Por Franco Mizrahi –
El fiscal federal Carlos Stornelli, procesado por espionaje ilegal, fue convocado por la comisión de juicio político para declarar este martes como testigo en el proceso que se les sigue a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Desde la Justicia ya deslizan la posibilidad de que el fiscal no concurra a la citación. No sería la primera vez que Stornelli evada un llamado de estas características. Esquivó durante ocho meses un llamado a indagatoria en el caso D’Alessio. Se presentó cuando estuvo a punto de ser enviado a un jury por sus faltazos. En el Congreso aseguran que el fiscal está obligado a presentarse. Pero al tener fueros podría escudarse en ellos para evitar ser llevado por la fuerza pública. El Destape reconstruyó los escenarios que se abren.
El fiscal Stornelli ya fue notificado en su despacho de Comodoro Py de que el martes la comisión de Juicio Político lo espera a las 13 para declarar como testigo. Su citación es producto del testimonio que brindó en la audiencia pasada el juez Sebastián Ramos, quien en plena feria archivó dos denuncias contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño –en uso de licencia- Marcelo D’Alessando y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Ramos dijo que no tuvo más remedio que declarar el archivo por el dictamen que suscribió Stornelli. La dupla D’Alessandro-Robles había sido denunciada luego que se filtraran una serie de supuestos chats que mostraban cómo ambos coordinaban maniobras político-judiciales para favorecer a Juntos por el Cambio y perjudicar al Frente de Todos tanto en los casos de la Coparticipación como de la integración del Consejo de la Magistratura.
Minutos después de la declaración de Ramos se conoció una nueva filtración del celular de D’Alessandro de donde se desprendían presuntos chats que desmentían al juez con asiento en Comodoro Py. El 23 de febrero Ramos declaró en la comisión. Al cierre de su exposición, el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, le preguntó al magistrado: “Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D’Alesandro y Silvio Robles? El juez respondió, contundente: “No, señor”. Poco después aparecieron 56 intercambios entre Ramos y D’Alessandro que muestran un trato entre ellos muy familiar. De hecho, lejos de la formalidad, el juez llama “Tano” al ministro y hasta coordinan juntarse a comer en un club. El funcionario hasta se compromete a conseguirle un auto.
Se descuenta que la comisión busca saber por qué Stornelli consideró que debía cerrarse el caso con premura y sin ser investigado. Su posición choca de frente con la posición que tuvo el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien recibió una denuncia de las mismas características de parte del gobernador Axel Kicillof y consideró que el caso ameritaba una investigación. Ramos Padilla de hecho expuso las irregularidades en el cierre abrupto que se hizo del caso en Comodoro Py, razón por la que ya fue citado y declaró ante la comisión.
En este contexto, Stornelli fue citado por la comisión. Y a la luz de sus antecedentes el interrogante que se abrió fue inevitable: ¿concurrirá a declarar? El reglamento de la comisión es contundente respecto a la responsabilidad de los testigos.
El reglamento
El reglamento de la comisión de Juicio Político no deja lugar a dudas. De acuerdo al artículo 12 regirán “las reglas establecidas por los artículos 240, 241, 242, 243, 244, 247 y 251 del Código Procesal Penal.”
Según esos artículos, “toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley” (art. 240).
El artículo 247 citado establece que si el testigo no concurre a la primera audiencia “se procederá conforme al artículo 154, sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda”. Incluso se aclara que la rebeldía puede derivar en un arresto de hasta dos días y la apertura de una causa penal. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo referencia a estas cuestiones antes de la primera convocatoria de testigos.
El mentado artículo 154 es el que hace referencia a la intervención de la fuerza pública. Dice que los testigos “podrán ser citados por medio de la policía, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. Se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial y que, en este caso, serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada”. “El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere”, agrega.
Por eso, desde la comisión afirman que los testigos que no concurran a la citación podrán ser llevado por la fuerza pública.
El antecedente
El conflicto con Stornelli es que como fiscal tiene fueros. Esto implica que no puede ser llevado por la fuerza pública ni arrestado si decide no ir al Parlamento. Stornelli ya se escudó en sus fueros para evadir durante 8 meses un llamado a indagatoria en la causa D’Alessio que había realizado el juez Alejo Ramos Padilla, que entonces cumplía funciones en Dolores. Por esos faltazos, tal como informó El Destape en su momento, Stornelli estuvo a punto de ir a juicio político. Es que fue tan grande el escándalo que el fiscal fue declarado en rebeldía e intervino el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, que le señaló al procurador interino Eduardo Casal que debía iniciársele un jury al fiscal por esquivar el llamado de la justicia.
En noviembre de 2019 los fiscales generales Alejandro Alagia, Irma García Netto y Guillermo Pérez de la Fuente, que integraban el Consejo Evaluador, consideraron que debe abrirse contra Stornelli “la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”. En criollo: debe enviarse a Stornelli a juicio político.
¿Puede replicarse el escenario este año?
Paso a paso
Qué sucede si este 7 de marzo Stornelli no concurre a la comisión de Juicio Político:
- En una primera instancia se lo vuelve a llamar.
- Si no concurre en la segunda ocasión se abre la posibilidad de que se requiera la fuerza pública para que lo lleve a declarar. Esto también puede implicar la denuncia ante su superior para que le impongan un apercibimiento.
- El superior es Eduardo Casal, que ya lo protegió cuando fue llamado a indagatoria en el D’Alessiogate.
Si bien no es unánime la posición, en la comisión aseguran que debe intervenir un juez para autorizar que se intervenga con la fuerza pública.
Aquí hay un punto crucial: luego del escándalo en el que quedó involucrado el juez Ramos por la filtración de los presuntos chats (podría ser denunciado porque todo indica que le mintió al Congreso bajo juramento de decir verdad) las asociaciones de fiscales y magistrados emitieron comunicados en los que llamaron a que jueces y fiscales no concurran a la comisión. Es decir, brindaron los argumentos para que no concurran ante la citación de la comisión.
- El fiscal, procesado por espionaje ilegal, fue convocado por la comisión de juicio político para declarar este martes como testigo en el juicio contra los cuatro ministros supremos.
Si Stornelli no concurre a declarar y resiste a un nuevo llamado se dará un nuevo conflicto de poderes.
También puede darse el escenario de que Stornelli vaya al Congreso y se niegue a declarar. O concurra y se ciña a su dictamen sin agregar nada más, a modo de defensa. Si va, se descuenta que habrá una audiencia sumamente tensa.
La banca de la corporación
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) criticó la cita de Stornelli que hizo el Congreso. Fue una forma de preparar el terreno ante un eventual faltazo.
Los fiscales nucleados en esa organización alegaron que “la citación en carácter de testigos, exigiendo que los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa, no solo puede traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”.
Agregaron que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal “establece que los fiscales están exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes”. Pero omiten dos cosas. La primera: que la Comisión de Juicio Político no es un tribunal, sino un órgano del Poder Legislativo. La segunda: que Stornelli estuvo 8 meses en rebeldía cuando era citado a declarar no como testigo sino como imputado en una causa por espionaje ilegal en la que terminó procesado.
“Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial”, dijeron desde este grupo de fiscales dejando en claro con ese furcio lo que estaba haciendo.
Los otros 3 testigos citados
Además de Stornelli, este martes también fueron convocados por la comisión como testigos la fiscala de La Plata María Roteta, el radical Mario Cimadevilla (ex consejero de la magistratura y ex senador que fue titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia en la era Macri) y Sergio Nápoli, secretario de la Corte.
Cimadevilla fue propuesto como testigo por la diputada de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto, en el marco de la denuncia que la CC realizó contra el supremo Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué es citado? El dirigente radical en diálogo con El Destape Radio dijo que no lo sabe pero se lo imagina: “Si bien no me dicen las razones por las que me citan, supongo que es porque cuando estuve en el Consejo de la Magistratura hicimos algunas observaciones a cómo se ejecutaba el presupuesto del Poder Judicial. Y también teníamos una visión crítica sobre la contratación que se estaba haciendo del sistema informativo del Poder Judicial”. “Quizás sea por esas razones que me citan”, dijo.
Consultado por el conflicto en torno al presupuesto del mundo judicial, explicó: “El Consejo de la Magistratura tiene asignado por ley el manejo del presupuesto del Poder Judicial; sin embargo, el Consejo no administra todos los fondos del Poder Judicial, hay una parte importante que administra la Corte y desde el Consejo no se sabía el destino que se les daba a esos fondos. No se le daba información al Consejo”.
Por eso, también hay expectativa en torno a su testimonio.
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