De la Redacción de Contrapoder -
La Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado donde aclara cuál es la situación en torno al proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950. Efectivamente, el organismo indicó que “el último día hábil de diciembre de 2023 concluyó, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto”, el proceso de renuncia mencionado.
Se trata de una decisión que comenzó a tomar forma a fines de 2017 y a ser aplicada en 2018 de forma gradual, aunque se acordó con el Estado que el monto se mantuviera congelado. Esto explica que la suma que dejaron de recibir los prelados fuera, al 31 de diciembre de 2023, la misma que a comienzos de 2018. Es decir, 55 mil pesos.
Un proceso de autosostenimiento
De este modo, la Iglesia avanza en un proceso de autosostenimiento, dando por finalizada una ley que había sido sancionada el 7 de marzo de 1979, en plena dictadura militar, con la firma de Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. El encabezado de esa ley -la 21.950- decía: “Otórgase a la Jerarquía Eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia”. Sin embargo, hacía años que el monto no se actualizaba
El organismo que nuclea a los obispos católicos de nuestro país también aclaró: “A partir de consultas recibidas se comunica también que en una resolución del día 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
La ley 21.540
Se hace referencia a la ley 21.540 de “Asignación vitalicia para determinadas jerarquías eclesiásticas”. El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos. Además en el artículo sexto se aclara que “el goce de esta asignación será incompatible con toda jubilación, pensión, retiro, beneficio graciable o sueldo nacional, provincial o municipal”.
De este modo, la Conferencia Episcopal deja en claro que el proceso de separación entre Iglesia y Estado sigue su rumbo y que la renuncia a la ley 21.950 nada tiene que ver con la coyuntura política actual, como deslizaron algunos medios y como circula en redes. A la vez, clarifica los montos frente a ciertas versiones, como las de la legisladora Graciela Ocaña, quien insistió en una entrevista que le hizo Chiche Gelblung que los obispos tienen “jubilaciones de privilegio”.
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