Por Franco Mizrahi –
El proceso contra los cuatro ministros supremos que se sigue en la comisión de Juicio Político levantará temperatura esta semana en el Congreso. En la sesión del próximo martes se abordará el escandaloso fallo cortesano del 2×1 con el que se buscó beneficiar a los genocidas en el cómputo de su pena. La comisión citó a 11 testigos entre los que se destacan el exministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano; el senador PRO y exjefe de asesores de Macri, José Torello; el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; e integrantes de la vocalía del supremo Carlos Rosenkrantz. Respecto a los primeros tres la hipótesis es que fueron quienes negociaron el fallo con la Corte. La comisión aspira a dar con el paradero de Rodríguez Simón, por lo que envió una nota a Interpol. Pero las chances de que el prófugo declare son casi nulas.
En la comisión, a su vez, se espera una respuesta del procurador interino Eduardo Casal para poder avanzar con la citación del fiscal procesado Carlos Stornelli. Al cierre de esta nota, en la procuración, con la parsimonia de la complicidad, se le había girado otra vez el expediente al fiscal para que haga un nuevo descargo sobre sus faltazos.
La comisión también está a la espera de que la Justicia active el pedido de entrecruzamiento de llamados que se hizo sobre los teléfonos de Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, Pepín Rodríguez Simón y Torello. En el FdT analizan enviar un escrito a la Corte para obtener precisiones sobre el acceso que la subdirectora general de la vocalía de Rosatti, Natalia Monayer, tiene al Lex 100, el sistema que permite seguir el trámite de las causas en el Poder Judicial. Monayer, que es la segunda de Robles en la vocalía de Rosatti, reconoció que tiene acceso a ese sistema en la sesión del martes pasado en la comisión. En el oficialismo sostienen que eso puede ser irregular, entre otras cosas, porque no es abogada –es politóloga- ni integra el cuerpo de letrados de la Corte. ¿Por qué resaltan que ese dato puede ser relevante? Porque tal como reconoció Monayer en la comisión, su madre es socia de la empresa Moromedia, sociedad que compartía con Silvio Robles (quien en 2016, cuando llegó a la Corte, delegó el lugar a su hermano Pablo). El diputado del FdT Leopoldo Moreau, que definió a Monayer como una “testigo reticente”, tiene la “sospecha” de que Moromedia “es una sociedad que pudo ser el vehículo del tráfico de influencias” en la Corte.
Los citados
La presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, ya cursó la notificación de la citación a los 11 testigos que se esperan el próximo martes en el Congreso. Por la cantidad se dispusieron dos horarios, las 13 y las 14.30.
La convocatoria incluye a:
- El senador PRO y exjefe de asesores de Macri, José María Torello.
- El ex asesor presidencial que actuaba como un operador todoterreno, el abogado Fabián Rodríguez Simón, hoy prófugo. Para intentar contar con su testimonio, la comisión envió una nota a Interpol para que “informe cuál es el procedimiento a llevar adelante para garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia Argentina comparezca a dar testimonio en la Comisión”.
- La periodista Silvana Boschi quien escribió sobre el trasfondo del fallo del 2×1.
- El ex ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano.
- Al exnúmero 2 de Garavano, Santiago Otamendi, que en la actualidad es juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
- Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación.
- Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, víctima de Muiña, genocida condenado por los secuestros en el Posadas. Zulema actualmente es coordinadora del Espacio para la Memora que funciona donde fue el centro clandestino de detención (CCD) del hospital.
- Gladys Cuervo, quien era enfermera del Hospital Posadas, está jubilada y es la única sobreviviente del CCD que funcionó allí.
- Federico Morgenstern, integrante de la vocalía de Rosenkrantz y proyectista del fallo del 2×1.
José Sebastián Elías también de la vocalía de Rosenkrantz. - La lista se completa con 2 testigos que no concurrieron en las audiencias pasadas: la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta (está de licencia hasta el 21 de marzo) y el abogado Marcelo Mazzeo. Ellos no están relacionados al fallo del 2×1 conocido como caso Muiña. A Roteta se la convocó por el dictamen que firmó cuando intervino en una denuncia que hizo el gobernador Axel Kicillof contra Robles y el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro, luego de una filtración de chats que expuso cómo ambos coordinaban movimientos relativos a fallos supremos que beneficiaban a JxC. Mazzeo, por su parte, fue convocado porque había reconocido públicamente que los chats que él intercambió con D’Alessandro eran verdaderos.
¿Fallos a pedido y negociación de votos?
La citación de Torello, Rodríguez Simón y Boschi encierra el mismo hecho que se está investigando en la comisión: la posible negociación del fallo 2×1 entre el gobierno de Macri y la Corte. El fallo Muiña, por el que se rebajaba el cómputo de la pena a los genocidas, lo firmaron Rosatti, Rosenkrantz y Higthon de Nolasco.
De acuerdo a la denuncia que se hizo ante la comisión, el puente de comunicación con Rosenkrantz lo habría establecido Pepín, muy amigo del abogado de Clarín, que llegó a ese cargo a propuesta del exasesor ahora prófugo. En lo que respecta al acuerdo con Rosatti, el contacto habría sido hecho vía Robles.
La periodista Boschi publicó en una nota de El Cronista que fue titulada “El 2×1 y los costos de un fallo que descolocó a todos”: “Para algunos sectores que tienen naturalizada la idea de que la Justicia siempre responde a operaciones, fue Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, un abogado de Macri para casos especiales, quien habló con Rosenkrantz de la necesidad de sacar el fallo del 2×1. También se mencionó al jefe de asesores presidenciales, José Torello”. En la misma nota se menciona que en un despacho de la Corte aseguraban que “Rodríguez Simón le hizo el pedido a Rosenkrantz, Rosatti se sumó y también Highton, que está con quien le garantice tranquilidad”.
Torello y Pepín habrían sido quienes diseñaron la estrategia político-jurídica de este caso.
En el marco de esta línea investigativa, la comisión solicitó a un juez que dé intervención a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) para que haga un entrecruzamiento de llamados entre Robles, Pepín y Torello entre 1 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
Al fundar ese pedido, la comisión cita diversas notas periodísticas, entre ellas, una de Jorge Lanata publicada en Clarín el 13 de mayo de 2017, donde afirmó: “Como la mayoría de las crisis argentinas, también esta comenzó por una estupidez: dos operadores judiciales del gobierno creyeron que era el momento de ‘consolidar el voto’ en un sector conservador del electorado que el devenir de la política les había hecho abandonar, no sin culpa. Era momento –pensaron José Torello y Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón- de impulsar, en un silencio discreto, la aplicación del 2 x 1 en el caso de los militares detenidos”. La comisión también recuerda que Julio Blanck publicó al día siguiente: “Desde la política, pero también en Tribunales, se señala como responsable de esa acción, en el fondo dañina para quien pretende favorecer, a un colaborador de Rosatti que ya habría trabajado con él cuando fue ministro de Justicia de Kirchner”. Es decir, Robles.
Por otro lado, la comisión también citó a Garavano, Otamendi y Diez para ahondar en la línea investigativa que sostiene que Highton de Nolasco votó a favor del 2×1 a cambio de que el Gobierno de Macri, a través de los abogados del Estado, no apele el amparo que había presentado contra el fallo Schiffrin, que sostiene que la edad límite para permanecer en la Corte es de 75 años. Como la gestión macrista no se opuso, la cortesana pudo seguir en el cargo durante el macrismo.
Stornelli, Casal y el pedido de sanciones
Tras el segundo faltazo consecutivo del fiscal procesado Carlos Stornelli a la comisión de Juicio Político, la diputada Gaillard le dirigió una nueva nota al procurador interino Casal reclamándole que arbitre los medios necesarios para que comparezca y en su defecto que inicie las sanciones disciplinarias correspondientes. Stornelli se escuda en sus inmunidades funcionales y pide declarar por escrito, algo que tiene vedado.
Gaillard le recordó a Casal que según el reglamento de la comisión solo pueden prestar testimonio por escrito el presidente, el vicepresidente y los gobernadores.
Como Stornelli volvió a esquivar al Parlamento, Gaillard le solicitó al interino Casal que “se arbitren los mecanismos para que el señor Fiscal comparezca en forma presencial y, de así corresponder, se inicien las acciones disciplinarias pertinentes”.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal a El Destape, a Stornelli ya se le giró el expediente para que haga su descargo. Tiene 10 días hábiles para contestar. Es decir, seguirá ganando tiempo a la espera de que nada pase. La decisión de avanzar con sanciones por ahora solo depende de Casal. Incluso el de analizar si corresponde iniciarle un juicio político para que pierda su inmunidad.
El proceso de desafuero de un fiscal se desarrolla en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Se trata de un pedido que Stornelli ya tuvo que enfrentar cuando evadió por 8 meses un llamado a indagatoria en el caso D’Alessio. Entonces, el fiscal se escudaba en su inmunidad para no ir a declarar a un tribunal. Lo mismo que hace ahora para evitar concurrir al Congreso. La burla de Stornelli a la Justicia derivó en un proceso interno que se abrió en el MPF a pedido del primer juez que tuvo el caso D’Alessio, Alejo Ramos Padilla. Fue justamente cuando estuvo a punto de ser enviado a juicio político por decisión de un Consejo Evaluador del MPF, en noviembre de 2019, que decidió presentarse en la justicia federal de Dolores. Tras aquella comparecencia, Stornelli terminó procesado.
En esta ocasión, Stornelli tiene el respaldo de la oposición, que el pasado martes intentó blindarlo: pidieron-como él está reclamando- que declare por escrito.
La citación de Stornelli es producto del testimonio que brindó en la primera audiencia de testigos el juez Sebastián Ramos, quien en plena feria archivó dos denuncias contra D’Alessandro y Robles. Ramos, que concurrió al Parlamento, dijo que no tuvo más remedio que declarar el archivo del caso por el dictamen que suscribió Stornelli.
En este marco, en la última audiencia el diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, explicó por qué es importante la comparecencia del fiscal. Entre otras cosas, comparó su accionar en el caso de los chats con el que tuvo en la causa Cuadernos donde “desechó toda posibilidad de descartar la prueba ilegal” mientas que “en esta del juez Ramos dijo todo lo contrario. Por eso era tan importante que viniera Stornelli. Cosa que no vamos a conseguir”, sentenció.
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