Por Néstor Espósito -
El procurador general de la Nación interino eterno, Eduardo Casal, dispuso la creación de un “área específica de análisis” de documentos de inteligencia sobre el atentado a la AMIA, dos décadas después de su desclasificación. Casal adoptó la decisión como consecuencia de una advertencia que le formuló a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante un planteo de la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa.
Los documentos de inteligencia fueron liberados de su secreto en 2003, en los albores del gobierno de Néstor Kirchner, pero todavía no fueron digitalizados ni ordenados pese a que existe un organismo especial, dentro de la UFI AMIA (a cargo del difunto Alberto Nisman hasta su muerte) dedicado a ello desde hace siete años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que “el Estado Argentino no ha cumplido hasta la fecha con su obligación de garantizar a la parte peticionaria la accesibilidad a los archivos estatales donde se encuentra almacenada dicha información”.
Un poco de historia
En 2003, a través de varios decretos firmados por el entonces presidente, Néstor Kirchner, la Argentina dispuso “desclasificar la documentación reservada en la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que poseía vinculación con la investigación del atentado a la AMIA y ponerla a disposición del sistema de administración de justicia y de las víctimas del ataque constituidas en partes querellantes”.
Doce años después, en 2015, la Procuración General de la Nación creó, en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, un “Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD)”, cuya misión era ordenar, clasificar e indexar toda esa información de inteligencia.
Pero según reconoció el propio Eduardo Casal, “luego de más de siete años de existencia del GERAD, aún no se ha culminado con la digitalización y menos con el análisis de la documentación desclasificada, en particular, aquella existente en el Palacio Barolo y en las sedes de la ex Secretaría de Inteligencia de las calles Salta y Estados Unidos”. De esos siete años invocados por el procurador interino, seis corresponden a su gestión al frente de la Procuración.
Desde la desclasificación hasta hoy pasaron 20 años y la documentación sigue siendo inaccesible para las partes, a punto tal que fueron los propios querellantes quienes detectaron que buena parte de esos papeles estaban bajo el agua en un sótano inundado cuando fueron a compulsar su existencia.
Esa rémora, expresó Casal, “ha sido expresamente resaltada por sucesivos pronunciamientos judiciales de los magistrados a cargo de la investigación que indicaron, ante pedidos de sobreseimientos de imputados en la causa, su imposibilidad de resolverlos por no haberse agotado el análisis de la prueba”.
Nueva coordinación
El procurador interino eterno dispuso mediante la Resolución PGN 13/2023 “la creación, en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, de un área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado, con la invitación a las víctimas constituidas en querellantes para que participen de los procesos evaluatorios”.
El coordinador de esa “área específica” será el fiscal Pablo Ouviña, quien está al frente de la Unidad de Asistencia en causas por violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ouviña –sostuvo Casal- “posee amplia experiencia en el análisis de grandes volúmenes de documentos vinculados a investigaciones por hechos complejos, resulta idóneo para liderar la mencionada área”.
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