Por Amanda Alma –
Nora Cortiñas lleva su pañuelo blanco. Habla despacio pero toda la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados hace silencio para escucharla. “El juicio político llega muy tarde. Estos jueces ya han hecho mucho daño”, dice la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. “No solo beneficiaron a los grupos económicos y mediáticos, sino también a los genocidas de la última dictadura”, enumera ante los representantes en una especie de resumen de las catorce denuncias que hay en la comisión contra los cuatro integrantes del máximo tribunal del país. A los represores les dieron el 2×1 –remarca Cortiñas– y Horacio Rosatti protegió –cuando era intendente de Santa Fe– al torturador de Patricia Isasa, quien también compareció en la Cámara y dio su testimonio del brazo de la referente de Madres.
Lo que parecía una reunión meramente formal para ratificar ante el Congreso las denuncias terminó siendo un acontecimiento histórico y, por momentos, estremecedor con la presencia de Cortiñas, Isasa y el abogado querellante Pablo Llonto –que puso sobre la mesa que no hace falta dictar fallos como el 2×1 para beneficiar a los criminales de lesa humanidad, sino que se los puede favorecer con hacer la vista gorda y no acelerar los procesos por delitos aberrantes cometidos hace casi 50 años–.
Esta vez Juntos por el Cambio prefirió dejar de menoscabar la reunión y acompañó –aunque más no sea desde la banca– a sus socios de la Coalición Cívica que desde 2017 vienen denunciando por mal desempeño y defraudación al supremo Ricardo Lorenzetti. La diputada Paula Oliveto –abogada y autora del proyecto que lleva la firma de Elisa Carrió– no dejó pasar la oportunidad de facturarle a sus compañeros de coalición que “en ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido, es más, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia (Germán Garavano) dijeron que no lo compartían”. En su larga y detallada argumentación se diferenció del proceso actual que impulsa el oficialismo.
Fundada en las denuncias penales radicadas por ella misma una década atrás, mientras duró la presidencia de Lorenzetti, Oliveto apuntó al manejo discrecional de fondos extrapresupuestarios, anomalías en el sistema informático, incremento e inconsistencias en el plantel laboral por contrataciones, irregularidades en la obra social, incluso la creación de un cuerpo de peritos; Oliveto secundada por el presidente de su bloque Juan Manuel López ratificaron su denuncia. Esas fueron las únicas voces de Cambiemos que se escucharon durante las casi cuatro horas que duró la reunión. Las otras se preparan para defender a los supremos en bloque, pero lo cierto es que la denuncia de la CC desbarata el argumento de macristas y radicales cuando dicen que el juicio es “una farsa”.
El contrapunto con Oliveto lo protagonizó Eduardo Valdés, que defendió la posición del presidente Alberto Fernández, refrendada por una docena de gobernadores. Los principales cuestionamientos fueron por el asalto al Consejo de la Magistratura y la cautelar para beneficiar a la Ciudad en la disputa por la coparticipación. Arrancó atajando las chicanas que había dejado sobrevolando la diputada opositora, acerca de presuntos llamados telefónicos a integrantes del bloque oficialista por parte de uno de los supremos. “No conozco a Lorenzetti, no me ha llamado nunca, ni lo he llamado yo”, respondió Valdés y dijo que “el juicio político es la única herramienta que la democracia le da al Congreso en caso de mal desempeño de los jueces de la Corte”.
No es el único proyecto del oficialismo que está en la comisión, hay otros que focalizan en otras causales. Principalmente la critica situación de la obra social que afecta a más de 100 mil personas. Los diputados de extracción sindical María Rosa Martínez y Pablo Carro señalaron la responsabilidad “por el incumplimiento sistemático de las funciones de control y administración indelegables”, al tiempo que denunciaron “vacancias en puestos claves del directorio y en las subdirecciones, ausencia de auditoría interna, irregularidades en la delegación de firma, ausencia de previsión presupuestaria e inexistencia de registración contable”.
Otra denuncia lleva la firma de Vanesa Siley. Su proyecto se presentó el 25 de septiembre del 2020. En la presentación, Siley apuntaba contra Carlos Rosenkrantz por su política frente a las causas de lesa humanidad: no solo por haber promovido el 2×1 a los genocidas, sino también por haber desactivado la llamada Comisión Interpoderes, creada para acelerar los procesos contra los criminales de la última dictadura. Mara Brawer recordó el consenso social que se expresó en las masivas movilizaciones de repudio y que “el Congreso se reunión y sancionó la Ley 27.362; por unanimidad en el Senado. Para que quede claro que no se podía aplicar el 2 x 1 a los genocidas. Acá votó en contra solamente (Alfredo) Olmedo”.
Lo que parecía una típica reunión de comisión mutó de pronto a sala de audiencias cuando Patricia Isasa, sobreviviente de varios centros clandestinos de la provincia de Santa Fe, tomó la palabra. “Me llevó más de 20 años poder denunciar las violaciones que sufrí”. Munida de viejos recortes periodísticos y de parte del expediente que tramitó en España el Juez Baltasar Garzón, enumeró su trabajo de denuncia a los represores que la secuestraron y torturaron. “Yo iba poco a la casa de mis padres, no pasa más de tres días”. Y un día de 1998 reconoció a Eduardo Alberto Ramos como empleado del municipio de la ciudad de Santa Fe, donde Rosatti era el intendente. Hilvanando su relato sin que nadie de la sala osara en interrumpir, Isasa contó que se puso en contacto con Rosatti en febrero de ese año. “Hay registro de todo, porque no se entra si nomás a la Municipalidad” y le advirtió sobre los antecedentes de su empleado. No obtuvo respuesta. Pero tampoco fue desplazado, ni denunciado. “Me preguntan para qué sirve todo esto. Porque cuando uno se entera, las cosas cambian, esta cosas tienen una chance de cambio si se saben”. Citando a Joaquín V González, cerró: “El propósito del juicio político no es el castigo de la persona, yo no quiero que castiguen a Rosatti, sino que quiero la protección de los intereses públicos contra el abuso de poder, o por una conducta incompatible con el cargo.”
Casi cerrando la lista de invitados Pablo Llonto denunció que “no hay intención de llevar adelante los juicios”. Advirtió que desde que Rosatti asumió al frente de la Corte no se convoca la Comisión Interpoderes para apurar los juicios de lesa humanidad. Llonto denunció que “es uno de los hechos mas graves desde el Poder Judicial porque el mensaje enviado por Rosatti con el silencio y la inactividad llega a los jueces de cada provincia. El mensaje es que no se hagan problema si no avanzan”.
Debate sobre la adminisibilidad
Ratificadas todas las denuncias ingresadas y sustentadas ante la comisión, el próximo jueves se reunirán para definir si son admisibles. Será el momento en que el debate entre legisladores tomará volumen y podría alcanzar alto voltaje. Ya lo advirtió el diputado porteño de la Coalición Cívica Juan Manuel López. Al filo del cierre de la jornada pidió “un método de votación claro, por el derecho de defensa que tienen que tener los magistrados” porque quiere que se detalle qué se le reprocha a cada uno de los supremos.
La presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT), advirtió que en la próxima reunión se votará “sólo la admisibilidad, si se abre el sumario o no, porque los cargos se definen en la acusación, al final de la etapa de prueba”. Para esa etapa que se inicia el Frente de Todos cuenta con los votos necesarios. A partir de allí comenzará otra historia.
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