De la Redacción de Contrapoder –
El Tribunal Oral Federal N 2 dará a conocer este jueves los fundamentos por los que decidió condenar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados en la investigación por el desvío de fondos en la conocida ” Causa Vialidad”. Según fuentes judiciales, el trámite no será presencial, sino que se incorporará el escrito en el expediente que se encuentra informatizado.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron a conocer el 6 de diciembre su decisión final. Ahora, y como fija la ley, difundirán las explicaciones completas en base a la cual las partes ya anticiparon que apelarán ante Casación.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola habían reclamado 12 años de prisión para la vicepresidenta, que fue condenada a seis e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los jueces del caso absolvieron a la exmandataria del delito de asociación ilícita, lo que provocó una disminución notoria de las penas.
Por parte de la defensa, se espera que apelen y pidan revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita. En sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos a fines del año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80% de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
oco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.
Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y “lawfare” por parte del Poder Judicial.
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