Por Irina Hauser -
La historia del sumario interno contra el fiscal federal Carlos Stornelli por faltar a seis citaciones a indagatoria bien podría llamarse “el sumario de nunca acabar”. La investigación que se lleva a cabo dentro de la Procuración General es la única que podría llevarlo a tener que presentarse a declarar como sospechoso ante el juez Alejo Ramos Padilla, que le imputa por lo menos ocho hechos de posible espionaje ilegal. Sin embargo, todo parece diseñado para que eso no suceda y no se llegue a ninguna conclusión en un corto plazo. En teoría, este expediente –que tenía un tope 60 días hábiles– debía terminar este lunes, pero Stornelli se presentó en el último minuto de su plazo con un descargo donde pide una veintena de puntos de prueba, que no son más que solicitudes para que el fiscal sumariante, Marcelo Retes, debe pedir a varios juzgados y organismos como el Consejo de la Magistratura y la propia Procuración, todos los expedientes que lo nombran en este asunto y en especial los promovidos por él, como el del “Operativo Puf”. Su teoría sigue siendo la de siempre: que en Dolores hubo un armado para afectar el caso de las fotocopias de los cuadernos, lo que hoy suena más disparatado que nunca porque ya está llegando a su fin, a punto de ser elevado a juicio oral. A lo que se agrega que ciertos episodios que Ramos Padilla le adjudica atañen a su vida privada, no a los cuadernos, como los seguimientos y supuesto intento de plantearle droga a la ex pareja de su actual esposa.
La gran paradoja del sumario que tramita en la Procuración contra este fiscal que lleva seis meses en rebeldía es que la discusión, en este expediente puntual, es “de puro derecho”. Es decir si está bien o mal, y acorde a las reglas, la ausencia reiterada de un fiscal federal a prestar indagatoria. El otro punto es que el fiscal instructor, ya emitió una opinión con sugerencias al procurador interino, Eduardo Casal, donde le dice que el asunto es una “falta grave” pero que con un “apercibimiento” y la indicación de que se presente a declarar, es suficiente. Es la más suave de las medidas posibles: la otra es la suspensión, para que pierda efecto al menos circunstancial la inmunidad y pueda ser llevado a declarar, o la apertura de un juicio político. Y aún así, la opinión pasará por el consejo de evaluador y la última palabra la tendrá Casal. Es decir, al día de hoy la nueva dilación solo posterga una discusión por una medida prácticamente inocua.
El fiscal Retes decidió concederle este mismo lunes a Stornelli las medidas que pidió, y ahora todo dependerá de la buena voluntad de los juzgados y organismos requeridos para enviar la información de manera expeditiva. Entre ellos hay oficios con requerimientos enviados al juez Julián Ercolini, que investiga una denuncia de Stornelli contra el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio a quien acusa de engañarlo; otro a Claudio Bonadio, que tiene el expediente de las escuchas tomadas en la cárcel de Ezeiza a ex funcionarios y empresarios. Además de defenderse con el argumento de que se lo atacó por la causa de los cuadernos y que se quiere afectar su inmunidad por su carácter de integrante del Ministerio Público, Stornelli se aferra a la posición que adoptó la ex procuradora Alejandra Gils Carbó en relación con el fiscal Carlos Gonella, que también había faltado a indagatorias en una controvertida causa donde se lo acusaba de dar información pública sobre un expediente de contrabando. No es que sea un antecedente vinculante, pero el fiscal acusado en el D’Alessio Gate intenta usarlo.
Con mucha suerte, estiman allegados a esta pesquisa, el sumario podría ser elevado la semana que viene.
Mientras tanto, hay otro expediente en paralelo, bastante más complejo, que avanza a tranco lento en la Procuración y que se refiere en forma directa a los hechos que Ramos Padilla le adjudicó a Stornelli, como aprietes instrumentados por D’Alessio al empresario venezolano Gonzalo Brusa Dovat para que hiciera una denuncia contra la petrolera Pdvsa, presuntos intentos de cámaras ocultas a abogados de la causa de los cuadernos, el apriete a Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner e hijo de uno de los detenidos por los cuadernos, el seguimiento a Jorge Castañón, ex marido de Florencia Antonini Modet, actual pareja de Stornelli, a quien con el falso abogado hablan de plantarle “algo” en la valija. Este expediente tuvo un devenir sinuoso, ya que fue incorporando el contenido de la causa de Dolores y de todas las causas conectadas, también las que promovió Stornelli, con citaciones a testimonial de las personas que lo defienden, como Elisa Carrió y su propia esposa. El consejo evaluador –compuesto por cinco fiscales– que deberá decidir qué hacer con todo eso, se reúne este jueves. Iba a tener su encuentro el miércoles último pero lo postergó. Como queda claro, no es un tema que todos sus miembros prioricen, como sí lo han hecho con otros casos que intentan poner sobre el tapete con denuncias remanidas (como contra Gabriela Boquin, Sergio Rodríguez, Federico Delgado, Jorge di Lello, Cristina Caamaño y Enrique Senestrari, como reveló la periodista Luciana Bertoia). Mientras tanto, el fiscal rebelde sigue ganando tiempo.
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