La decisión de Mauricio Macri de avanzar por decreto de necesidad y urgencia con la modificación de la ley de ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) fue ampliamente cuestionada por la oposición, pero también por hombres del su propio gobierno. La modificación de la ley de ART obtuvo media sanción del Senado el pasado 21 de diciembre. Diputados no llegó a tratarla y Macri decidió no esperar y saltearse el debate parlamentario por la vía de un decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno quiere bajar el nivel de litigiosidad judicial y no acepta esperar los tiempos parlamentarios, pretende que la nueva normativa entre en vigencia antes del término de la feria de verano.
Ricardo Alfonsín advirtió que si el Presidente realiza modificaciones a la ley al margen del Congreso estaría violando “la división de poderes” y llamó al radicalismo a manifestarse en contra. “Si es efectivamente así, estaríamos frente a un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes”, se quejó el radical sobre la firma del decreto por parte de Macri. Explicó en ese sentido que “no se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso”.
El diputado radical recordó que “reparar el daño que había sufrido la República fue la razón de ser de Cambiemos” y añadió: “Nuevamente han asesorado mal al Presidente. Espero que mi partido se manifieste y se pueda rectificar el error.”
En tanto, el bloque de diputados del Frente para la Victoria anticipó su rechazo al decreto de Macri por considerarlo “anticonstitucional, ilegal y perjudicial para los derechos e intereses de los trabajadores”. “Como en el caso Arribas-Odebrecht, Macri tiene problemas para entender las cosas. Ante esa dificultad, le explicamos que la Constitución
Nacional le prohíbe atribuirse facultades inherentes al Congreso”, señaló la bancada que conduce Héctor Recalde a través de un comunicado. También recordó que Macri apeló a decretos “contra los trabajadores” para “vetar una ley aprobada por el Congreso por amplia mayoría que establecía la prohibición de despidos de trabajadores por parte de los empresarios” y para anular “la ley que fijaba el Salario Mínimo Profesional”.
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