De la Redacción de Contrapoder –
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este viernes al Congreso adelantar las elecciones a diciembre de este año. El pedido surge a partir de la crisis que vive el país, donde se registran protestas desde hace semanas que dejaron ya al menos 48 muertos y que empiezan a afectar el abastecimiento en las provincias del sur del país.
Tras señalar que en principio “desde el Ejecutivo habíamos planteado para que estas elecciones se adelanten a abril de 2024 (…). Sin embargo, las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia”, Boluarte dijo a la prensa local que tras conversarlo con el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, la propuesta es que los comicios se celebren en diciembre de 2023.
“Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones”, sostuvo Boluarte, que asumió el cargo el 7 de diciembre después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, del que era vice.
El Congreso reanudará este viernes la sesión para evaluar el adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo para abril de 2024, que en diciembre ya había sido aprobado en una primera votación. En esa instancia, se prevé que Fuerza Popular presente un nuevo texto para que los comicios se lleven a cabo en diciembre de este año.
Postura de los demás sectores políticos
El partido Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, había pedido el pasado jueves al Congreso adelantar las elecciones generales para este año, pero el jefe de Gabinete lo rechazó con el argumento de que no serían transparentes.
Sin embargo, Boluarte este viernes terminó afirmando que no objeta la propuesta del partido de derecha. Además señaló que la insistencia de las bancadas de izquierda para que, junto al recorte de mandato, se haga un referéndum constituyente “es una justificación más para poder radicalizar y seguir ensangrentado el país”.
Contexto de crisis
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que el entonces presidente anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.
Durante las protestas murieron al menos 48 personas en enfrentamientos, entre ellos un policía, y otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de vías para exigir la renuncia de la Presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.
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