Por Carla Perelló –
“La democracia sin mujeres no es democracia”, sentenció Sylvia Mesa Peluffo, integrante del equipo de Expertas de la OEA. El grupo llegó al país recabar información y aportar recomendaciones para enfrentar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Durante tres días escuchó los testimonios de la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentas politicas, sindicales, sociales y periodistas. En un informe preliminar presentado en conferencia de prensa hicieron recomendaciones a los tres poderes del Estado, señaló la importancia del rol de la Justicia y los medios de comunicación.
El atentado contra CFK y otras manifestaciones de violencia política hacia las mujeres “no son un hecho aislado”, consideraron las expertas del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (MESECVI), un órgano de la OEA que monitorea el cumplimiento de los Estados parte de ese tratado conocido como de Belém do Pará. La Convención fue adoptada en la ciudad homónima, en Brasil, en 1994, y el dato clave aquí es que allí se formalizó la definición de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, como “una violación de sus derechos humanos”.
En esa línea, esta tarde, en una sala de conferencias del Hotel Uno, de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron el informe preliminar, que estará completo en las próximas semanas y será de acceso público y que lleva por nombre “Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad: la violencia contra las mujeres en la vida pública y política en Argentina”.
Tolerancia -por parte del Estado, los medios de comunicación y la Justicia-, carácter disciplinador, impunidad, deshumanización de las víctimas, son algunas de las palabras que utilizaron las expertas para referirse a la situación que vive la Argentina en torno a la violencia política hacia las mujeres y personas sexualmente diversas. La delegación, que llegó este 1 de marzo y estuvo conformada por la presidenta del Comité, Marcela Huaita Alegre, de Perú; las expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil; Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia; y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por parte de la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero y Tatiana Bensa.
“Esto no se da en un país en concreto, es el resultado de un avance significativo de las mujeres en el ámbito público y estamos recibiendo un blacklash -respuesta- muy fuerte que nos está costando la vida”, manifestó a su turno la experta Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia. Entre otros, fueron mencionados los asesinatos políticos de Berta Cáceres –del que en este 3 de marzo se cumplen siete años-, defensora de derechos humanos de El Salvador: y de Marielle Franco, concejala negra carioca, lesbiana y favelada de Brasil.
“Aumenta la participación de las mujeres en la vida pública, aumenta la violencia”, insistió la experta independiente por Argentina Susana Chiarotti, que también señaló que en nuestro país la mayoría de las denuncias presentadas ante Casación en casos de defensa de medioambiente fueron realizadas por mujeres. Para el caso, también, mencionaron la situación que atraviesa Milagro Sala, sobre quien consideraron que se están “violando los derechos humanos”; de la persecución a las Ramonas Atrevidas en Catamarca – las dirigentas radicales de Catamarca castigadas por la Unión Cívica Radical con una suspensión de cinco meses, luego de haber impugnado la candidatura a presidente del Comité Capital de la provincia de Roberto Gómez –quien fuera candidato a gobernador en 2019– por tener una causa por acoso y abuso sexual-; y sin mencionarlo, también, hicieron referencia a los agravios recibidos por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
“Magni-femicidio” contra Cristina Fernández de Kirchner
“Tenemos una ley interamericana de femicidio que prevé una serie de escenarios donde las mujeres pueden ser asesinadas, tener una muerte violenta por la vía política es una. Son femicidios que ocurren en la esfera política”, explicó Mesa Peluffo, experta de Costa Rica. Y siguió: “Cuando hay un asesinato o intento de asesinato de un presidente, un rey o un máximo representante político, se llama magnicidio, es un intento de asesinato. En este caso, consideramos que (el intento de asesinato hacia CFK) fue realizado por razones de género, porque se habla mal de ella por ser mujer, porque se dicen cosas de ella que no se dirían de un hombre. Hemos visto muchos presidentes que no son buenos, que son corruptos, pero nunca he visto yo campañas de odio así, por eso decimos es un femicidio, pero por la altísima proyección política es un magnicidio, por eso es un magnifemicidio, o femimagnicidio, es un femicidio hacia una persona con mucho poder político”.
En este caso, como en todos los demás, consideraron fundamental, el rol de los medios de comunicación que, como dijo la misma CFK en el informe de 96 páginas que les presentó en la tarde de este jueves, garantizaron “discursos de odio que pudieron haber pavimentado algunas acciones que terminaron con un intento de feminicidio”.
Además, consideró como uno de los factores de la violencia el avance de los sectores conservadores y de derecha en el país como en la región: “El aumento de las violencias contra las mujeres, los femicidios, las campañas de odio contra las personas sexualmente diversas, entre otras, responden, en gran medida, a un aumento de las posiciones muy conservadoras -a veces religiosas, a veces no-, que tienen un concepto muy tradicional de la familia. Eso ha llevado que en la medida en que nos independizamos estamos en más peligro”.
“La democracia sin mujeres no es democracia. Más mujeres es más democracia, somos la mitad o más de la población, en la medida en la que nos recortan nuestros derechos se recorta la democracia. No hay democracia sin participación efectiva de las mujeres y no puede haber participación efectiva de las mujeres en la política mientras haya violencia política, la violencia policía es una forma de cortar la participación de las mujeres en la política”, sintetizó.
Por su parte, la presidenta del Comité, Marcela Huaita Alegre y Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, se encargron de dejarle un mensaje a todas aquellas personas con las que se entrevistaron, así como para las mujeres y diversidades que se desempeñan en el ámbito público y político y, también para las periodistas. Dijo que durante los tres días recogieron sus “sentires” que, en la mayoría de los casos fue de “soledad”, “miedo” y “cansancio”: “No se sientan solas y no tengan miedo”, dijo, vehemente. Y, para ello, llamó al Estado para que respondiera y consideró “fundamental” el acompañamiento por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos para “la democracia que nos merecemos”.
Resumen del informe: “Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad: la violencia contra las mujeres en la vida pública y política en Argentina”
El informe preliminar presentado está separado en observaciones y recomendaciones, que fueron elaboradas tras la escucha atenta durante tres días de testimonios de dirigentas políticas, referentas sindicales, periodistas y máximas autoridades como la vicepresidenta, senadoras, diputadas, así como integrantas del Poder Judicial.
- Para el Comité la violencia política hacia las mujeres es una práctica “ampliamente tolerada” en todos los ámbitos de la vida pública. En donde los resortes de atención no siempre responden y para lo que las condiciones de interseccionalidad (condición por etnia, por ejemplo) colabora para la falta de esclarecimiento.
- “Esta impunidad tiene un enorme impacto para las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones”.
- Consideraron que, pese a que existe una robusta legislación, hacen falta mecanismos de implementación, con protocolos y reglamentos.
- Vieron, además, que los mecanismos institucionales no se utilizan por la desconfianza hacia las instituciones, por ello, aparece, nuevamente, la palabra “impunidad” como característica común.
Las recomendaciones dadas, en tanto, son hacia el Estado Argentino, Poder Ejecutivo, el Legislativo, el órgano electoral, los órganos judiciales y el Ministerio Público y para los medios de comunicación.
Como punto fundamental, señalaron, el hecho de que la Convención de Belém do Pará -que el mecanismo del que ellas forman parte se encarga de revisar su cumplimiento- pase a tener rango constitucional, cuyo último intento a fin del año pasado, pero que no logró el quorum necesario.
Como medidas urgentes señalaron: establecer protocolos que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos. Que la violencia política sea considerada en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres, entre otros puntos, como contar con mecanismos de evaluación y de estadísticas para conocer el escenario en que nos encontramos.
En el caso legislativo, llamó a que también se establezca un protocolo para sancionar los actos de violencia contra las mujeres en la ejecución de sus funciones. Serán recordados los agravios del diputado Fernando Iglesias contra Moreau durante una de las primeras sesiones que presidió.
En el caso del Poder Judicial criticó la resistencia a recibir las capacitaciones y sensibilizaciones previstas en la Ley Micaela, que están dirigidas a todos los efectores del Sector Público Nacional. Una normativa, creada, justamente, luego de que un juez actuara con imprudencia y sin perspectiva de género, lo que derivó en el femicidio de la joven militante política Micaela García, de Entre Ríos.
La posición contra los medios de comunicación fue la más dura: consideraron que son los que se encargan de difundir y reforzar imágenes sexistas, estereotipos y discursos de odio. Por ello, consideraron necesario que se combatan esas miradas con políticas internas y códigos de autorregulación para desnaturalizar las agresiones en línea y sensibilizar en torno a sus impactos en las personas y la sociedad.
Por último, consideraron necesario eliminar, como parte de una política editorial interna, “toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar sus derechos políticos”, así como prohibir la propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política.
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