Por Sonia Tessa -
Desde que comenzó el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, y su mediatización, la abogada Claudia Cesaroni se dedicó a discutir los términos en que se tramitaba la causa. Su prédica contra la prisión perpetua -que significa 50 años de cárcel de acuerdo a la última reforma de 2017- le significó insultos en las redes sociales y la acusación de no sentir empatía por los padres de la víctima. Desde que se conoció la sentencia, la abogada autora de La vida como castigo y Contra el punitivismo explicó más de una vez que “esto es una muerte en vida”, de “una brutalidad y una crueldad que hay que cuestionar”. También historizó cómo se llegó a perpetuas que implican 50 años de prisión efectiva. Y recordó a David Moreira, el joven asesinado a golpes, tirado en el piso, indefenso, en el barrio Azcuénaga de Rosario, en marzo de 2014, por un grupo de vecinos. Había intentado robar una cartera, y un grito de vecinos lo golpeó hasta matarlo. “Hay gente que cree que hay vidas que valen más, hay muertes que valen menos. Entonces, si alguien intentó robar una cartera, y lo corren y lo patean durante quince minutos y lo matan, no importa, porque se intentó robar una cartera, no es una víctima inmaculada”, dijo la abogada.
La carátula, en aquel caso, fue homicidio en riña, y, hasta ahora, hubo una sola condena, en juicio abreviado, de ejecución condicional, a tres años de prisión. “¿A nadie le importa eso? ¿Por qué hay vidas que no valen? Porque no es una víctima que sea atendible y esto es muy peligroso, porque habilita a los llamados linchamientos, que la policía mate por la espalda y que eso no tenga un costo en términos del que suponen otros casos, que se construyen de otra manera, con un costo directamente desmedido”. Claudia hace el paralelo, también, porque David tenía la misma edad que Fernando. “El dolor de esa mamá, nunca fue entendido, nunca se tomó nota de ese dolor”, recuerda.
Cesaroni explicó desde el principio que le parecía desacertada la calificación de homicidio agravado por premeditación y alevosía. Y lo remitió a los delitos de lesa humanidad, que la Argentina juzga “cumpliendo de manera inmaculada con el derecho a defensa”. “Creo que hay que decir que es un crimen de otra gravedad. No es un crimen menor, pero sí de otra realidad. Si no, es todo lo mismo. No es lo mismo secuestrar a una mujer, meterle la picana en la vagina, hacerle parir, robar a su hijo, doparla y tirarla desde un avión, que participar en una pelea brutal, pegar patadas como no se debe pegar entre varios y matar una persona. No es lo mismo”, desarrolla Cesaroni.
No tiene miedo de herir susceptibilidades al considerar: “Yo escuchaba la descripción del grupo de jóvenes por parte de Burlando y de la Fiscalía y parecía estaban describiendo un grupo de tareas de la dictadura. Que trazaron un plan criminal, que son irrecuperables asesinos, hasta utilizaron la teoría del dominio funcional”, desmenuza la abogada, y recuerda que esa teoría “fue pensada justamente para los aparatos de poder, donde no importa el lugar en que está ubicado el sujeto, si es el que va a secuestrar o el que decide tirar del avión, todos son autores de delitos de lesa humanidad, porque eso es un aparato de poder terrorista”.
A Cesaroni le resulta desmedido “aplicar esta teoría a un grupo de ocho pibes que están más o menos en pedo, y que van a armar una pelea por una pavada, que termina de una manera trágica y desgraciada, que configura un homicidio, y que tiene que recibir una condena. Pero no se puede comparar”. Sigue su razonamiento: “No he visto en ningún juicio de lesa humanidad que un abogado o una abogada querellante trate a los acusados por delitos gravísimos de la manera en que Fernando Burlando trató a estos pibes, con esa falta de respeto, de consideración. No lo he visto”.
No se trata de compasión. “Se apuntó a la construcción de un otro que carece prácticamente de humanidad, de sentimientos. Entonces, si mira para adelante, porque mira para adelante, si mira para abajo, porque mira para abajo, si pidieron perdón, es tarde, porque están simulando”, describe cómo se fue configurando a estos jóvenes.
A Cesaroni le espantó también la arenga televisiva para un castigo adicional a la cárcel, como si una condena fuera insuficiente. “A veces pienso que estamos discutiendo pre Revolución Francesa, pre Asamblea del año 13. Cuando en un canal de televisión se plantea ‘vamos a ver cómo los reciben en el pabellón’, ‘que se compren vaselina’, eso es una definición de tortura. A lo que nos está invitando, primero, es a animalizar a la población penal, y transformarla en un instrumento de tortura y a convertir estos pibes en víctimas de esa tortura”, consideró.
Lo que está claro es que las garantías constitucionales son un reaseguro para toda la población, aunque, por supuesto, su cumplimiento esté marcado por la intersección de género, clase y etnia. “Tendríamos que entender, que esas garantías nos protegen a todos de una acusación infundada, de una detención ilegal, si se produce una tortura a nosotros o a la gente que amamos. Estamos discutiendo cosas en las que parecía que había una base de consenso, y evidentemente, y lamentablemente no la hay”, lamenta Cesaroni.
Lo que hace ruido, también es la escasez de voces críticas al embate punitivista. Para Cesaroni, se trata de “una enorme falta de coraje político”. “No he visto un solo funcionario de áreas de derechos humanos, del INADI, de la Defensoría del Público, sentarse en los canales de televisión y decir ‘esto no se puede decir’, ‘esto viola garantías básicas’, ‘esto es un retroceso’. Estamos en un país que ha construido el proceso de memoria, verdad y justicia, respetando el derecho de defensa de un modo inmaculado de todos los acusados por delitos de lesa humanidad, no puede ser que se maltrate de esta manera a los familiares de los acusados. Porque todo esto construye un sedimento que es muy peligroso, y es una base para seguir avanzando. Yo leo directamente gente que otra vez plantea discutir por qué no tenemos pena de muerte. Pero más allá de que finalmente no haya pena de muerte en la letra de la ley, porque no se puede, porque tendríamos que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y deberíamos reformar la Constitución, hay una pena de muerte de hecho”.
En la base está la reforma de 2004, conocida como la reforma de Blumberg (por el padre de Axel, el joven secuestrado y asesinado), que llevó la prisión perpetua a un cumplimiento efectivo de 35 años (antes era de 20), y la reforma de 2017, impulsada por el diputado macrista Luis Alfonso Petri, que aumentó ese límite a 50 años, sin libertad condicional ni salidas transitorias.
“Alguien me puede responder con el dolor de la mamá y el papá de Fernando. Ese dolor está fuera de discusión. La pregunta es por qué pensamos que un gran dolor sólo disminuye o se repara con otra enorme cantidad de dolor, que no llega a ser la muerte, pero que se parece mucho”.
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