De la Redacción de Contrapoder –
Tras varios días durante los cuales la oposición política y mediática buscó instalar lo contrario, la Organización de Naciones Unidas (ONU) no hizo crítica alguna a la situación del sistema de justicia en la Argentina ni le pidió al gobierno por su independencia. Este viernes, el país terminó de rendir un examen en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos. De las 287 recomendaciones que recibió, sólo cuatro estuvieron enfocadas en la justicia: Bolivia que saludó la denuncia del lawfare, Chile que se pronunció en sintonía con el gobierno argentino, Eslovaquia en términos similares y Alemania que pidió por la independencia de jueces y fiscales. Sin embargo, la delegación alemana estaba haciéndose eco de un informe de Naciones Unidas de finales de 2019 en el que se denunció el plan de hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri hacia aquellos magistrados que no comulgaban con sus ideas.
La falsa noticia difundida por Clarín y La Nación
Días atrás, los medios de comunicación que responden a JxC, buscaron instalar que el pedio para que Argentina garantice “la independencia de la Justicia” obedecía a la administración actual. El organismo conducido por Pietragalla agregó que “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, en el caso de Alemania, resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”.
Precisamente en esa comunicación resaltada por Alemania, se criticaban las presiones a la justicia que hubo en Argentina durante la administración de Cambiemos. Concretamente, el informe “advertía que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante ‘actos de intimidación y presión’ a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que estos ‘habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo’, detalló la Secretaría de Derechos Humanos.
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