El juez que sostuvo que no hubo delito por parte de CFK en la firma del memorándum con Irán fue denunciado por Elisa Carrió y ahora avanza su juicio político, con dictamen acusatorio del radical Angel Rozas. La vía política de Macri para controlar la Justicia.
El Gobierno mueve las fichas para una nueva intromisión en el Poder Judicial y ya tiene un dictamen acusatorio contra el juez federal Daniel Rafecas. El caso es grave, ya que se busca separar a un juez por haber desestimado la denuncia del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman, decisión que no es del agrado del Gobierno ni del grupo Clarín.
La fecha para este movimiento es el 22 de febrero, cuando se reunirá la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura. El punto 5 del orden del día es el dictamen del radical Angel Rozas, que pide la suspensión y remoción de Rafecas.
La denuncia contra Rafecas la radicó Elisa Carrió. El motivo, la desestimación de la incoherente denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman contra CFK, Héctor Timerman y otros por un supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013.
Al desestimar la acusación de Nisman, el juez Rafecas sostuvo que no había ningún delito que investigar, que la Comisión por la Verdad que planteaba el Memorandum con Irán nunca se conformó, que tampoco se alteraron las alertas rojas, que el propio ex jefe de Interpol Ronald Noble desmentía la acusación y que, a su vez, Nisman tenía en su despacho un dictamen que decía todo lo contrario al que presentó judicialmente e hizo público en TN.
La decisión de Rafecas fue ratificada por la Cámara Federal y el fiscal de Casación Javier De Luca tampoco encontró delito alguno en los plumazos de Nisman. Ante el pedido de reapertura de la causa Rafecas repitió que no había delito, lo volvió a ratificar la Cámara e incluso el fiscal De Luca manifestó lo mismo. El fallo de Rafecas recibió además el apoyo de los juristas más prestigiosos del país.
Purga judicial: Rafecas está de turno
Rafecas ya compareció ante el Consejo de la Magistratura el pasado 7 de diciembre. “Haría lo mismo porque no había delito”, afirmó ante las preguntas de los consejeros. Les recordó, además, que tomó decisiones similares en causas contra Macri, Gabriela Michetti y Carrió. Algunos consejeros cercanos al Gobierno lo escucharon y comenzaron a dudar de quedar pegados a esta operación. Rafecas es un juez que el Gobierno no controla y lo quieren fuera de Comodoro Py.
Cuentan con un aliado poderoso: Héctor Magnetto, comandante del Grupo Clarin, no le perdona que planteara que el despojo de Papel Prensa era un crimen de lesa humanidad. Con todos estos ingredientes arriba de la mesa, el caso Rafecas también genera divisiones dentro del propio oficialismo. Tras su defensa, algunos consejeros que responden a la Casa Rosada circularon el rumor de que había un dictamen que, como ahora, proponía su remoción, pero nunca lo incluyeron en el temario de la Comisión de Acusación y Disciplina. Ahora sí.
Todos los abogados del Presidente
Aquel 7 de diciembre fue un día paradójico. Mientras Rafecas comparecía ante el Consejo de la Magistratura, desde Comodoro Py el juez Claudio Bonadio disponía los procesamientos y prisiones preventivas de CFK, Timerman y el resto de los imputados, entre los que sumó a Carlos Zannini. Mientras Rafecas argumentaba, Bonadío inventaba una guerra con un país para acusar de traición a la Patria a buena parte de la plana mayor del kirchnerismo. Durante la sesión, el consejero Rodolfo Tailhade señaló que era Bonadío el que debería ser juzgado por su complicidad con el encubrimiento del atentado a la AMIA. Según los registros del Consejo hay 9 denuncias abiertas contra Bonadio. Se salvó, en estos años, de varias decenas.
La decisión de avanzar en el juicio contra Rafecas la tendrá la Comisión de Acusación y Disciplina. La preside el diputado Pablo Tonelli, que ocupa una silla en el Consejo virlada al Frente para la Victoria gracias a una maniobra irregular orquestada en alianza con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista y es la punta de lanza de muchas de las tropelías del Gobierno en el Poder Judicial. De los 9 miembros de la Comisión el Gobierno tiene una mayoría automática de 5, con Adriana Donato, el consejero por el Ejecutivo Juan Bautista Mahiques, los radicales Rozas y Mario Negri y el propio Tonelli. Resta ver si los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes se someten a la voluntad del Gobierno o protegen la integridad de su propio oficio. Lo más probable es lo segundo, lo cuál complicará las cuentas del Gobierno en el plenario del Consejo.
Waldo Wolff, el lobo de AMIA Y DAIA
La cuestión se definirá en el plenario, donde se necesitan 9 de los 13 votos (dos tercios) para iniciar el juicio político a un juez. El antecedente más próximo es el del camarista Eduardo Freiler. Para lograr el jury, el Gobierno orquestó una maniobra por la cuál, primero, logró la destitución del consejero Ruperto Godoy con la excusa de que no es abogado, pese a que ni la Constitución ni la ley que regula el Consejo ni la Corte Suprema indicaron que tenga que haber pasado por la facultad de Derecho para integrar este organismo. Luego, el Gobierno aprovechó una mayoría circunstancial durante la demora de la jura del senador Juan Mario País, reemplazante de Godoy, y votó el inicio del jury a Freiler. Un mamarracho histórico. Freiler, luego, terminó destituido.
A poner y sacar jueces
En los últimos días los diarios oficialistas Clarín y La Nación se ocuparon de trasmitir el mensaje de Macri a los jueces, aunque en el caso de Rafecas parece que tenían la información trunca. “Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas tienen, por ahora, luz verde de la Casa Rosada para permanecer en sus cargos, coincidieron tanto desde el oficialismo como distintas fuentes judiciales. El Consejo de la Magistratura no tiene en agenda, salvo algún escándalo de por medio, las investigaciones que los involucran”, publicó el diario de los Saguier. El mismo diario,en septiembre de 2016, publicó una solicitada que pedía la destitución de Rafecas Este curioso ribete democrático lo firmaron, entre otros, los ahora ministros Luis Miguel Etchevehere y Nicolás Dujovne, miembros del Colegio de Abogados del establishment como Ezequiel Cassagne y Máximo Fonrouge, el diputado Waldo Wolff, voceros oficialistas como Marcelo Longobardi, Sergio Berenztein, Federico Andahazi, Alfredo Leuco, Santiago Kovadloff, el pretendiente a procurador Alberto García Lema, el sojero Gustavo Grobocopatel y el propio Julio Saguier.
denuncia del desaparecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus funcionarios (y otros dirigentes políticos), por la firma del memorándum con Irán. Por esa razón fue denunciado por Elisa Carrió y ahora avanza su juicio político.
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