Por Ari Lijalad –
Esta semana comenzó el proceso de acusación para el juicio político a los 4 miembros de la Corte. La comisión que preside la diputada Carolina Gaillard escuchó las denuncias de legisladores, asociaciones jurídicas, abogados en causas por delitos de lesa humanidad, víctimas del terrorismo de Estado y a particulares. Según el cronograma que tienen previsto en diputados, el 9 de febrero será el momento de elaboración de la acusación contra cada uno de los cortesanos para que se trate primero en la Cámara de Diputados y, si logra pasar ese filtro, que vaya al Senado. En términos simples, en un juicio político a la Corte la Cámara de Diputados juega el rol del fiscal que acusa y el Senado el del juez que juzga.
En la sede de la Corte, en el 4to piso del palacio de Tribunales, no hay mucha preocupación por este tema. Tienen, de mínima, dos razones para confiar en su impunidad: el blindaje mediático y la protección política. El Grupo Clarín, que puso a los dos últimos presidentes de la Corte, marca la línea editorial de la comunicación corporativa que traviste un procedimiento constitucional en un ataque a la Justicia. El interbloque de Juntos por el Cambio aporta el cepo parlamentario, ya que sus diputados y senadores pueden bloquear todo el proceso.
Que los jueces de la Corte sean protegidos por los medios y la oposición es entendible: todos tienen la misma terminal, que es el proyecto económico del gran empresariado. Son gerentes o CEOs, pero no accionistas y menos dueños.
La primera semana judicial a Corte no tuvo su reunión de acuerdos y no emitió ningún fallo. Su presidente Horacio Rosatti aún mantiene en el cargo a Silvio Robles, que aparece en una filtración de chats coordinando fallos y maniobras mediáticas con el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Acaso la mayor preocupación de Rosatti y Robles sea segura la citación del segundo a declarar ante la Comisión de Juicio Político, a la que no se puede negar. Rosatti, por su parte, tiene el privilegio de declarar por escrito.
Que no hubiera acuerdo no significa que no muevan los expedientes. Carlos Rosenkrantz, que es acusado entre otras cuestiones por las revelaciones de El Destape de que intervino en al menos 56 expedientes de sus ex clientes, ya pidió de nuevo el expediente donde la Corte tiene que resolver el caso Correo Argentino, vital para la familia Macri.
Entre las exposiciones por las que se acusa a los miembros de la Corte hubo dos conmovedoras. Una fue el de Patricia Isasa, ex detenida-desaparecida, que denuncia hace años que Horacio Rosatti cobijó al represor Eduardo Ramos cuando era intendente de Santa Fe. Isasa contó que fue secuestrada, torturada y violada por Ramos, que acudió a Rosatti cuando era intendente pero que el actual presidente de la Corte le dio la espalda y encubrió al genocida.
La otra, la de Pablo Llonto, abogado de causas por delitos de lesa humanidad hace añares, que señaló la responsabilidad de la Corte en las demoras en los juicios a represores y genocidas. La propia Corte tiene en sus manos cerca de 50 expedientes sin resolver por delitos de lesa humanidad, algunos hace una década. Pero hay otra cuestión de fondo: que la Corte no hizo nada por acelerar esos juicios por los que la Argentina se hizo referente en el mundo al ser el único país que juzgo a sus genocidas en tribunales ordinarios.
Llonto recordó que en el juicio a las Juntas declararon 839 testigos en jornadas que iban de lunes a viernes. Y marcó la diferencia con la actualidad, donde muchos de los juicios por lesa humanidad tienen apenas una audiencia semanal. Lo comparó, sin menospreciar la importancia del caso, con el juicio a los asesinos de Fernándo Baez, que tuvo audiencias diarias e incluso durante el verano. Y resaltó que los juicios de lesa humanidad tienen que tener prioridad no por tener más importancia que otros (aunque tratándose de delitos de lesa humanidad sería también un argumento válido) sino porque son los más antiguos y si no se aceleran se corre un riesgo evidente: que se imponga la impunidad biológica sobre decenas de genocidas que aun no fueron juzgados.
Que los expedientes vinculados a las violaciones a los derechos humanos tengan demoras tiene varias explicaciones pero todas involucran a la Corte. En primer lugar, el máximo tribunal derrama letargo al cajonear los casos de lesa humanidad que le llegan. En sus estadísticas públicas sobre casos resueltos ponen DDHH-Institucional como categoría, sin especificar cuales son de una u otra. En 2021 firmaron 110 fallos de DDHH-Institucional, el 1,3% del total. En 2020 menos, apenas 49, el 0,7% del total.
La Corte señala un camino: los Derechos Humanos no son su prioridad. Pero además la Corte, y esta Corte en especial, es responsable de que sigan vacantes muchos de los juzgados o tribunales que deben investigar o llevar adelante los juicios orales por los crímenes cometidos durante la última dictadura empresario-miliar. ¿Por qué? Porque tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona a los nuevos jueces, y en su afán de dañar políticamente al peronismo lo que logró Rosatti es que el Consejo esté paralizado. La situación es grave: el 25% de los cargos de jueces federales y nacionales está vacante. No solo se frenan los casos de lesa humanidad, faltan magistrados en el fuero laboral, penal, civil, comercial, etc.
El perfil empresarial de la Corte, cuyos integrantes hicieron explícita y pública su defensa del establishment y su rechazo a lo que denominan populismo, obviamente profundiza la gran deuda de los juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad: el rol de los empresarios. No sólo Héctor Magnetto fue liberado de culpa y cargo por el robo de Papel Prensa sin siquiera ser llamado a indagatoria por el juez Julián Ercolini, al cuál el año pasado invitaron a pasear a Lago Escondido, sino que apenas hay un empresario condenado por su rol en la dictadura. Y la dictadura fue empresario-militar; primero empresario.
Fuera del Congreso, el miércoles comenzó oficialmente el año judicial. En los primeros minutos los jueces, fiscales y funcionarios que viajaron a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín recibieron una buena noticia: Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal, le ordenó al juez de primera instancia Sebastián Ramos que le pida el expediente al juzgado federal de Bariloche para que tramite en Comodoro Py.
No fue la única buena para los viajeros. En enero la Facultad de Derecho de la UBA designó al juez Julián Ercolini como profesor de Teoría del Delito y Sistemas de la Pena. En los presuntos chats filtrados hay audios de Ercolini donde da instrucciones sobre como encubrir el delito de dádivas que cometieron al subirse a un avión pagado por el Grupo Clarín. Lo bueno es que ahora sabemos que podrá dar el teórico y el práctico.
El mismo miércoles que comenzó el año judicial CFK insistió con la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti. Al vademecum de razones para que se aparte de la causa por el atentado en su contra, que se resumen en fallas graves en la investigación como el borrado del celular del atacante Fernando Sabag Montiel y la obstaculización de cualquier pista que apunte a los autores intelectuales, los abogados de la vicepresidenta plantearon que la jueza trabaja también para un instituto de formación policial que depende del Ejecutivo porteño. A la luz de los chat que se atribuyen al ex ministro de Justicia Marcelo D’Alessandro, suma elementos concretos para sospechar de la parcialidad de Capuchetti.
CFK pidió que se televisara la audiencia con el camarista Leopoldo Bruglia, que decidirá el destino de la recusacion. No hubo caso, todo fue a puertas cerradas con Bruglia, designado a dedo por Macri y mantenido ahí por la Corte, que no hizo siquiera la mímica de presentarse al concurso para ocupar su sillón, uno de los tantos que están bloqueados en el Consejo de la Magistratura. Ahora decidirá si la relación de Capuchetti con el instituto policial del gobierno porteño es causal para apartar la de la investigación por el intento de asesinato de CFK.
Un dato más: el vicedirector de ese instituto policial es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, ex armador del lawfare en la era Macri y otro de los viajeros a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. ¿Puede el jefe de los fiscales tener un cargo también en un instituto del Poder Ejecutivo porteño?
Las cámaras, sin embargo, no apuntaron a todo lo anterior sino a los casos de los asesinatos de Fernando Báez y Lucio Dupuy. En ambos hubo condenas, pero el tratamiento informativo de acuerdo al género de las personas acusadas y las presiones a periodistas y referentes de los derechos humanos fue bien distinto. Sobre esto último, basta mencionar que la periodista Mariana Abiuso, de TN, sufrió una violenta serie de ataques en redes e incluso por parte de voceros hombres de su propio multimedio por su cobertura del caso Lucio. América 24 y La Nación le adjudicaron sin chequear (y luego se retractaron, pero tarde) al CELS y a su presidenta Paula Litvachky una posición de defensa de las acusadas de matar al niño, una pareja de mujeres lesbianas.
La violencia de esa reacción fue proporcional a la falta de argumentos y datos, tal como expuso la periodista Marta Dillon. “El ‘caso’ de Lucio y el de Fernando no tienen nada que ver, en apariencia. Pero la temporalidad de los juicios, sumado a operaciones mediáticas y virtuales antiderechos y nada inocentes, los han puesto en espejo. Y entre los elementos que comparten las dos historias trágicas hay un reflejo de la sociedad toda: la sed de morbo y el deseo punitivo como única salida. Ni a Lucio ni a Fernando los mató la sociedad, pero esos crímenes sucedieron aquí, entre nosotres”, escribió Dillon.
En un artículo publicado en Página/12, Dillon aportó datos que muestran que la enorme mayoría de los agresores y abusadores de niños son varones: “Entre los agresores, el 62,1 por ciento son hombres; el 53,8 por ciento son los padres. Y si hablamos de violencia sexual los agresores son 81,1% masculinos. El 56,5 por ciento de niños, niñas y adolescentes víctimas fueron abusades sexualmente por un familiar y el 24 por ciento por el padre biológico”.
Dos párrafos de Dillon que vale la pena resaltar sobre la operación anti feminista a partir de la pareja de mujeres que asesinaron a Lucio:
“Son mujeres, son lesbianas, son feministas, son perversas. A ellas se las funde en el colectivo al que supuestamente pertenecen. Los discursos sociales dominantes en estos días -redes, medios de comunicación, sitios de internet- liquidan la ecuación en una premisa: son las mujeres, las lesbianas, el feminismo, la ‘ideología de género’ lo que mata”.
“A ellas se las convierte en todas, las que marchan, las que consiguieron visibilizar la violencia patriarcal, las que denuncian a la Justicia por no actuar a tiempo. Y cualquiera podría ser ellas. Esa paradoja -acusar a quienes acusan- se ve constantemente en los juzgados de familia, sobre todo cuando se denuncia abuso sexual intrafamiliar, y busca generar un clima de pánico moral. Esta pareja es el chivo expiatorio, estas lesbianas perversas que odian ‘al macho’ son capaces de pasar de la metáfora al acto. Y son dos, pero son todas. Las que quieren derrumbar la casa del amo generando el terror de que finalmente caiga sobre la cabeza de esta sociedad que tantas veces prefiere linchar, excluir, castigar que mirarse a sí misma para seguir empujando transformaciones”
El género de los acusados, en realidad de las acusadas y condenadas por el asesinato de Lucio, fue aprovechado para una violenta reacción frente al avance de los feminismos. Como las asesinas eran una pareja de mujeres lesbianas la operación fue convertirlas en una muestra de que el feminismo es violento y mata. Como los asesinos de Baez eran varones, bastó con apartarlos de la sociedad pero en ningún momento se planteó que entonces todos los varones heterosexuales son violentos y matan. Un método inductivo bien selectivo.
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