileña. La Abogacía General de la Unión (AGU, el órgano equivalente a la Procuración del Tesoro argentino) pidió congelar además los bienes de 52 personas físicas y siete personas jurídicas responsables también de alquilar los colectivos. La mayoría son empresarios del transporte.
Torres, como contó el portal de Tiempo el mismo domingo pasado, se había ido a Florida, Estados Unidos, el sábado anterior. Cuando estalló el ataque a las sedes del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) se apuró a condenar los hechos por twitter, pero solo reconoció que había viajado a EE UU cuando lo descubrió la corresponsal de Folha de São Paulo, a quien le dijo que estaba de vacaciones y no para verse con Bolsonaro, que “casualmente” también había recalado en ese exilio dorado. El exmandatario, repentinamente, fue internado el lunes en un sanatorio “con fuertes dolores estomacales”.
Ante esta exposición, Torres prometió volver al país, cosa que hizo ayer. Un día antes, la Policía Federal le había allanado la casa por orden judicial y encontró un borrador de decreto elaborado cuando era ministro de Bolsonaro en el que se desconoce el resultado de las elecciones de octubre. El funcionario ahora en desgracia reconoció la existencia de ese documento que, afirmó, “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”. Lamentó haber dejado esas pruebas incriminatorias. Sobre todo porque, afirmó explícitamente, el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces”.
En un desayuno con periodistas, Lula reconoció este martes que los militantes bolsonaristas habían tenido ayuda interna para entrar a las sedes de los tres poderes democráticos mediante la connivencia de policías y militares que trabajan allí, dado que no hubo puertas rotas ni cerraduras violadas. Y aseguró que haría una “revisión profunda” de la seguridad en áreas clave.
Luego el gobierno dejó trascender que el presidente se reunió con los comandantes del Ejército, Julio César de Arruda, de Marina, Marcos Sampaio Olsen, y de Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, quienes le aseguraron que las tropas se mantienen en respeto por las jerarquías y se comprometieron a investigar la responsabilidad de cada mando en los hechos. Arruda fue designado por Bolsonaro el 29 de diciembre luego de un acuerdo del equipo de transición y tras un intento de rebelión interna que no se dimensionó públicamente esa vez.
El resultado quedó expuesto ahora y, también, la necesidad y la oportunidad de hacer los cambios en las Fuerzas Armadas que nunca se hicieron desde la recuperación de la democracia, en 1985, luego de una dictadura de 21 años.
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