Por Marcelo Leiras –
No es raro que la bronca y las amenazas de represalia del presidente Javier Milei por el fracaso de la ley ómnibus se hayan concentrado en los gobernadores y los diputados que él imaginaba aliados. A la boleta presidencial de La Libertad Avanza le fue muy bien en las provincias a cargo de esos gobernadores. Casi todos ellos habían declarado su apoyo a Milei antes del balotaje y las legisladoras y legisladores elegidos en sus provincias se cansaron de repetir que querían darle gobernabilidad al oficialismo. No estaba mal calcular que los gobernadores antes conocidos como aliados no se iban a animar a rechazar el primer proyecto del Presidente que eligió la mayoría de sus comprovincianos.
Es cierto, el proyecto era desmesurado e incluía temas que no figuran entre las prioridades de nadie, pero también tomaba medidas centrales para el programa político del Presidente, como el paquete fiscal y la privatización de todas las empresas del Estado nacional. ¿Por qué se rompió esta sociedad que parecía natural?
En estos días se atribuyó el fracaso a la incompetencia, desorganización y dudosa capacidad de decisión de las personas encargadas de conseguir apoyo para el proyecto. Por supuesto, es importante explicar bien las cosas y respetar la palabra empeñada (por ejemplo, volcando los acuerdos alcanzados en uno y solo un texto) pero tiendo a creer que la destreza expresiva no es un recurso decisivo en una negociación. Cuando cada uno conoce bien los porotos que están en juego y hasta dónde puede llegar el que está del otro lado de la mesa, en mi opinión, las palabras ayudan pero no determinan. Hablando no se entiende la gente. La gente se entiende antes de hablar, al menos cuando se trata, como en este caso, de repartir recursos entre personas con intereses en parte cooperativos y en parte conflictivos.
Justamente: recursos. No se pusieron de acuerdo en cómo se reparte la caja. Esa sería la segunda interpretación posible. Es también el comodín siempre a mano cuando uno no sabe de qué otro modo explicar un conflicto político. En este caso, la explicación parece verosímil: el Poder Ejecutivo aceptó excluir buena parte del articulado del proyecto original para facilitar su aprobación, pero el obstáculo que se reveló insalvable parece haber sido financiero: la dificultad para reemplazar los fondos coparticipables que los gobiernos provinciales dejaron de percibir cuando se aprobó la reforma del Impuesto a las Ganancias y la renuencia a permitir que el Ejecutivo Nacional reorganice los Fondos Fiduciarios. Hay que reducir el déficit del sector público, el gobierno nacional tiene compromisos financieros, los gobiernos provinciales tienen otros y cada parte quiere que el esfuerzo mayor lo haga la otra. Clarísimo. ¿La consecuencia de eso es que se rompa una negociación?
Contra la opinión más común, creo que cuando lo que está en juego es plata es más fácil y no más difícil ponerse de acuerdo. Mientras se pueda ponerle un precio a la colaboración del otro y repartir las cargas según esos precios percibidos, el acuerdo debería ser ampliamente preferible a un conflicto que, como se ve, tiene costos para todos. Si se pudrió es porque había en juego algo bastante más difícil de ponderar que plata.
Una candidata naturalísima para ocupar ese lugar de explicación no material es la obcecación del Presidente. Sus comunicadores laburan bien. A esta altura todas y todos sabemos el guión (aplausos para quien lo escribió y para quienes vigilan que se repita siempre idéntico): el Presidente se siente elegido, la vocación le llegó a través de algún medio inusual; como el estancamiento y la inflación se parecen a una temporada en el desierto antes de llegar a un lugar definitivamente mejor que nadie conoce, no va que encuentra justo en Moisés a su referencia bíblica favorita (y se convierte al judaísmo); como sus medidas tienen, en el corto plazo, beneficios concentrados y perjuicios dispersos, Macabeos: el número de apoyos terrenales no importa cuando te bancan las fuerzas del cielo. En una palabra, el hombre no rompe la negociación porque piense que tiene razón, sabe que tiene razón. El problema de esta interpretación es que el celo ideológico del Presidente se activó después de varias semanas de podar el proyecto de ley. ¿El problema fue la obcecación ideológica?
Propongo una interpretación alternativa. El asunto en juego es más fácilmente reconocible si ponemos el foco en los gobernadores en lugar de ponerlo sobre el Presidente. Como en todos los sistemas en los que los gobiernos provinciales se financian con los recursos que recauda y luego distribuye el Estado Nacional, las autoridades provinciales calculan que la responsabilidad por los problemas públicos puede atribuirse, en última instancia, al gobierno nacional. Es cierto, los conflictos salariales con los empleados provinciales afectan primero a quien esté a cargo de la gobernación. Pero cuando esos conflictos superan la escala sectorial ¿el gobierno nacional puede sustraerse? Cuando el gobierno nacional anuncia que corta las transferencias a las provincias ¿quienes acaban de votar a este presidente pero también a esos gobernadores, van a pensar que no hay plata porque alguna casta vive de privilegios o porque el Ministro Caputo cumplió con su amenaza?
En los países federales gobiernos de dos tipos, nacional y provincial, toman distintas decisiones sobre el mismo territorio y el mismo conjunto de personas. La Constitución y las leyes les asignan distintas tareas pero lo que hace uno afecta lo que hace el otro. A los votantes nos cuesta saber quién hace qué y, aunque supiéramos, a veces las elecciones provinciales se juntan con las nacionales, de modo que terminamos sintetizando en el mismo voto todas las evaluaciones. Los gobernadores actuaron como si creyeran que el Presidente no va a poder evitar que el conflicto social en las provincias lo salpique. El funcionamiento del federalismo argentino desde 1983 y la experiencia de federaciones tan disímiles como Brasil y Alemania les da la razón.
El Presidente, en cambio, parece querer copiar la experiencia de los Estados Unidos en 1840 (analizada con mucha claridad por el politólogo norteamericano Jonathan Rodden): animados por la buena reputación del gobierno federal, los gobiernos estaduales emitieron deuda para financiar obra pública con la confianza de que la Nación los iba a asistir si tenían dificultades financieras. Las dificultades vinieron, los gobernadores (en conjunto son sus acreedores) presionaron para que viniera la asistencia del gobierno federal. La asistencia no llegó, los gobiernos estaduales tuvieron que aumentar impuestos y reducir gastos, el Estado Federal consolidó su reputación de disciplina fiscal y a los gobernadores les quedó claro que se las tenían que arreglar solitos. Probablemente el Presidente Milei esté tratando de construir una reputación semejante para el Estado argentino. La restitución del crédito de nuestro sector público es un objetivo valioso. ¿Se puede construir sobre un conflicto con las provincias?
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