De la Redacción de Contrapoder –
Ante la falta de respuesta al pedido de juicio académico que enfrenta el juez Julián Ercolini por haber participado del viaje a Lago Escondido junto a otros funcionarios judiciales y empresarios de medios, los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron hacer explícito su repudio y lograron que la cátedra de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena a cargo del magistrado no se dicte en este primer cuatrimestre.
La misma suerte corrieron los cursos del camarista Mariano Borinsky y el fiscal Raúl Pleé, nombres de peso en los tribunales de Comodoro Py, y asiduos visitantes a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Los estudiantes insisten, sin embargo, en que la facultad debe avanzar con la destitución por la vía institucional, tal como fue solicitado hace un mes. “La facultad tiene una oportunidad histórica de poner límites”, aseguraron.
El Departamento de Derecho Penal y Criminología dio de baja las tres cátedras en el marco de la resolución 15.062 de esa casa de estudios, que establece que el mínimo de inscriptos para abrir un curso debe ser de diez estudiantes. En declaraciones a AM750, Lucien Rocío Palacio, consejera directiva por el claustro de Estudiantes de la facultad, destacó que la respuesta del alumnado es consecuencia de una intensa campaña de concientización y militancia al interior de la universidad.
“Publicamos mucho en redes sociales, también volanteamos en la facultad, pasamos por curso difundiendo la identidad de estas personas y por qué era importante involucrarse siendo estudiantes de la facultad de Derecho y conocer quiénes son estas personas que nos dan clase, qué lugares de poder ocupan, con quiénes se vinculan”, afirmó.
Todo parece indicar que la iniciativa surtió el efecto esperado. La materia que dicta Ercolini forma parte de la orientación en Derecho Penal como asignatura obligatoria, y sus clases son durante la tarde, en uno de los horarios más solicitados por los estudiantes. Además, el magistrado es director de la carrera de especialización en Administración de Justicia dentro de la misma facultad. Por esta razón, y tras conocerse los chats del celular del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro en los que Ercolini aparecía como uno de los armadores de la estrategia de encubrimiento del viaje a la estancia de Joe Lewis; estudiantes, graduados y otros docentes solicitaron al Consejo Directivo que avance en la constitución de una Comisión de Juicio Académico para evaluar la continuidad del juez.
La denuncia fue elevada a la Secretaría de Asuntos Jurídicos que deberá dictaminar si la denuncia sigue su curso. Y aunque las autoridades siguen dilatando los plazos de respuesta, fueron los estudiantes quienes materializaron su oposición al accionar del magistrado. “A los tres días de haber presentado el formulario para que los estudiantes acompañen, ya habíamos juntado 15 mil firmas. Entendemos que el repudio fue bastante fuerte y que finalmente se tradujo en esta baja de la materia”, destacó Palacio.
“Nosotros vamos a seguir insistiendo en el Consejo Directivo para que sea la facultad la que tome la decisión de apartar a Ercolini. Nos parece que es lo que corresponde”, dijo Palacio y aseguró: “La facultad tiene una oportunidad histórica de poner límites”.
Pero Ercolini no fue el único afectado por la iniciativa de los estudiantes. Mariano Borinsky, miembro de la Cámara de Casación, es también docente de Régimen del Proceso Penal en la facultad. Para esta primera mitad del ciclo lectivo 2023, tampoco consiguió perforar el piso de diez alumnos, por lo que no tendrá clases a cargo. Desde las agrupaciones estudiantiles se difundió un informe que exhibía las pruebas de plagio realizado por el magistrado cuando publicó su tesis posdoctoral bajo el título “Los delitos de corrupción, un análisis de derecho penal y procesal penal”. Además, denunciaron la operación realizada en conjunto con el expresidente Mauricio Macri y el entonces integrante del consejo directivo de la DAIA, Santiago Kaplun, para reabrir la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2016.
Asimismo, tampoco se dictará la materia Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a cargo del fiscal Raúl Pleé, gracias a otro informe difundido por los alumnos. Allí se revelan las visitas a la Quinta de Olivos de Borinsky y Pleé, y el cuestionable proceder del último en causas sensibles. Se recuerda, entre otras, la ocasión en la que presentó fuera de término un recurso de apelación ante las seis absoluciones de genocidas en el marco de la causa Esma unificada, en 2018, mientras se mostraba como candidato a la Procuración General de la Nación, cuando Macri ya había forzado la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Fuente Página/12
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