Por Irina Hauser –
El juez Gustavo Villanueva se negó a mandar a los tribunales de Comodoro Py la causa donde se investigan los delitos que pudo haber cometido el contingente de jueces, funcionarios, un exagente de inteligencia y empresarios que viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido en octubre último. Sostuvo que la causa debe seguir en Bariloche donde, por impulso de la fiscala Cándida Etchepare, ya se inició la investigación y los implicados fueron imputados por dádivas, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público.
En los tribunales de Retiro, dijo, ni siquiera hay pedido de iniciar la acción por parte de la fiscalía. Además sostuvo que los hechos centrales tuvieron lugar en Río Negro. Allí no solo aterrizó el avión privado que llevaba al grupo, señaló, sino que en esa jurisdicción se encuentra el lugar donde “se alojaron y en el cual usufructuaron las comodidades” entre las que cita “servicios de masajes, vuelos en helicóptero” y “habitaciones en el casco principal”.
Quien pidió que la causa se mude de Bariloche a los tribunales de Retiro fue uno de los jueces del contingente, Pablo Yadarola. El viejo truco al que ya recurrió con éxito el macrismo para llevar allí todos los expedientes sobre espionaje porque confían en el resultado. La resolución que le concedió el pedido fue firmada por el camarista Eduardo Farah con dos argumentos: que los “agentes públicos” implicados “ejercen sus funciones en el ámbito de la ciudad” y que si hubo ofrecimientos de dádivas, intercambio de favores e incumplimientos “todo también habría sucedido aquí”.
Resulta que el juez de primera instancia que tiene este caso en Comodoro Py es Sebastián Ramos, el mismo que en plena feria judicial cerró en menos de 24 horas la causa contra Silvio Robles, vocero del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, derivada de los chats filtrados donde hablaban de asuntos en trámite ante el alto tribunal y de interés para Juntos por el Cambio: el de la coparticipación de la Ciudad y la disputa por los cargos en el Consejo de la Magistratura. Ramos hizo lo que le dijo el camarista Farah, y pidió el expediente. Pero el juez Villanueva, quien subroga el juzgado desde que se jubiló su antecesora Silvina Domínguez, le dijo que no.
Hallazgos concretos
En diciembre último, y tras recopilar algunas pruebas, la fiscala Etchepare imputó a los jueces Julián Ercolini (de primera instancia de Comodoro Py), Carlos Mahiques (Casación Federal), Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo), el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, el ministro D’Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, el experto en campañas digitales Tomás Reinke y los directivos del grupo Clarín que organizaron el viaje, Jorge Rendo y Pablo Casey. Menos los dos últimos, que aguardaban en el aeropuerto de Bariloche, todos los demás viajaron el 13 de octubre en un avión privado de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” (Flyzar), matrícula LV-GC, y volvieron a San Fernando dos días después.
Ni jueces ni funcionarios pueden aceptar este tipo de invitaciones y pagos. Lo que parece bastante evidente es que no se trató simplemente de un retiro espiritual hedonista: ¿para qué se pueden encontrar jueces, funcionarios, operadores, exespías, y hombres de un medio que mueve fuertes intereses si no es para profundizar el uso político de expedientes judiciales? El viaje fue revelado por el diario Página/12, y poco después salieron a la luz los primeros chats de Telegram del celular de D’Alessandro, donde el contingente se autodenominaba “los huemules” y tramaba estrategias para aparentar que ellos mismos se habían pagado el viaje y los entretenimientos, con facturas truchas, y para convencer a algunos medios de que difundan esta versión.
La fiscala de Bariloche, aún sin los chats, obtuvo algunas pruebas documentales que la hicieron suponer que algo no cerraba. Por ejemplo, por el vuelo encontró facturas fechadas en días posteriores pero en todos los casos “los pagos figuran como efectuados con la modalidad ‘contado'” (entre 60 mil y 120 mil pesos “el mismo día del vuelo”). Las supuestas facturas de la estadía (pese a ser un lugar que no se dedica a la hotelería) por 605 dólares cada una tienen fecha del 28 de octubre, dos semanas después del viaje. No se emitieron facturas para los únicos dos integrantes del grupo que no son funcionarios y que, por ende, tienen libertad para ser invitados. Etchepare señaló que es sospechoso que los hombres de medios hayan viajado por separado. Podría ser una estrategia de ocultamiento del cónclave. Las cámaras del aeropuerto confirman la presencia de todos y del administrador de la firma “Hidden Lake S.A” (la estancia Lago Escondido), Nicolás Van Ditmar.
Un juez resiste
Las principales razones por las que el juez Villanueva defiende su propia competencia son las siguientes:
* El “mayor tramo causal habría acontecido en esta jurisdicción”, dice. “Aterrizaron en esta ciudad (Bariloche), donde también habrían recibido el alojamiento y servicios”, puntualiza, poniendo como ejemplo el “spa” y los viajes en helicóptero”. Luego explica que la Corte Suprema ha sostenido que cuando un delito se pudo cometer en distintas jurisdicciones la elección del juez debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente. A su entender, su juzgado puede “desplegar una pesquisa más eficiente”.
* En un tramo dice que le pidió al juzgado de Ramos que le envíe información sobre sus actuaciones, para cotejar cuándo y cómo se iniciaron y qué se investiga. Pero dijo que no obtuvo información ni sobre el inicio de la causa ni sobre “la posible existencia de delito alguno”. Le pidió entonces, el requerimiento de instrucción de la causa de la fiscalía, y le respondieron que no había. O sea, la causa es la nada. Sólo parte de una estrategia de los implicados. “Sería una disputa entre una causa con impulso fiscal y otra en la que no se ha precisado —siquiera provisoriamente— la posible existencia de delito alguno”, analizó.
* “Por el momento —dijo el juez— se desconoce si el viaje fue financiado por los propios imputados o por terceros y, en este último caso, qué motivación podría haber inspirado a esos terceros, lo que no permite determinar el por qué la Cámara Federal de la Capital entiende que ‘los incumplimientos de obligaciones ligados a oficios de los involucrados’ habrían tenido lugar en aquella jurisdicción, máxime cuando uno de los denunciados es, precisamente magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, que posee competencia sobre todas las circunscripciones federales del país”. Esto último alude a Mahiques padre quien, casualmente, benefició a Lewis en un fallo sobre las irregularidades en la adquisición de los terrenos donde además se apropió del lago.
Mientras la causa sigue en este tironeo, seguramente intervendrá la Cámara de Casación Penal para definir su destino.
RSS