Por Mario Wainfeld –
“Un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla” Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Citado por el juez supremo Horacio Rosatti en la sentencia “Batalla”.
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El mandatario seguramente elevó la voz algunas octavas más de lo aconsejable, incurrió en ciertos furcios, exageró al atribuir demasiadas responsabilidades a la Corte y al Consejo de la Magistratura en la crisis de seguridad que atraviesa Rosario. En lo sustancial tiene razón. Le asiste derecho para promover juicio político porque los jueces no enuncian la ley, sino que deciden, crean derecho al sentenciar. Lo escribió Montesquieu, un maestro precursor. El mismo que teorizó tempranamente sobre la división de poderes. Hace falta que el poder controle al poder o algo así. El juicio político es el mecanismo para controlar al Poder Judicial y a la Corte concebido en la Constitución nacional, posterior al deceso de Montesquieu.
Promover un juicio político no viola la Constitución, la aplica. El Congreso es el organismo facultado, el Poder Legislativo que controla al otro. Se exigen mayorías agravadas para que el juicio avance en Diputados y luego para destituir en Senadores. Difíciles de conseguir, desde ya. Se cumplen esos recaudos. No hay ataque a la Carta Magna.
La oportunidad de la movida que intenta el Gobierno se puede discutir. ¿Por o para qué generar el escenario a sabiendas de que no se contarán con las mayorías? Los oficialistas alegan que servirá para visibilizar los hechos, ponerlos en conocimiento de la opinión pública. Hasta ahora las revelaciones impactan. Los acusadores tienen unos boletos a placé: aguardan que se disuelva o achique la solidaridad entre los cortesanos. O en algunos de sus empleados o secretarios. Que haya reproches mutuos, confesiones. Hasta ahora no sucede, allende las rencillas que se abordan más adelante.
La escena alucinó. Los dos magistrados que estuvieron en el recinto probablemente esperaron que ese gesto aminorara el fervor presidencial. Pifiaron. Ni se miraron, menos se hablaron. Salieron del Congreso corriendo, sin hablar con movileros. No enfilaron a Tribunales como imaginaban en la previa. Hasta el cierre de esta nota los cuatro acusados no dieron cuenta de haberse reunido. Se ingeniaron, reconocen sus entornos, para pedir comunicados de apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de presidentes de Cámaras Nacionales. Salieron como por un tubo. Solidaridad corporativa, al mango.
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Nada novísimo, recuerdos del pasado: Resuenan ecos de la jornada transmitida en vivo por la tele que perdura insustituible para hechos únicos. Sin embargo, no hay nada novísimo bajo el sol. En 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigó al Poder Judicial y a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa. Una de las críticas fue la falta de resultados y hasta de movimiento en la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel. La Corte la tramita (es un modo de decir) desde 1992. Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal en ese tiempo, oyó de cuerpo presente las recriminaciones. Las replicó mal y pronto en un acto que había inventado para pavonearse, “la apertura del año judicial”. Que comienza el primero de febrero pero que se celebraba en marzo para parangonarse con el mensaje presidencial en el Parlamento.
Lorenzetti pretendía llegar a presidente de la Nación, catapultándose desde el Palacio de Justicia. La ilusión quedó en el camino, la realidad y sus colegas la serrucharon. Hace cuatro años pervivía la fantasía. Lorenzetti le cantó retruco a Cristina con una coreo que ahorramos acá. Con relación a la Embajada adujo que la causa estaba sentenciada, que se había establecido la autoría material “al grupo Hezbollah, de la Jihad islámica”. Mentía o desinformaba por partida doble. Es exótico condenar penalmente a un grupo u organización y no a personas físicas. Pero, lo que es peor, la causa seguía abierta aunque apolillándose en varios estantes.
El papelón forzó a que un secretario de la Corte refutara con esmero al Supremo. El expediente estaba vivo aunque hibernando, se ordenaron un par de medidas de prueba. Lorenzetti es flojo en derecho penal, excede su expertise. He ahí uno de los motivos de su envidia blanca “a lo Salieri” respecto del juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
Se ignora si el empoderado Horacio Rosetti ambiciona llegar a presidente de la Nación. El hombre asegura que no, que el Tribunal es el final de su carrera. Lo sostiene desde que quisieron colarlo a la Corte por la ventana mediante decreto simple (no decreto de necesidad y urgencia). La falta de ética de la dupla Ro-Ro por haber aceptado la maniobra se palió porque se sometieron luego a los requisitos constitucionales. No se los debe juzgar por esa tentativa rectificada que sí da cuenta de su estatura moral.
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Mentiras difundidas: Los jueces pueden ser juzgados por sus sentencias entre tantas causales posibles de mal cumplimiento de sus funciones. La Vulgata de derecha lo niega… casi todos se equivocan, una minoría miente.
Son arbitrarias las sentencias caprichosas que no se fundan en una de las variadas lecturas racionales disponibles de los hechos. No un razonamiento elaborado sino una maniobra de voluntad. Por fallas de quien resuelve o por mala fe o por ánimo de favorecer a una de las partes. Las sentencias arbitrarias valen como cargo en un juicio político.
El prevaricato, un grado más grave, es cuando los jueces incumplen dolosamente los deberes de magistrados. En el comportamiento o en las resoluciones.
El contubernio, las relaciones promiscuas con integrantes de otros poderes del estado o con dirigentes políticos abre sospechas. El viaje a Lago Escondido, por invitación del Grupo Clarín enloda a los participantes. La evidencia no surgió de filtraciones discutidas sino de una nota de tapa de Página/12 que motivó a los conjurados a armar los chats. De nuevo, el orden de los factores altera el producto. Los supremos no caen en este lodo pero lo disimulan o encubren con silencio, no actúan como cabeza del Poder Judicial.
La sentencia en el expediente “Muiña”, el dos por uno salvando a los represores, fue arbitraria. La afecta un tufillo de pago de favores, la promovieron Rosenkrantz y Rosatti poco tiempo después de haber asumido gracias al nombramiento del expresidente Mauricio Macri. Un misil contra “el curro de los derechos humanos”. Designio político evidente, sospechas a granel. Fundamentación jurídica banal, berreta. El juez Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti quienes se pronunciaron contra la mayoría no tendrán que ser acusados. Cada supremo tendrá su repertorio de acusaciones.
Solo Rosenkrantz tendría que ser acusado por eventual favoritismo hacia las empresas que asesoró como abogado. Había prometido excusarse siempre cuando rindió examen ante el Senado. Pero a los cinco años, rectificó su doctrina. Anunció que ese lapso era bastante, fingió amnesia. Precavido en 2016 había borrado de los registros en Internet la nómina de la distinguida clientela. Es el único que debe responder por ese hipotético manejo de influencias.
Rosatti es el primus inter pares sospechado por los chanchullos al autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura en diarquía con la Corte y por los desaguisados que consumó luego. A su zaga colegas lo acompañaron votando de forma inicua la restauración de una ley derogada años atrás.
Las relaciones de su vocero Sergio Robles, los contactos confianzudos con figuras políticas opositoras, los consejos e información filtrada recaen solo sobre el exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia. Habrá que alquilar balcones cuando Robles comparezca a declarar bajo juramento.
Existen varios etcéteras.
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El enmascarado no se rinde: Espóiler. En las líneas siguientes, de este párrafo (“pancito” en jerga periodística) se retoman críticas de este cronista al uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y al simulacro de sentencia rechazando un recurso extraordinario de Milagro Sala. Si usted las da por sabidas puede saltearlo y pasar al siguiente. Por añadidura las dos inconductas graves, quizá inconstitucionales, no figuran entre las frondosas acusaciones de la Comisión de juicio político.
El artículo 280 faculta a la Corte a rechazar recursos sin expresar fundamentos. Un acto público que no se explica o se justifica. La forma republicana de gobierno te la debo. Montesquieu se revolvería en su tumba. Ningún poder del Estado está habilitado a tamaño atropello. Se quitan derechos, se manda a la cárcel o se excarcela, se terminan procesos sin dar razones. Arbitrario hasta la manija. La Corte utiliza el rebusque con asiduidad. Un despropósito inconstitucional para ahorrarse laburo. En el papeleo interno es costumbre que los numerosos secretarios letrados le “marquen” a los supremos los expedientes que terminarán de esa manera abrupta.
En los oscuros pasillos del cuarto piso del “Palacio” se cocinan otras habas, pestilentes. Eventualmente se dibujan “280 encubiertos”. Se desestiman recursos extraordinarios con fundamentos recalentados, escritos “n” veces. Un simulacro de “considerandos” en vez del sello habitual que tiene cinco renglones. Así se obró al desestimar los recursos de los abogados de Milagro contra la estrambótica condena dictada por tribunales especiales designados ad-hoc, conducidos ostensiblemente por el gobernador jujeño Gerardo Morales. La persecución vale como causal del juicio político. Un parentesco estrecho la vincula con la sentencia del Tribunal Federal contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Todos datos, hasta acá. Opinión: tamaña prepotencia es causal de juicio político. Otra: el presidente podría (tendría que) haberla recordado mencionarla en el discurso del miércoles cuando describió la barbarie judicial y sus lazos con la derecha.
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Internas tras los cortinados: Otra vez: nada es todísimo nuevo bajo el sol. Diversos presidentes combatieron a la Corte, en plena recuperación democrática. Carlos Menem construyó una Corte Suprema a su imagen y semejanza. Eduardo Duhalde amagó iniciar juicio a la Corte menemista; reculó. Néstor Kirchner se animó, la enfrentó. No puso en el banquillo a todo el Tribunal como Alberto Fernández pero consiguió que se fueran cinco.
Fernández sigue adelante en el crepúsculo tras recorrer casi en soledad la distancia entre la Casa Rosada y el Congreso.
Los cortesanos cierran filas según cuentan sus portavoces. Serán como los mosqueteros, de momento: todos para uno y uno para todos. Curiosa contingencia, los une el enemigo común aunque los separan broncas, rencores y aún odios añejados. Lorenzetti detesta a Rosenkrantz-Rosatti que intrigaron para birlarle la presidencia del cuerpo. Desde ese momento, trata de diferenciarse sin que haya margen. Odia a Robles a quien atribuye operar en su contra. No cree que lo haga motu proprio.
Maqueda se diferenció por largo tiempo de Rosenkrantz a quien consideraba arrogante, despectivo en el trato, poco proclive al diálogo. Ahora articulan, este cronista ignora si hay más motivos que el espíritu de cuerpo.
Rosatti tomaba en solfa a Rosenkrantz, altanero y fóbico en el trato cotidiano. Habrán pasado cosas.
Rosenkratz desprecia a todos sus pares, se considera superior. Lo señalan los otros tres, en prudentes off the record.
En la semana que se inicia mañana el Tribunal oral dará a conocer la fundamentación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Arbitraria, persecutoria. Los jueces deberán cuidarse, disimular. Ni ponerse la camiseta de Liverpool, el equipo de sus diversiones en la quinta de Macri. Ni la amarilla de PRO, la que tienen pegada al corazón.
Entre tanto, el fiscal Carlos Stornelli empieza a profugarse de nuevo. Nada nuevo bajo ese sol.
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