De la Redacción de Contrapoder –
En tiempos en que es imposible no relacionar la persecución por parte de la justicia latinoamericana a los líderes populares en los países donde regímenes de ultraderecha reemplazaron a gobiernos progresistas, el presidente del Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre, João Gebran Neto, confesó que violó la ley con tal de mantener detenido al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en prisión, buscando impedir así impedir que el golpe institucional aplicado a Dilma sea interrumpido en octubre con un nuevo triunfo del PT.
Lula fue condenado y encarcelado por orden del Juez Sergio Moro en una causa irregular, en la que no encontraron prueba alguna que inculpara al acusado del delito por el que se lo acusaba.
El dato fue revelado por la revista política “Veja”, en su sección “Radar”. Según la publicación, Gebran Neto le confesó a sus amigos que ignoró la ley para evitar lo que consideraba “un mal mayor”, que Lula pudiera salir en libertad.
Esto ocurrió cuando el juez Rogerio Favretto hizo lugar a un recurso de la defensa del líder del PT ordenando su liberación. Favretto, juez que está por encima de Moro, fue desobedecido por el magistrado de Curitiba, que se negaba a liberarlo.
Finalmente, Gebran Neto, (par de Favreto) decidió saltarse la ley y meterse en un tema en el que no tenía competencia por no estar en turno, fallando a favor de mantener la prisión de Lula, y preservando así a “la estrella” del Lavajato, Sergio Moro, y ayudando a la vez a la principal estrategia de la derecha brasileña, que apunta proscribir al principal candidato opositor para llegar al poder mediante el voto.
Anteriormente, ya el juez Moro había reconocido una posición similar, al declarar que al ex presidente Lula lo había condenado, más por “la convicción de que había cometido el delito” que por las pruebas que habían sido aportadas en el juicio.
Lo cierto es que a pesar de ser mantenido en prisión desde hace 4 meses, el PT oficializó hoy la candidatura presidencial de Lula para los comicios de octubre. Ahora deberá esperar las casi seguras impugnaciones que recibirá, a partir de la llamada “ley de Ficha Limpia”, que impide postularse a personas con sentencias confirmadas. El TRF4 lo condenó a 12 años de prisión por “corrupción pasiva” por el increíble caso del tríplex de Guarujá, en el que nunca encontraron una prueba que lo incriminara.
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