Por Raúl Kollmann -
“Lo de Juana está encaminado”. En base a un mensaje de ese tipo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron en la causa conocida como Vialidad que Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, estaba involucrado en irregularidades en la construcción de rutas. “Ese mensaje -explicó Lucio Simonetti, abogado de Fatala- fue porque Bolivia le regaló a la Argentina una estatua de Juana Azurduy, la estatua que ahora está al lado de la Casa Rosada. En ese mensaje, todo lo que le informaba Fatala al (entonces) secretario José López es que había hablado con Vialidad Nacional porque para traer la estatua había que recorrer rutas con un camión muy grande. No se trataba de la construcción de rutas ni nada por el estilo”.
Abel Fatala fue subsecretario de Obras Públicas. “El delito que se le imputa requiere de ánimo de lucro -planteó su abogado-. ¿Dónde están los beneficios que la fiscalía le atribuye?”
Desnudando bloopers de la fiscalía como el de Juana Azurduy, el abogado demolió la acusación en un alegato de apenas dos horas y pidió la absolución de Fatala. El lunes a las 8 será el turno de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. De manera remota, expondrán lunes y martes sus dos abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, en tanto que el viernes 23 lo hará la propia vicepresidenta.
De blooper en blooper
— Otro mensaje incriminatorio de Fatala -habían dicho los fiscales-, es de Amilcar Fredes, exfuncionario de Planificación, también a José López. “Los de Mendoza van a ponerse a disposición de Fatala.” Ese es el texto y para los acusadores demuestra que los hombres de Julio Mendoza, mano de derecha de Lázaro Báez, trabajaban con Fatala.
El abogado Simonetti respiró y volvió a explicar. “No, miren, no se trató de Julio Mendoza, de Austral Construcciones. Ese mensaje se refería al dique Los Blancos, una obra que se había terminado en Mendoza. Y lo que se iba a hacer era una inauguración, por eso se ponían a disposición los hombres de la provincia de Mendoza. No tenía nada que ver con Austral”, explicó el defensor de Fatala.
Fue así durante todo el alegato y, sobre todo, exhibiendo la actitud parcial de Luciani y Mola. Porque Fatala fue uno de los imputados que siempre aceptó contestar preguntas, todas las que le formularan. Sin embargo, los fiscales se cuidaron de no preguntarle por esos hechos: los querían utilizar y evitaron que Fatala los explicara.
Tanto Simonetti como Fatala estuvieron en forma presencial en la audiencia: enfrentaron cara a cara a los jueces y el abogado enfrentó a esa serie de maniobras de la fiscalía.
Un hospital en lugar de una ruta
Por ejemplo, Luciani y Mola cuestionaron que Fatala se haya reunido con Cristóbal López (empresa CPC) y Carlos Wagner (Esuco) por la obra del Hospital Materno-Infantil de Río Gallegos. Lo que ocurrió es que se hizo el concurso y no hubo ofertas porque las constructoras consideraron que el presupuesto era muy bajo. Justamente, Fatala se reunió con los empresarios que compraron el pliego porque no habían presentado ofertas, dado que el precio tope era bajo. Pero lo grotesco es que se trataba de un hospital y no de una ruta, que es el tema del juicio, y Lázaro Báez, principal imputado, ni se había presentado. Finalmente, además, la obra nunca se hizo. “Este tipo de maniobras, fuegos artificiales, utilizó la acusación. Tampoco en este caso le quisieron preguntar nada a Fatala”, dijo Simonetti.
Más allá de estos papelones de la fiscalía, Simonetti explicó que Vialidad Nacional es un ente autárquico, con sus propias autoridades, su propio presupuesto y el control ejercido por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Ni siquiera el denunciante original, el ultramacrista Javier Iguacel, acusó a Fatala, porque este no administraba los bienes de Vialidad. Sólo debía intervenir la Subsecretaría de Obras Públicas si se producía un conflicto, Vialidad resolvía, pero la subsecretaría podía ser una instancia de apelación. Nada de eso se produjo.
Ni “máxima confianza” ni enriquecido
Una cuestión clave es la acusación general de Luciani y Mola: que existía una matriz de corrupción en la obra pública en Santa Cruz y los Kirchner la importaron al gobierno nacional. Como Fatala no es santacruceño, la hipótesis se cae. Entonces los fiscales argumentaron que Fatala era una persona de la “máxima confianza” de Néstor Kirchner. “Eso es absolutamente falso. De ninguna manera había esa relación. Lo designaron en el cargo porque fue el secretario de Obras Públicas de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires. Y se lo vio inspeccionando obras, metido en los caños. Es falsa la afirmación de los fiscales”.
El final del alegato fue impactante. “El delito que se le imputa a Fatala requiere de ánimo de lucro -concluyó Simonetti-. ¿Cuál sería el beneficio de Fatala? Él vive en el mismo departamento desde hace más de veinte años, un departamento de clase media en San Telmo. Tiene un auto modelo 2008. Ese es su patrimonio. ¿Dónde están los beneficios que la fiscalía le atribuye?”.
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