Por Emilia Delfino –
Las autoridades de los Estados Unidos enviaron al juez federal Julián Ercolini documentación solicitada en el marco de la investigación contra el ex ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo, elegido para el ministerio de Economía de Javier Milei. Los documentos llegaron al país hace tiempo pero su arribo no había trascendido hasta el momento. La documentación se encuentra siendo traducida para ser luego analizada por la fiscalía de Carlos Rívolo y el juzgado de Julián Ercolini.
Al encontrarse en trámite la traducción, aún no trascendió el contenido de los documentos, pero sí que se trata de documentación voluminosa, que llegó luego de una serie de exhortos enviados por el juez en 2018, y de la cual depende el progreso de la causa. En el expediente ya contaban con aquellos documentos aportados por los periodistas que revelaron el caso a finales de 2017, pero la Justicia solicitó oficialmente esos mismos documentos y otros a las autoridades estadounidenses.
¿Qué revelaron los documentos ya conocidos? Que Caputo fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. El caso fue publicado en 2017 por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los datos surgieron de la filtración Paradise Papers y de la consulta a documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos. Entonces, el economista era funcionario de Mauricio Macri.
Por este caso, Caputo está imputado por el supuesto delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de bienes de funcionario público. Se trata de un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.
En el expediente, el ex funcionario y posible ministro de Economía -quien esta semana viajó a los Estados Unidos en su visita pre-oficial junto a Milei- es representado por el penalista Matías Cuneo Libarona, hermano -y también abogado- del futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.
El caso
“La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a (la empresa) Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono”, dijo un vehemente Luis Caputo, señalando el aparato de telefonía sobre una mesa de reuniones en el ministerio de Finanzas.
Caputo dialogaba entonces con el equipo argentino de ICIJ, a finales de 2017, y negaba haber sido accionista de Noctua y cualquier conflicto de interés con su función pública. Una investigación periodística estaba por revelar su nexo directo con dicha empresa, con sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, que administraba fondos de inversión con sede en las Islas Caimán.
El entonces ministro de Finanzas, quien negoció como funcionario con los fondos de inversión denominados “fondos buitres”, no había informado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales e invertir en bonos de la deuda argentina en default a través de Noctua. Un punto central del caso tal vez nunca se sepa: quiénes fueron los clientes del ex funcionario.
La causa
El expediente contra Caputo debe determinar si el exfuncionario y posible futuro ministro de Economía cometió delitos al no informar en sus declaraciones juradas que era co-propietario de Noctua. Es decir, si lo ocultó con un fin, maliciosamente.
La causa se inició tras las revelaciones periodísticas y una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Martin Doñate (hoy senador) y María Fernanda Raverta (hoy titular de la Anses). El fiscal federal Rívolo inició la investigación en noviembre de 2017.
Caputo debería haber informado su relación con Noctua a la Oficina Anticorrupción y al Estado. Fue accionista indirecto de Noctua hasta al menos julio de 2015. También negó la información que revelaban los documentos oficiales ante la consulta de los periodistas y luego de que el caso fuera publicado continuó negando su vínculo con la compañía.
Sin embargo, la documentación de la propia compañía, presentada ante las autoridades de Estados Unidos y revelada por la investigación periodística, confirmó que Noctua informó que Caputo fue su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” y describió las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa.
La compañía
Noctua fue conformada a través de varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear porque Caimán garantiza el secreto.
Al menos hasta julio de 2015, Caputo tuvo más del 75% de las acciones de Princess International Group (Caimán). Esta empresa era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, de Caimán), que a su vez es la “dueña directa” de Noctua, de acuerdo a los documentos de la SEC, el organismo que controla a las empresas que operan en la bolsa de Nueva York.
Caputo tuvo “control” sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario de Macri, de acuerdo a los documentos.
En otra causa, también iniciada en 2017, el entonces fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el entonces ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que Caputo fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió en la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes de Caputo en la función pública se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.
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