De la Redacción de Contrapoder –
La Internacional Progresista, una organización que reúne a partidos políticos de varios países, lanzó este sábado “una campaña mundial de solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre y la “guerra legal” que se libra contra la exmandataria.
Desde esta organización emitieron una declaración en la que condenan “la guerra legal que se libra ahora contra Cristina Fernández de Kirchner” al sostener que “esta semana, Fernández de Kirchner se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende meterla en la cárcel durante 12 años y prohibirle la actividad política. Ha negado enérgicamente las acusaciones, argumentando que son una forma de guerra legal dirigida contra las fuerzas progresistas de Argentina”.
“El 1 de septiembre, el mundo vio con horror cómo la pistola de un presunto asesino falló al disparar a quemarropa contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los medios de comunicación llaman al asesino ‘loco suelto’. Sin embargo, sus acciones violentas forman parte de una campaña más amplia de persecución que no sólo apunta a Cristina, sino a todos los proyectos de poder popular en Argentina y en toda América Latina”, añadió el texto que anuncia el lanzamiento de esta campaña.
Y reseñó también que “esta semana, la Vicepresidenta se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende llevarla a la cárcel durante 12 años e impedir que un gobierno popular llegue al poder en Argentina el próximo año”.
Además, el texto difundido por la IP sostuvo que “la derecha antidemocrática de la región utiliza tácticas de guerra legal para acosar, perseguir e inhabilitar a los principales líderes y lideresas progresistas de los gobiernos nacionales y populares de América Latina. Las intervenciones militares directas y los golpes de estado violentos se han cambiado cada vez más por la guerra legal, junto con la connivencia de los medios de comunicación corporativos, para atacar a líderes y lideresas políticas que no sirven a los intereses de la clase dominante y del modelo neoliberal”.
En ese sentido, agregó que “la constante persecución judicial que ha sufrido” Fernández de Kirchner “pone en riesgo la vida democrática del país”.
“Ese es el verdadero objetivo de la guerra legal que hoy vemos en toda América Latina: la judicialización de la política para atacar y descalificar a líderes y lideresas progresistas como Manuel Zelaya, Rafael Correa, Fernando Lugo, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Álvaro García Linera, Jorge Glas y actualmente Cristina Fernández de Kirchner”, añadieron.
Internacional Progresista
El Consejo Directivo de la IP lo integran Noam Chomsky, Rafael Correa, Baltazar Garzón, Celso Amorim, Fernando Hadad, Álvaro García-Linera, Naomi Klein, Gael García Bernal y el economista griego Yanis Varoufakis.
También son de la partida la científica programadora mexicana Paola Villarreal, el politólogo libanés Fawwaz Traboulsi, la congresista costarricense Paola Vega, la escritora egipcia Ahdaf Soueif, el antibélico inglés Asad Rehman, la globalifóbica sudafricana Trusha Reddy, la cineasta checa Apolena Rychlíková, el izquierdista ruso Alexey Sakhnin, el senegalés ex Amnistía Internacional Pierre Sané, la novelista india Arundhati Roy, la ambientalista alemana experta en Antártida Carola Rackete, la keniata experta en estudios africanos Nanjala Nyabola, la popular youtuber colombiana María Paulina Baena, el parlamentario británico corbynista John McDonnell, la abogada fiyiana Kavita Naidu y el multipremiado documentalista canadiense Avi Lewis.
Se suman a la lista el ex senador ecologista australiano Scott Ludlam, el demócrata turco Ertuğrul Kürkçü, la diputada indigenista guatemalteca Vicenta Jerónimo Jiménez, la premier islandés Katrín Jakobsdóttir, la historiadora feminista portuguesa Joacine Katar Moreira, el teórico social chino Wang Hui, el revolucionario chileno Giorgio Jackson, la veterana luchadora social india Aruna Roy, el filósofo croata Srećko Horvat, el informático estadounidense Harry Halpin, la ex ministra de Educación de las Islas Marshall Hilda Heine, el fundador del Observatorio de la Dolarización ecuatoriano Andrés Arauz, el blogger tunecino Slim Amamou, el abogado de derechos humanos de Micronesia Julian Aguon y la parlamentaria canadiense defensora de la Igualdad de Género Niki Ashton.
El Consejo Directivo se completa con el afroamericano malcolmista X Kali Akuno, el embajador de Kirguistán en Londres Edil Baisalov, el proteccionista ambiental nigeriano Nnimmo Bassey, la defensora de los derechos humanos guatemalteca Renata Ávila, la Gabinetona brasileña Áurea Carolina, el letrado laboralista egipcio Khaled Ali, el librepensador tunecino Sami Ben Gharbia, la activista climática ugandesa Vanessa Nakate, la sindicalista anti apartheid Tasneem Essop, el lakota descendiente de originarios indoamericanos Nick Estes, la empoderadora inglesa Miatta Fahnbulleh, la turca experta en derechos digitales Burcu Kilic y el profesor en DDHH y paz indio Mander duro.
También son miembros la investigadora de asuntos feministas y agrarios sudafricana Lyn Ossome, la inspiradora estadounidense Varshini Prakash, el escritor, editor jefe y corresponsal indio Vijay Prashad y la sudafricana justiciera energética Trusha Reddy, entre otros.
Por la Argentina participan la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y la ex embajadora en el Reino Unido y Venezuela y próxima representante diplomática en Rusia, Alicia Castro.
Los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia) habían manifestado el mes pasado su apoyo a la Vicepresidenta ante el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre y condenaron “la injustificable persecución judicial” contra la exmandataria, como parte de “una campaña mundial de solidaridad” lanzada por la IP.
En un texto conjunto, los mandatarios remarcaron que existe una “persecución que tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.
“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”, sostuvo la declaración de estos jefes de Estado.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se sumó a esta campaña al expresar su “solidaridad absoluta con Cristina y el pueblo argentino por este cobarde atentado contra una mujer que ha llenado de orgullo a la Patria Grande por su lucha incansable en favor de los más necesitados”.
“¡Qué el Mundo reaccione!”, exhortó el expresidente del Ecuador.
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