De la Redacción de Contrapoder –
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió la exmandataria en septiembre de 2022, reclamó tener acceso “de modo urgente” a información llegada al juzgado sobre el teléfono del diputado Gerardo Milman, imputado en la pesquisa.
El planteo se hizo ante la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, luego que la magistrada resolvió “mantener en
una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital” relativa a Milman y enviada al fiscal del caso, Carlos Rívolo, por compañías de telefonía, según el escrito al que tuvo acceso Télam
Los apoderados de la Vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron un “recurso de reposición” contra esta decisión que tomó la jueza el 15 de septiembre pasado y le reclamaron que la anule porque “debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente”.
“Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo aquí se investiga es un intento de asesinato contra la Vicepresidenta”, advirtieron los letrados.
Según recordaron en el escrito, la jueza tomó esta decisión porque las empresas de telefonía remitieron a pedido del fiscal información sobre los IMEI de celulares de Milman junto a un informe de sus llamados entrantes y salientes.
Este último punto hubiera requerido una orden firmada por la magistrada en base al artículo 236 del Código Procesal Penal vinculado a la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación.
“Lo que corresponde es que V.S. deje sin efecto el burdo trámite que ordenó el 15 de septiembre y realice la ponderación del artículo 236 CPPN. Desde ya, aclaramos que el resultado de esa ponderación solo puede ser poner a disposición los datos”, agregaron los abogados.
La jueza sostuvo en su resolución que las empresas “Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes”.
Por esto, valoró que “la extralimitación” de las empresas oficiadas al responder los requerimientos del MPF no podía “servir de pretexto para justificar la incorporación de pruebas inválidas”, se recordó en el escrito de la querella.
Pero el fiscal ya había pedido la orden judicial porque sabía que era necesaria y la magistrada le respondió que oficiara a las telefónicas desde la fiscalía, ya que tiene delegada la investigación en lo referido a informes de IMEI de los celulares.
“El fiscal avisó que la contestación sobre el tráfico de IMEI incluye datos sobre llamadas y mensajes”, recordaron los abogados.
Capuchetti ordenó ahora al fiscal “que vuelva a oficiar a las telefónicas para que especifiquen si pueden remitir los IMEI sin informar llamadas entrantes y salientes y que, recién en caso de una respuesta negativa, curse el pedido a través del artículo 258 CPPN”.
La querella puso de relieve la “irracionalidad” de esa decisión y advirtió que la “actitud” de la magistrada “respecto de todo el trámite vinculado con Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia”.
La Cámara Federal porteña ordenó a la jueza secuestrar el celular de Milman para peritarlo, algo que se concretó el 22 de agosto pasado con el aporte del dispositivo al juzgado y la disposición por parte de la fiscalía de medidas para “acreditar datos acerca de las líneas telefónicas del diputado nacional”.
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